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Este jueves 25 de agosto se cumple un mes exacto desde el asesinato de Jesús Díaz, Carlos Ibáñez y José Carlos Arévalo, tres jóvenes, entre los 18 y 26 años, que fueron asesinados a bordo de una camioneta de la Policía. Los hechos ocurrieron en zona rural de Chochó, un corregimiento de Sincelejo (Sucre), en donde la comunidad denunció desde ese día que todo se trataba de un montaje y que uniformados habían cometido tres falsos positivos. Pese a que las evidencias y testimonios han estado rondando por las autoridades desde hace 30 días, solo hasta el 23 de agosto, la Fiscalía emitió las primeras órdenes de captura, cuando el principal sospechoso ya había salido del país, argumentando amenazas en su contra.
Con las capturas arrancó el proceso penal en forma y, durante dos días, el ente investigador reveló las pruebas que tiene en contra de 10 policías que habrían participado del triple homicidio. En la jornada de ayer, la Fiscalía reveló que varios de esos uniformados ocultaron pruebas claves para la investigación y, por eso, ahora responder por el delito de ocultamiento de material probatorio. Uno de los episodios tiene que ver con lo que sucedió con la camioneta de la Policía en la que fueron asesinados los jóvenes. Según testimonios de patrulleros que están en poder de las autoridades hace un mes, el coronel Benjamín Núñez, hoy prófugo, disparó en contra de los tres hombres en el platón de la camioneta.
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Las pruebas del expediente muestran que el oficial disparó en siete oportunidades y varias de esas balas penetraron el suelo del carro. Después de dejar a las víctimas en el hospital de Sincelejo, el patrullero Jesús María Bolaño habría buscado a un mecánico amigo para que le ayudara a ocultar la evidencia de los disparos. El hombre le contó a la Fiscalía que por esos días sí lo abordaron funcionarios de la Policía y que le dijeron: “Le tenemos un trabajito” y “hay que hacerle unos arreglitos al carro”. Sin saber el contexto de lo sucedido, el mecánico aceptó a reparar los orificios y les pidió fibra de vidrio y una pintura especial para que el parche quedara del mismo color del platón.
“El arreglito”, agregó la Fiscalía, ocurrió antes del 28 de julio, pues ese día, agentes del CTI realizaron la primera inspección a la camioneta. Y no encontraron nada. En el primer reporte, los investigadores no reportaron un solo impacto de bala en el carro. Sin embargo, a raíz de las denuncias de la comunidad, de dos testimonios de patrulleros que denunciaron los asesinatos ante la Inspección de la Policía, las autoridades ordenaron una segunda inspección para corroborar los hechos narrados, no solo por quienes vivieron los hechos, sino también por el mecánico que logró tapar los balazos. El 13 de agosto, los huecos quedaron, por fin, en evidencia y en las actas del CTI.
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“Jesús María Bolaño conocía que reparar la camioneta donde se cometió el homicidio, previo a la inspección hecha por el CTI, era ilícito y quiso hacerlo con la intención de ocultar evidencia y entorpeciendo la actividad del ente instructor, lesionando el bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia”, explicó la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos. En esa diligencia, el ente investigador también reveló que esta no habría sido la única maniobra para ocultar lo sucedido. Por el contrario, varios de los patrulleros habrían mentido en los informes que presentaron después del 25 de julio, en los que escribieron que los jóvenes había muerto en medio de una operación contra el Clan del Golfo.
¿Qué pasó el 25 de julio en Chochó, según la Fiscalía?
El final de julio fue un caos para Sucre. El 25 de ese mes, el Clan del Golfo arreciaba contra la región y, en el marco del plan pistola, asesinó al patrullero Diego Ruiz, de 25 años, en Sampués (Sucre). La reacción del Departamento de Policía, por lo que se conoce del expediente, fue encontrar a los victimarios de Ruiz. En su propia persecución, la Fuerza Pública dio con los jóvenes Jesús Díaz, Carlos Ibáñez y José Carlos Arévalo, cuyas edades oscilaban entre los 21 y 26 años. Todos fueron presentados como resultado de un operativo, hasta que la comunidad clamó justicia, gritó que se trataría de un falso positivo e hizo retumbar su denuncia a escala nacional.
