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“Quizás, quizás, quizás”. Así respondió Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, excabecilla de la extinta guerrilla de las Farc, a un grupo de periodistas en Oslo (Noruega) en 2012 sobre si estaría dispuesto a reparar a las víctimas. Algo que no logró hacer antes de su muerte, pues, luego de la firma del Acuerdo de Paz, su situación jurídica se complicó. Lo que quizás no sabía era que, después de haber dejado las armas y en momentos en los que arrancaba su carrera política en el Congreso, autoridades colombianas y estadounidenses le seguían la pista por diferentes acciones ligadas al narcotráfico, hechos que dejaron esta semana una nueva condena.
Se trata del fallo condenatorio en contra de Fabio Younes, uno de sus socios, quien fue sentenciado el pasado 27 de junio en Estados Unidos a 10 años de prisión por haber coordinado, junto a Santrich, un envío de 10 toneladas de cocaína hacia ese país en 2018. Younes, quien primero se declaró inocente y luego se arrepintió, era señalado de gestionar aviones en el país norteamericano para el envío del narcótico. Dentro de las pruebas que recibió el despacho de la jueza Valerie Capronni, quien dictó la sentencia, se encuentran grabaciones y videos.
Pero ellos no son los únicos implicados. Por este mismo caso, en enero de este año, fue condenado Armando Gómez España, otro de los socios del excomandante de la extinta guerrilla de las Farc. Gómez España fue extraditado en el 2020 por delitos de narcotráfico bajo una sentencia de cinco años y 10 meses de prisión. También es mencionado Marlon Marín Marín, sobrino del guerrillero Iván Márquez, el jefe máximo de la Segunda Marquetalia. Marín, que se encuentra en Estados Unidos colaborando con las labores de la DEA, aún no ha sido condenado oficialmente. Él es el único personaje de este episodio judicial a quien la justicia todavía no le toca la puerta.
Las condenas y las que faltan en el caso Santrich
Las condenas por el caso Santrich han estado en el foco de la opinión pública nuevamente este año. La más reciente se conoció esta semana, pues Fabio Younes recibió una condena por 10 años en Estados Unidos, debido a su gestión en el envío de las 10 toneladas que Santrich, con su ayuda, planeó con miembros del Cártel de Sinaloa.
El caso es similar para Armando Gómez España, quien fue capturado en abril de 2018 en Colombia y extraditado a inicios de 2020, donde está detenido en una cárcel del condado de Westchester desde esa fecha. Debido a su edad (74 años) y a los años que ha pagado en prisión desde 2018, su condena no fue mayor.
Sin embargo, esta no es la misma situación que afronta Marín, el tercer implicado en este meollo. El sobrino de Iván Márquez, actualmente, se encuentra en Estados Unidos, colaborando con investigaciones de la DEA y, por el momento, no se ha oficializado una condena en su contra por los delitos de narcotráfico.
Las investigaciones en contra de Marín iniciaron porque se sospechaba que hacía parte de una extensa red que buscaba hacerse con contratos millonarios con recursos destinados para la implementación del Acuerdo de Paz. Por esta y otras razones, la Fiscalía decidió interceptarlo, encontrando, además, un prontuario que suma fraudes, estafas y movimientos irregulares, hasta el punto de destapar un escándalo de narcotráfico.
Aunque ese proceso sigue andando en la justicia colombiana, su colaboración con las autoridades de Estados Unidos ha hecho casi imposible que comparezca ante los jueces nacionales. Según su expediente, en más de tres ocasiones la Fiscalía ha intentado avanzar en el juicio en su contra, pero no ha sido posible. El último intento ocurrió en abril de este año y, como quedó consignado en el caso, Marín no se conectó a la audiencia. Se espera que en agosto próximo sí aparezca.
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Las claves del caso Santrich
Para entender cómo llegamos hasta acá, hay que remitirse al 9 de abril de 2018. Ese día, la Fiscalía, encabezada en ese entonces por Néstor Humberto Martínez, capturó a Jesús Santrich a petición de una Corte en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Santrich se habría reunido con miembros del Cartel de Sinaloa para coordinar el envío de 10 toneladas de cocaína hacia ese país, hecho que fue descubierto por agentes de la DEA infiltrados en la reunión.
