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Este viernes 30 de junio, y luego de casi seis años de haber iniciado la investigación, se conocerá si son condenados o no las personas involucradas en el principal expediente de los Panama Papers en Colombia. Se trata del escándalo que estalló mundialmente en 2016 y que dejó en evidencia cómo la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ayudó a ocultar la riqueza de ministros, multimillonarios, empresarios y hasta artistas en cuentas bancarias de ese país. En el caso colombiano, la Fiscalía abrió varias líneas de investigación en contra de empresarios, pero la que más trascendió públicamente fue el proceso contra los directivos de Efecty y Servientrega, dos de las compañías de envíos más conocidas en todo el país, en una decisión inédita para las investigaciones sobre paraísos fiscales que ha revelado el periodismo.
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Mañana 30 de junio, un juez decidirá, en primera instancia, si Luz Mary Guerrero, accionista y gerente de las reconocidas empresas, y Sara Guavita, subgerente de Servientrega, usaron los servicios irregulares de Mossack Fonseca en Colombia para enriquecerse ilegalmente con $3.5 millones de dólares. De este plan, dice la Fiscalía, también participó el ciudadano ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma panameña en Colombia hasta 2015, y Jorge Humberto Sánchez Amado, el revisor fiscal. En mayo pasado, el proceso entró en su recta final, pues el fiscal del caso, la defensa de los acusados, las víctimas y la Procuraduría expusieron sus argumentos, previo a la audiencia en la que se determinará si son condenados o absueltos.
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El Espectador logró acceder a estas últimas audiencias, en las que la Fiscalía se reafirmó en su teoría del caso: que las cabezas de Efecty y Servientrega, entre 2011 y 2015, realizaron operaciones ficticias con empresas fachadas de Mossack Fonseca con el principal propósito de enriquecer ilegalmente el patrimonio de Luz Mary Guerrero en cuentas bancarias en paraísos fiscales, es decir, territorios que ofrecen a personas y empresas extranjeras poca o ninguna carga tributaria. En el caso de los supuestos contratos ficticios de Servientrega y Efecty figuran empresas Fast International Holding Corp y Trade Direct Internacional (ubicadas en Panamá); Serena Service LLP (Hitchin, Inglaterra) y Servicios de información y Tecnología de Costa Rica.
El ente investigador dice que para mover los dineros de Guerrero, Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2,5% y el 4%. Guerrero, Guavita y Arellano son procesados por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. En los alegatos de conclusión celebrados a mediados de mayo de este año, la fiscal Martha Lucia Olaya pidió al juez quinto penal especializado de Bogotá que emita fallo condenatorio al considerar que las cabezas de Servientrega y Efecty conocían de todas las irregularidades con Mossack Fonseca.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, de los millonarios movimientos de dineros hizo parte The Winterbotham Trust, compañía que hace este tipo de transacciones bancarias a nivel internacional y que hace presencia en Uruguay, Hong Kong, Bahamas e Islas Caimán. También hizo parte la fiduciaria Mossfon Trust, una compañía vinculada a Mossack Fonseca, la cual se encargaba, según investigaciones del periódico la Estrella de Panamá, ofrecer servicios a los clientes para optimizar los pagos a la autoridad tributaria. “El bufete firmaba un contrato con los clientes en el que se especificaba que la firma no brindaba asesoría fiscal, y que ellos eran responsables de cumplir con sus obligaciones fiscales”, señala el medio panameño.
“Las pruebas demuestran que no existió relación entre las sociedades con las empresas extranjeras, que los contratos y facturas son falsos, que fueron elaborados por Mossack Fonseca y que esa contratación fue objeto de pago las empresas colombianas. Todo ello con conocimiento de los acusados cada uno dentro de su rol. A través de las conversaciones por correos electrónicos se probó que no eran las sociedades Serena Services, y Servicios de Información y Tecnología de Costa Rica quienes elaboraran los contratos y las facturas de los supuestos servicios, sino Mossack Fonseca, que luego devolvía los fondos a donde se dispusiera”, señaló la fiscal Olaya.
