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Recién corrían las primeras horas del jueves 25 de agosto. Una carreta, tres bolsas negras y la soledad de las calles del barrio María Paz -uno de los más complejos en orden público de la localidad Kennedy- acompañaban la macabra escena. En el interior de cada bolsa un cadáver. Emulando, aunque con más descuido y en una zona más conflictiva, el panorama de hace una semana en la autopista Norte con calle 223, donde encontraron dentro de una camioneta de alta gama y blindada cuatro cuerpos sin vida, desnudos y con impactos de bala.
Con estos dos casos de asesinatos múltiples son siete las víctimas en menos de una semana, en medio de lo que parece un ajuste de cuentas en una guerra por el dominio de rentas ilegales. Y ocho este mes, si se suma el cuerpo que hallaron cerca del caño Arzobispo, en Teusaquillo, el 10 de agosto, también en una bolsa y con signos de tortura.
Según el saliente comandante de la Policía de Bogotá, general Eliécer Camacho, entre enero y junio pasado se habían encontrado 14 cuerpos embolsados en diferentes puntos. Es decir, a la fecha, la sangrienta cuenta va en 21, y en varios casos (salvo el de la Autonorte) con un nombre en común: la banda el Tren de Aragua, a la cual apuntan los reflectores como posible responsable de la zozobra.
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El mensaje detrás de esta práctica
Desde principios de agosto, tanto la alcaldesa Claudia López como su secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, han expresado su satisfacción por la reducción en las cifras de homicidio en Bogotá. Según el Distrito, en el primer semestre de 2022 se presentaron 467 homicidios, una cifra histórica para la ciudad, en comparación con el mismo período de los últimos 20 años, donde hubo picos criminales de 648, en 2005, y de 757, en 2011.
No obstante, las cifras se ven empañadas ante una realidad inocultable: la sevicia y la violencia que rodean los hallazgos de cuerpos embolsados de los últimos meses. La crítica situación abre un debate sobre el tamaño del poderío criminal detrás de esa práctica, su organización y el mensaje que quieren enviar; alrededor de la capacidad de las autoridades para esclarecer cada uno de los casos, y de la zozobra que se viene generando no solo entre la ciudadanía, sino también en el mundo del hampa.
Para Miguel Andrés Silva, experto en seguridad de la Universidad Nacional, esta situación es “una muestra de la capacidad de las organizaciones criminales de controlar territorios y de los enfrentamientos entre estas por su dominio”, por lo que “no se puede decir que es el mismo victimario, pero sí el mismo fenómeno”, así el Tren de Aragua sea el señalado por la Policía como el responsable.
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Por su parte, María Stella Baracaldo, experta en convivencia y seguridad ciudadana, va más allá y lanza un apunte sobre la tesis que repiten en cada rueda de prensa oficial, en la que explican los motivos de estos casos: ajuste de cuentas. Pero, “¿cuentas de qué? Lo que tienen que saber las autoridades, con los organismos de inteligencia, es quiénes son los responsables, pues si dicen que se sabía, ¿qué hicieron para evitarlo?”.
Silva y Baracaldo coinciden en dos cosas: en que cada caso no es más que la evidencia del creciente poderío que quieren demostrar las bandas criminales, y que la situación es un enorme reto para la Policía de Bogotá, a la que se le están acumulando crímenes complejos por investigar (como ocurrió esta semana con los de la autopista Norte y Kennedy) y la cual debe demostrar su eficacia y capacidad operativa, para no verse superada por la criminalidad.
¿Y la desarticulación de bandas?
Aunque no hay certeza sobre los determinadores detrás de la oleada criminal, el nombre que más se ha escuchado es el del Tren de Aragua, una banda que, dicen, llegó a abrirse terreno para delinquir en la capital. En esta organización se concentraron las autoridades, y a pesar de haberle propinado un golpe con la captura en julio pasado de alias Alfredito y el Capi, supuestos responsables de la casa a donde llevaban a las víctimas para torturarlas y asesinarlas, lo que ocurrió este jueves demuestra que no se rompió la cadena criminal.
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Es por eso que estas capturas, así como los constantes anuncios de la desarticulación de bandas delincuenciales -algunas dedicadas al microtráfico, campo en el que las autoridades dicen que se dan estos ajusticiamientos-, parecen no ser suficientes para contrarrestar la situación.
No obstante, para Miguel Silva esta circunstancia tiene explicación: se debe a que las “dinámicas de los mercados ilegales tienen la capacidad adaptativa para reacomodarse y por ello, cuando les dan esos golpes, se afectan los eslabones más fáciles de reemplazar. Vale recordar que en Bogotá esas actividades criminales son contratadas por personas ajenas a la ciudad”.
Por ello, agrega María Baracaldo, los organismos de investigación criminal deben articularse mejor, para que haya un “trabajo perfilado de inteligencia que prevenga” estos hechos. Por tal razón, ante la necesidad de esclarecer la reciente oleada de crímenes, debe ser menester de la administración, la Secretaría, la Fiscalía y la Policía (al menos de cámaras para afuera) mostrar trabajo conjunto para hacerle frente a la inseguridad.
Queda claro que no basta con la reducción de las cifras de homicidio, así sea el indicador principal de seguridad en una ciudad. El miedo que pueden provocar unos pocos crímenes, como los que se vienen presentando, y la incapacidad de dar con el “capo” que está detrás, puede echar al traste cualquier plan de seguridad. La urgencia es evidente.
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