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“Desde el 2016, el señor Enrique Castillo tiene quejas por acoso laboral y en el Inpec no se han dado cuenta de que ha sido la misma patología de acosar a la mujer, humillarla y demás. Dice que yo no sé nada, que no soy competente, se me mete a la oficina y me trata mal, me dice que como soy mujer todo lo cojo por amistad con mis amiguitas mujeres”.
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Con esas palabras inicia su denuncia pública Sandra*, una funcionaria de la Subdirección de Educación del Inpec, quien afirma estar cansada de que los organismos disciplinarios se queden de brazos cruzados contra el funcionario Enrique Castillo. Se trata de un sindicalista de Sintrainpec, quien lleva 27 años en la institución y quien está encargado de la Coordinación de Educación Penitenciaria y Carcelaria.
El expediente disciplinario de Castillo deja entrever que los problemas del Inpec florecen tanto en las cárceles como en las oficinas administrativas. La Subdirección de Educación se encarga de gestionar los programas de enseñanza para los más de 100.000 privados de la libertad a nivel nacional. Un mecanismo crucial para los condenados, dado que con ello acceden a beneficios como rebajas de pena o permisos trimestrales de 72 horas.
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Pero el trabajo en esa Subdirección es, en palabras de la denunciante, una “pesadilla”. Asegura que Castillo suele reducir su trabajo al nivel de la educación primaria, que las acusa por falta de competencia laboral y, por si fuese poco, las amenaza con denunciarlas penalmente si exteriorizan los procesos disciplinarios. Tal es el temor que aseguran sentir por Castillo, que el pasado 5 de agosto lo denunciaron por amenazas, una noticia criminal que está activa en la Fiscalía 514 de Bogotá.
En oficios dirigidos al exministro de Justicia, Wilson Ruiz, y al nuevo director del Inpec, el general Tito Yesid Castellanos, las denunciantes exigieron una solución, luego de seis años de quejas reiteradas que no han tenido respuesta. El primer expediente disciplinario data de 2016, de la funcionaria Martina*, quien aseguró sentirse bajo acoso laboral. Ese caso lo devolvió la Procuraduría por competencia.
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Luego, también en 2016, la funcionaria Paola* lo denunció internamente por “actitud desobligante”. La solución de la entidad, según los documentos conocidos por El Espectador, fue cerrar el caso. “Lo que genera que actualmente no se le garantice un ambiente libre de violencia, ya que solo fue trasladada de un grupo a otro, teniendo que compartir en todo momento los espacios de encuentros en la subdirección”, se lee en el expediente.
El caso en el cual reposan los señalamientos más graves lo inició Rocío* en 2019. Solicitó traslado de grupo, motivado por “maltrato despectivo y poco profesional del señor Enrique Castillo, por el cual ha tenido que recurrir a un profesional de psicología. No puede conciliar el sueño, ya que los comentarios de desprestigio y burla son recurrentes”.
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Este diario conoció que Rocío* solicitó una cita médica en la Clínica Campo Abierto de Bogotá, con fecha de 22 de diciembre de 2021. En el resumen de historia clínica se lee que “la paciente refiere ‘el ver esa persona de mi trabajo me dejó muy mal. Él es muy agresivo”. En el resumen del Plan de Manejo quedó por escrito que se necesitaba interconsulta a psicología.
Luego de ello, existen tres quejas seguidas de funcionarias distintas que, este año, denuncian los mismos hechos. “Por no generarse conciliación, el caso es enviado a la Procuraduría”, se lee en el expediente. Una serie de casos que conocen desde hace años en la dirección de Talento Humano del Inpec. No obstante, las respuestas, aseguran las denunciantes, siempre van encaminadas a que Castillo tiene fuero sindical y, por tanto, no podrían trasladarlo de unidad.
En diálogo con este diario, el sindicalista Enrique Castillo aseguró que se tratan de calumnias y retiradas mentiras que buscan dañar su buen nombre. “El requerirle a una persona que cumpla el horario, que no se evada de su puesto de trabajo y que si lo hace indique hacia donde sale, y que se le corrijan los documentos por mala redacción y mala ortografía, eso no es acoso laboral”, señaló.
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Agregó que las denunciantes intentan que su puesto como Coordinador de Educación sea ocupado por una de las amigas de la actual subdirectora de Educación. “A todos debemos garantizarles el respeto y la dignidad humana. Tal cual lo hice en su momento, ayudándole a las personas que me están denunciando ahora. Hoy dieron la vuelta y me clavan el cuchillo por la espalda, pero no importa. Uno, cuando se mete a directivo sindical, tiene que tener alma de acero y corazón de perro en semana santa”, concluyó.
Las denunciantes esperan recibir un mejor trato de Castillo y que las autoridades disciplinarias, como la inspección del Inpec y la Procuraduría, avancen en las investigaciones por presunto acoso laboral. Castillo, por su parte, asegura que nunca hasta este año tuvo problemas en sus casi tres décadas como funcionario del instituto.
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Castillo insiste en que se ha limitado a fortalecer la calidad en la Subdirección de Educación, la cual ya ha sonado antes por un escándalo por presunta omisión de deberes. Desde allí se gestionó el convenio educativo que, en 2016, terminó en la graduación de tres exjefes paramilitares como abogados: Alias Diego Vecino, alias El Águila y alias Don Antonio. La Fiscalía tiene en juicio al exdirector del Inpec, el general (r) Gustavo Adolfo Ricaurte, dado que el Ministerio de Educación nunca le entregó el aval para el convenio con la Corporación Universitaria IDEAS. Castillo elaboró oficios sobre ello.
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El nombre de las denunciantes fue cambiado por solicitud de las mismas funcionarias y por miedo a represalias.
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