El abogado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), considerada como víctima en el caso, al igual que la Fiscalía, pidió la condena contra las cabezas de las compañías y el representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, y, básicamente, reafirmó lo investigado y llevado a juicio por la Fiscalía. Además, aseguró que las empresa entregaron documentos falsos para justificar las actividades comerciales con las empresas extranjeras. Un hecho que para la DIAN es claro que pretendía mentirle a esta autoridad fiscal y aduanera para no pagar los impuestos correspondientes y enriquecerse ilícitamente.
La crítica de la Procuraduría y la defensa de Servientrega y Efecty
El procurador del caso, José Ledesma, además de pedir la absolución de los acusados, hizo una fuerte crítica a la fiscal del caso. En su intervención señaló que la Fiscalía incurrió en varios errores en el juicio para presentar las pruebas y no demostró, por ejemplo, que los contratos firmados con las empresas extranjeras eran ficticios o que hubo un enriquecimiento ilegal por parte de Guerrero. También indicó que, aunque el delito de administración desleal ya prescribió de acuerdo con la ley, las pruebas del caso indican que todo dentro de la empresa se hizo en el marco de la ley y con la aprobación de los demás socios de las compañías, entre ellos, el denunciante y hermano de Luz Mary, Carlos Julio Guerrero.
“Posiblemente, al no pagar impuestos en Panamá, Costa Rica o Bahamas por las transferencias hechas a esos países puede ser un delito en aquellas legislaciones. Pero allí las autoridades panameñas están investigando a Guerrero y a una de sus compañías por supuesto lavado de dinero, pero los investigadores de la Fiscalía que declararon en el juicio desconocen esa legislación fiscal y tributaria panameña por lo que sus informes pueden tener algún grado de error (…) No se conocen pruebas por parte de la Procuraduría panameña relacionadas con los delitos imputados, sino que todo se trató de una estrategia para reducir los impuestos que tienen que ser declarados ante la DIAN”, señaló el procurador del caso.
Francisco Sintura, exfiscal general y abogado de la bancada de las acusadas, señaló durante las audiencias finales que la Fiscalía fue ligera a la hora de describir en detalle qué hechos rodearon las operaciones cuestionadas por la Fiscalía con empresas en el extranjero. “Hablo de movimientos, contratos, estructuras societarias sin especificar cuáles, contratos durante qué lapso, tampoco informó a través de qué medios puede acreditar sus afirmaciones. La Fiscalía no cumplió con el estándar de prueba requerido más allá de la duda razonable, no probó si los servicios se prestaron o no. La Fiscalía tenía el deber de acreditar que estos servicios no se dieron, lo prometió en audiencia, y nunca lo hizo”, concluyó el abogado Sintura.
Por su parte el abogado Sebastián Fajardo, que también hace parte de la defensa de los acusados, señaló que la Fiscalía jamás, durante los casi 6 años del proceso, mostró puntualmente cuáles fueron los hechos ilegales. “Se limitó a hacer un listado de hechos y documentos que supuestamente eran falsos, pero jamás se hizo precisión de qué era lo falso. La Fiscalía repitió irreflexivamente e incluso de manera contradictoria los hechos que bajo su perspectiva eran ilegales. ¿Cuál fue la afirmación falsa consignada en documentos por parte de los investigados?”, puntualizó el abogado.
Estos y otros argumentos son los que tendrá en cuenta el juez quinto especializado de Bogotá para tomar su decisión, la cual está prevista se conozca públicamente a las 10:00 de este viernes 30 de junio. En dado caso de que Guerrero y los demás procesados sean condenados o absueltos, la decisión puede ser apelada. En una segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá será el encargado de revisar la sentencia. Así las cosas, todo está listo para que mañana se conozca si la poderosa empresaria Luz Mary Guerrero será una de las primeras condenadas en el escándalo de los Panama Papers, que en otros países tumbó a embajadores y ministros que escondieron sus riquezas con la ayuda de la firma panameña Mossack Fonseca.
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