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Luego de que El Espectador revelara un informe de inteligencia en el que se indica un presunto regreso a la ilegalidad del exjefe paramilitar Carlos Mario Naranjo, alias Macaco, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió información a las autoridades para determinar si había investigaciones en su contra. Todo porque Macaco está solicitando espacio para revelar su verdad de la guerra. La Fiscalía y la Policía ya le informaron a esta jurisdicción que no existen investigaciones recientes en su contra y que lo vinculan a la banda criminal de La Cordillera, la cual Macaco fundó y lideró a principios del siglo XXI en el Eje Cafetero. La única entidad que falta por responder es el Comando General de las Fuerzas Militares.
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Mientras se define si la JEP escuchará a Macaco, que dice entregará información novedosa sobre el paramilitarismo en Colombia, un proceso contra él avanza en la justicia ordinaria. Se trata del llamado a juicio que le hizo la Fiscalía para que responda por el asesinato de Jhon Freddy Marín Toro, un sindicalista del sector de la salud en Curillo, Caquetá, asesinado el 18 de junio de 2002. De acuerdo con la investigación, sicarios del Frente Sur Andaquíes del bloque Central Bolívar, comandado por Macaco, asesinaron al sindicalista cuando salía de una jornada de vacunación en un colegio del municipio. Incluso, por estos hechos ya hay un exjefe paramilitar que aceptó cargos ante la justicia y que estaba subordinado a Macaco. Se trata de alias John Everardo Bolaños Galindo.
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Este diario conoció que en noviembre de 2022, uno de los abogados de Macaco, Francisco Salazar Pérez, planteó durante las audiencias del caso del sindicalista que este proceso no debía ser adelantado por el juzgado 11 penal especializado OIT, encargado de adelantar cientos de procesos en los que fueron víctimas sindicalistas en medio del conflicto armado y que permanecen impunes. El defensor de Macaco pretendió desconocer la condición miembro de la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales (ANTHOC) de la víctima, pues, según él, no había prueba documental que acreditara esa condición.
Para el abogado de Macaco no fue suficiente los documentos aportados por ese sindicato al expediente. Según la ficha de afiliación, Marín Toro ingresó al Hospital Local de Curillo en enero de 1993, se integró al sindicato en marzo de 1997 y estuvo allí hasta 2002, cuando fue asesinado por los hombres de Macaco. La solicitud del exjefe paramilitar, de sacar el proceso del juzgado, llegó a la Corte Suprema y, en marzo pasado, el alto tribunal la negó de tajo. Sin embargo, el abogado Salazar ahora pide que un juzgado de Florencia, Caquetá, sea el que asuma el juicio contra el exjefe paramilitar, quien está preso desde junio de 2019 en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Por el asesinato de este sindicalista ya fue condenado el exjefe paramilitar Ever Bolaños Galindo, alias Jhon, quien era el jefe del frente Sur Andaquíes de los paramilitares. Este hombre también mencionado, y condenado, por uno de los crímenes emblemáticos y más trágicos del conflicto armado colombiano: la masacre paramilitar del Aro, en Ituango, Antioquia. En junio de 2011, alias Jhon aceptó cargos por el asesinato de Marín Toro, audiencia en la que también quedó claro que los paramilitares previamente habían amenazado de muerte al líder sindical por su labor como presidente de ANTHOC.
“Existen constancias dentro del expediente de la difícil situación que se vivía en Curillo para la época de los hechos y de aquella constante persecución de la que eran víctimas los miembros de ANTHOC por parte de los actores armados, quienes de manera sistemática y generalizada propagaban todo tipo de amenazas, desplazamientos y asesinatos contra la misión médica; precisamente, aquel inminente riesgo que padecían los trabajadores de la salud de Puerto Rico, Paujil, San Vicente del Caguán y Curillo, conllevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instara al Gobierno Colombiano a tomar medidas cautelares para su protección”, señaló la sentencia.
El pasado criminal de Macaco
Macaco no es un criminal cualquiera. Desde muy joven sirvió como hombre de confianza de alias Rasguño, uno de los capos del extinto cartel del norte del Valle. Durante esa época, a principios de los años 90 y en medio de sus grandes negocios de narcotráfico, conoció a los hermanos Castaño, quienes necesitaban su dinero para financiar la expansión paramilitar. Ya dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia se convirtió en el comandante del bloque Central Bolívar, el cual hizo presencia en Barrancabermeja, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio y el Bajo Cauca antioqueño. Su poder creció tanto en las autodefensas que, a finales de 2001, Carlos Castaño cedió su poder y Macaco se convirtió en su único líder.
En 2003 se abrió paso en el proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las autodefensas, y asumió un papel de negociador. En diciembre de 2005, en el municipio de Remedios, Antioquia, se desmovilizó junto con 1.900 miembros de su estructura que dejó miles de desplazados y cientos de homicidios y desaparecidos. Fue tal la ostentación de su poder, que entregó dos helicópteros, una urbanización completa en Cáceres, Antioquia, y cuatro fincas con 2.600 cabezas de ganado. Previo a su extradición a Estados Unidos, estuvo preso en la cárcel de Cómbita y recluido durante 23 días en un buque en alta mar, pues la Policía tenía información de que podía fugarse con ayuda de su poder corruptor.
Luego de ser extraditado a Estados Unidos en 2008, Macaco volvió deportado de los Estados Unidos en 2019 y desde entonces ha tenido que comparecer ante varios juzgados en donde tiene cuentas pendientes. En marzo de 2021, la Fiscalía indicó que Macaco había aceptado su responsabilidad de 162 crímenes cometidos por el Bloque Central Bolívar en varias zonas del país. Entre ellos, el sufrido por una joven que en 2001 tenía 19 años, trabajaba como mesera en un restaurante de Putumayo y fue violada en diversas oportunidades por hombres del bloque, todo para luego ser obligada a vincularse a la organización criminal. También aceptó el asesinato del periodista Flavio Iván Bedoya, ocurrido en abril de 2001 en Tumaco (Nariño).
Esos crimines fueron aceptados por Macaco por línea de mando, es decir, por ser la cabeza de ese bloque paramilitar. Sin embargo, sobre el asesinato del sindicalista Marín Toro, este no aceptó cargos y, por el contrario, desconoce su condición de sindicalista, considerado como una agravante dentro del proceso. Mientras este proceso avanza lentamente, el diario El Tiempo reportó hace unas semanas que los abogados de Macaco se reunirían con los magistrados de la JEP para definir temas logísticos de su declaración y definir puntos claves de la misma. Uno de los defensores de Macaco, Henry Rodríguez, le dijo al diario capitalino que su cliente centraría su declaración en personas que apoyaron a los paramilitares y no fueron procesadas. Entre ellos, aparentemente, estarían empresarios y militares.
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Por David Escobar Moreno
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