Tras el pedido de extradición, comenzó la polémica jurídica. Y todo porque, después de la firma del Acuerdo de Paz, se acordó que los cabecillas que aportaran verdad gozarían de la garantía de no extradición por delitos cometidos antes del primero de diciembre de 2016. El reto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en ese momento era determinar si los delitos por los que era acusado Santrich fueron antes o después de esa fecha.
La Fiscalía, de forma vehemente, aseguró que la coordinación de los envíos de la droga sucedió después de la firma del acuerdo, una posición que fue respaldada, en cierta medida, por la Corte Constitucional, señalando que la JEP no podía desconocer el pedido de extradición. Sin embargo, sí podía solicitar las pruebas tanto al ente investigador como a las autoridades norteamericanas. Las pruebas, luego de varías demoras, llegaron desde Estados Unidos, pero no de la Fiscalía.
Luego de extensas revisiones e investigaciones, la JEP decidió otorgarle a Santrich la garantía de no extradición y fue liberado de la cárcel La Picota, en Bogotá, argumentando que la falta de aporte de pruebas por parte de la Fiscalía no permitió determinar si la coordinación del envío de cocaína sucedió antes o después de la firma del Acuerdo de Paz. La decisión se tomó un año después de la captura del exjefe guerrillero, y no se escapó de la polémica porque, una vez Santrich quedó libre, Néstor Humberto Martínez presentó su renuncia a las pocas horas.
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Santrich, quizás, dio por hecho que había recobrado su libertad. Sin embargo, tras salir de la cárcel bogotana, agentes del CTI de la Fiscalía lo abordaron con una nueva orden de captura por delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, pues el ente investigador dio a conocer los videos en los que Santrich sostuvo encuentros con los narcotraficantes mexicanos antes de la firma de los acuerdos de La Habana.
Otra de las pruebas habría sido el testimonio de Marlon Marín, quien fue interceptado durante meses por la DEA y la Fiscalía y, tras su captura y extradición, señaló al excomandante de las Farc como pieza clave para concretar el envío del alijo de cocaína a Estados Unidos. En más de 24.000 audios, conocidos por este diario, Marín habla, entre otros asuntos, de la gestión del envío de la droga; conversaciones donde también son mencionados Santrich y Gómez España.
Para entonces, los abogados del exguerrillero alegaron un posible “montaje”, teoría que fue reforzada en 2020 por el entonces senador Gustavo Petro, pero que fue desmentida por autoridades norteamericanas. En medio de la novela judicial, Santrich tomó posesión como representante a la Cámara el 19 de junio de 2019, sin mayores complicaciones. Sin embargo, su paso por la vida de civil no duró mucho. En agosto dejó de ser excombatiente, pues volvió a la lucha armada de la mano de Iván Márquez, tío de Marlon Marín y socio extraditado de Santrich, quienes anunciaron mediante un video su regreso a las montañas bajo la disidencia de la Segunda Marquetalia.
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Cinco años después, la polémica sigue
Aunque ha pasado el tiempo, el caso Santrich no ha dejado de estar en el ojo del huracán. Este año, en marzo, la JEP denunció a varios funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez por, presuntamente, haberles ocultado información en el proceso. De hecho, Guernica Chambers, una firma de abogados inglesa contratada por la jurisdicción para analizar el caso, encontró varias irregularidades. Los delitos que responden a las conductas denunciadas por el tribunal son fraude a resolución judicial o administrativa de policía, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Aunque hasta ahora no se conocen decisiones al respecto, la JEP nombró a varios funcionarios con nombre propio, por ejemplo, a la exdirectora de asuntos internacionales, Ana Fabiola Castro.
Y por el otro, el ahora canciller, Álvaro Leyva, ha insistido ante más de una instancia que lo que sucedió en la Fiscalía de Martínez fue un entrapamiento, al parece encabezado por el entonces fiscal general, para afectar a la JEP. Aunque Leyva nunca ha dado nombres, lo cierto es que entre líneas si ha quedado claro que se refiere a la administración del exfiscal y de cómo su gestión habría afectado la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. Este 2023 se cumplen cinco años de la captura de Santrich.
Aunque el guerrillero murió armado en mayo de 2021, al parecer en medio de un enfrentamiento con otras disidencias, su caso sigue dando de qué hablar. Y, si bien la mayoría de sus cómplices en la investigación por narcotráfico ya fueron condenados, todavía hacen falta dos piezas claves del rompecabezas de esta historia judicial: el papel de Marlon Marín y la responsabilidad de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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