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Para el ente investigador, ese día, policías de Sucre intentaron justificar las muertes violentas de tres jóvenes en Chochó (Sucre). Después de presuntamente golpearlos, torturarlos y asesinarlos habrían hecho lo posible por ocultar los crímenes y presentar sus muertes como resultados contra el Clan del Golfo. La Fiscalía imputó a 10 de los 11 uniformados señalados y dio pistas de la investigación. Fue un crimen ejecutado con “contundencia, brutalidad y crueldad”, señaló el fiscal. Los funcionarios públicos, por su parte, no aceptaron cargos y se declaran inocentes por homicidio, tortura, favorecimiento, privación ilegal de la libertad y ocultamiento de material probatorio.
En menos de dos semanas, la Dirección General de la Policía llamó a calificar servicios al comandante de Sucre, el coronel Carlos Andrés Correa, y al teniente coronel Benjamín Núñez, comandante operativo de seguridad ciudadana. Este último salió del país y, al parecer, se encuentra en México, con fuerzas de Interpol buscándolo y una orden de captura ya en firma en Colombia. Fue el único de los policías involucrados que no pudo ser imputado en las últimas horas por la Fiscalía. A los demás se les explicó, uno por uno, la teoría del caso, la cual concluye que se trataría de tres ejecuciones extrajudiciales.
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Según el ente fiscal, los tres jóvenes fueron capturados en Chochó por uniformados de la Dirección de Infancia y Adolescencia, pero no tenían pruebas para hacerlo estaban cometiendo un delito. “Llegan otros funcionarios y, contrario a garantizar la seguridad, los golpean al relacionarlos con la muerte del patrullero Díaz. Causaron padecimientos innecesarios”, agregó el ente investigador. Luego de ello, al parecer, los subieron a una camioneta, que estaba bajo el mando del coronel Núñez. Este último habría disparado a sangre fría contra las víctimas y luego, en una hipótesis atroz, habría dado la directriz de tomar el camino más largo hacia un hospital de Sincelejo.
Los jóvenes llegaron sin vida. Para la Fiscalía, la mano criminal de los policías no quedó allí. Al patrullero Jesús Bolaños, el fiscal del caso lo señaló de haber sido el encargado de llevar la camioneta a un mecánico para que cubriera los huecos de las balas. Después de ello, las pistas indican que los demás procesados rindieron informes en los que indicaron que los jóvenes eran criminales. Los otros patrulleros capturados son María Buriticá, Rafael Paz, Santiago Garavito, Álvaro Álvarez, Yamid Henao, Huber Mieles, Bernardo Pontón, Diana Puerta y Leila Ávila. Todos enfrentan cargos distintos, dependiendo de su posible participación antes, durante y tras los asesinatos.
A la fecha, la Inspección de la Policía prepara un pliego de cargos contra los uniformados, que luego será retomado por la Procuraduría para su juzgamiento. Entre las pruebas están los testimonios de dos patrulleros, quienes aseguraron que Núñez disparó contra los jóvenes. Herbert Núñez, hermano del oficial señalado, aseguró que su hermano no se fugó. “Se está escondiendo y protegiendo de la amenaza del Clan del Golfo. Si hay garantías de seguridad, se presentará de inmediato”, dijo hace una semana al diario El Tiempo. Agregó que la organización criminal ofrece hasta $200 millones por su cabeza y ha sido constantemente blanco de atentados contra él y su familia.
Ahora los 10 funcionarios enfrentarán un proceso penal, en el que no se descarta que alguno pueda llegar a una negociación con la Fiscalía a cambio de beneficios. Sin importar su participación en los hechos, el ente investigador fue claro: los policías, de una y otra manera, “redujeron, golpearon, presenciaron, apoyaron, contribuyeron y prestaron medios idóneos, como vehículos, para que se cometiera este hecho fatídico”. Un suceso que también fue calificado por la Fiscalía como arbitrario y mezquino, con una sola motivación: la venganza.
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