Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En octubre de 2016, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez Neira le echó flores públicamente a una investigación de su propia entidad. Lo hizo en la ceremonia de instalación de la Asamblea de la Anif de ese año. “Quiero destacar en esta ocasión el caso de Panama Papers, donde avanzamos a pasos agigantados con la colaboración de la DIAN. Las líneas investigativas han surgido de una investigación de contexto y de asociación de casos (…) Panama Papers no será una investigación de anaquel y permitirá develar sus ramificaciones internacionales”, sentenció el exfiscal. Casi siete años después de esa declaración, un juzgado de Bogotá puso en evidencia una serie de errores, y hasta posibles delitos, que habría cometido la Fiscalía en la investigación que tanto elogió Martínez Neira.
(En contexto: Servientrega y el lío de los “Panama Papers”)
Lo hizo en el marco del juicio en contra de Luz Mary Guerrero y otros dos altos funcionarios de las empresas Servientrega y Efecty, quienes fueron señalados por el ente investigador como tres de las personas de más alto perfil que habrían usado los servicios ilegales de la firma panameña Mossack Fonseca. Sus nombres fueron mencionados en la primera filtración masiva de documentos que reveló, entre muchas cosas, que existía un entramado financiero y societario que vendía facturas falsas a empresas nacionales a través de sociedades en el exterior. Todo a través de esa compañía con sede en Panamá, con el objetivo de registrar gastos en su contabilidad por servicios no prestados y, de esa manera, sacar recursos de Colombia para cuentas offshore y así poder ocultarlos.
Luz Mary Guerrero y los otros dos funcionarios fueron absueltos este viernes. En su momento, la Fiscalía los acusó de haber sido las personas que más sacaron recursos del país, con destino a cuentas en Panamá y Estados Unidos (unos $13.000 millones). En contraste, lo que el juez del caso encontró fueron graves errores del ente investigador. El caso estuvo en cabeza de la fiscal Martha Lucía Olaya, quien defendió hasta el último momento la teoría que, desde 2017, manejó el búnker: que los investigados cometieron delitos que afectaron la fe pública y patrimonios económicos de particulares. Para el juez Juan Carlos Pérez Galindo, la Fiscalía nunca logró probar esa situación y, en contraste, cometió una serie de “errores” y “desaciertos” que terminaron en la absolución de los investigados.
El juez fue severo: “Encontramos durante todo el debate probatorio una cadena de errores, falencias, yerros, equívocos y hasta conductas fraudulentas que deberán ser investigadas por las justicias penal y disciplinaria, en relación con la forma con la que se recaudó gran parte de la evidencia por parte de la Fiscalía”. La gravedad de la conclusión del juez no es menor. Según la decisión, algunos archivos y correos electrónicos habrían aparecido sin ninguna explicación en los discos duros que la DIAN le entregó a la Fiscalía. Para el juez, esas evidencias “fueron implantadas” después de una inspección que el ente investigador realizó a las oficinas de la Dirección de Impuestos en abril de 2017, sin que la fiscal del caso diera explicaciones de por qué ocurrió este suceso y quién es el culpable.
(Lea también: ¡Vuelven los Panama Papers! Estos son los primeros hallazgos para Colombia)
Por lo delicado que resulta la implantación de pruebas en un proceso penal, el togado pidió que las autoridades investiguen lo sucedido. Pero allí no paró el regaño. El juez Juan Carlos Pérez Galindo también reprochó un error garrafal de la Fiscalía: las pruebas reinas que podían implicar a Luz Mary Guerrero y sus socios nunca fueron judicializadas. En términos sencillos, todas las evidencias que presentan las partes de un juicio deben estar avaladas por un juez, no solo para garantizar que hayan sido legalmente obtenidas (y evitar, por ejemplo, casos de interceptaciones ilegales), sino para proteger el derecho a la defensa de los acusados. En este caso de los Panama Papers, la Fiscalía presentó los correos electrónicos donde se evidenciaban los pagos de facturas falsas sin que un juez los avalara.
Durante el juicio quedó en evidencia el error. A los peritos que presentó el búnker no les quedó de otra que confesar su conducta: descargaron las pruebas directamente de la página del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), un trabajo que desató, en 2016, el escándalo mundial de los Panama Papers. Aunque el problema inicial es que esos documentos provenían de una filtración ilegal de documentos, la Fiscalía las presentó como propias y no hizo mayor esfuerzo en tratar de conseguir que ese valioso material pudiera servir en sus investigaciones. Además, trató de hacerlas pasar como legales en un documento que presentó durante el juicio. Ese error no fue todo: los peritos habrían plagiado las conclusiones de la ICIJ y las hicieron pasar como propias.
La Fiscalía, derrotada en primera instancia y con regaño incluido, apeló la decisión. Y la DIAN, que se habría acreditado como víctima, también pidió la revisión en segunda instancia. El expediente pasará al Tribunal Superior de Bogotá, en donde los magistrados estudiarán la absolución y los errores que, según el juez Pérez Galindo, cometió la Fiscalía. La absolución en el caso de Servientrega y Efecty se suma a otras decisiones judiciales de este escándalo: ya existe condena, tres negociaciones andando, un juicio y una imputación de cargos a otras personas investigadas. Espere en la edición del próximo domingo los detalles de esta investigación que, hace siete años, el fiscal Martínez prometió que no se quedaría en los anaqueles y permitiría develar sus ramificaciones internacionales.
Conoce más