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Esta semana en Washington se anunció la liberación de archivos confidenciales de Estados Unidos, de la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981), en los que se revela una posible corrupción por narcotráfico de los gobiernos colombianos de Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay Ayala. El primero en investigar esos papeles fue usted. ¿Por qué?
Hace años me interesé por la historia del narcotráfico por accidente. Estaba buscando en los archivos nacionales norteamericanos información sobre la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y casualmente encontré unos fondos que decían “Colombia narcóticos” y me fui metiendo en el tema hasta hacer el libro Conexión Colombia: una historia del narcotráfico entre los años 30 y los años 90 (sello editorial Crítica, 2021).
Usted es Ph. D. en Historia de la Universidad Brandeis, ha sido profesor visitante en la Universidad de California y en la Universidad de Miami, máster en Economía e Historia de la Universidad del Sur de Illinois, aparte de profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Su trabajo como investigador lo llevó a qué archivos en este caso?
A una cantidad tremenda de archivos. En Estados Unidos unos 15 archivos, en especial el archivo del presidente Jimmy Carter, que está en Atlanta, Georgia. Esta información, que salió ahora publicada por el Archivo Nacional de Seguridad, yo ya la había visto allá.
Es uno de los capítulos de su libro “Conexión Colombia”. Quiero saber si esos señalamientos contra López, Turbay sus colaboradores de los años 70 tenían asidero o fueron infundados.
Sí tienen asidero. Yo me puse a repasar anoche los documentos que sacaron sobre personajes en el gobierno de López Michelsen, en lo que se llamó el “memorando Bourne”. Peter Bourne era un asesor de drogas del gobierno de Carter. Para él, el problema de Colombia era que el narcotráfico estaba permeando todo, creando grupos criminales que podían, como en efecto sucedió, tener un gran impacto negativo sobre la política y la sociedad colombiana. Algunos nombres estaban tachados, por razones de seguridad nacional, pero figuran los ministros Abraham Barón Valencia y Óscar Montoya Montoya, además de una serie de funcionarios de policía, comandantes regionales y el director de la Industria Militar. La información que encuentra usted es excelente porque tenían sus agentes en Colombia.
Si era tan evidente la situación, ¿por qué ninguno de ellos terminó judicializado?
Barón Valencia era el ministro de Defensa y terminó en una embajada. Montoya era el ministro del Trabajo y, según el archivo Carter, en Colombia ya lo habían acusado de contrabando de café envuelto en contrabando de drogas ilegales. ¿Tuvo consecuencias? No. Simplemente renunció. Hay una cosa que es interesante. En la Secretaría General del Ministerio de Trabajo estaba el joven Álvaro Uribe Vélez. Algunos políticos tienen la habilidad para estar siempre en el lugar adecuado.
El expresidente Uribe ya ha sido citado en otros documentos desclasificados en EE. UU. que usted consultó. ¿Cierto?
Aparece en una lista que elaboró el Departamento de Inteligencia Militar de los Estados Unidos, en una lista de poco más de 100 personajes que tenían que ver, según ese listado, con Pablo Escobar y otros narcotraficantes del cartel de Medellín. Y en ese documento se señala que Álvaro Uribe, como senador, había buscado proteger los intereses de los narcotraficantes. Eso también, de cierta manera, era cierto. No quiere decir que él era narco, pero a finales del gobierno de Virgilio Barco, Barco tuvo que salir del país y quedó como presidente designado Carlos Lemos Simmonds. ¿Y qué sucedió? Hubo un intento de reforma constitucional y Álvaro Uribe, en el Senado, y su primo, conocido también por estos temas, Mario Uribe, en la Cámara de Representantes, metieron un mico para acabar con la extradición. Tengo la imagen de la televisión de Lemos, que va furioso al Congreso y dice este es un mico a favor de los narcotraficantes, vengo a retirarlo y lo retiró. Sin embargo, Álvaro Uribe insistió y dijo que los colombianos tenían que pensar nuevas formas imaginativas para el manejo del narcotráfico.
Todos estos documentos no implican una condena, pero sí evidencian la historia del fenómeno en Colombia, que en el libro usted advierte que empezó en los años 30 y no a finales de los 60 con la bonanza marimbera, como se cree. Es más, en su libro previo de 2005, sobre la conexión cubana con el narcotráfico, usted cita a empresarios colombianos vinculados con tráfico de cocaína desde los años 50. Explíqueme ese antecedente.
Para el libro La conexión cubana, encontré que en el año 56, dos hermanos colombianos de la élite antioqueña y colombiana, Rafael y Tomás Herrán Olózaga, tataranietos de Tomas Cipriano de Mosquera y bisnietos de Pedro Alcántara Herrán —ambos presidentes de Colombia durante el siglo XIX—, fueron capturados en La Habana (Cuba) con un cargamento avaluado en US$16.000 y confesaron haber transportado drogas con anterioridad, aparentemente desde 1948. Ellos buscaron, digamos, para recordar a Uribe, otras formas imaginativas de hacer negocios. Ellos tenían un laboratorio en El Poblado, en los años 50, donde procesaban narcóticos. Uno de ellos era químico y el otro era piloto; una combinación apropiada. Fue un escándalo de la época. Entonces yo me puse a revisar archivos, tanto en Colombia como de Estados Unidos, y encontré que ya en los años 30 aquí se cultivaba marihuana en varias zonas del país con semillas que habían sido traídas de México. También se contrabandeaba con morfina, con los opiáceos.
Eso derrumba el mito de que el narcotráfico siempre está ligado a familias pobres que quieren superar la pobreza desde la ilegalidad y demuestra que ha habido una élite empresarial ligada al fenómeno.
Hay de todo. Hay una clase media baja que aprovecha el narcotráfico para ascender socialmente, pero también hay personas poderosas. Eso de que automáticamente los colombianos se meten en las drogas casi que como víctimas porque no tienen empleo lo cuestiono permanentemente. Se mete gente de todas las clases sociales. Mire, cuando salió mi último libro yo tuve una charla con los profesores de Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira y les dije que allá donde yo me crié están en mora de escribir una historia del narcotráfico, porque después de Medellín y Cali, Pereira era la siguiente ciudad. Claro que tendrían que buscar puesto en otro país, porque yo no voy a decir la cantidad de nombres de personas de la élite involucradas. Es que es un negocio internacional que requiere contactos y facilidades para el transporte.
Usted profundizó en estas relaciones a raíz de investigaciones previas sobre la historia del empresariado colombiano ligado a la violencia desde los años 40.
Sí, por ahí llego a toda esa trama. No por accidente. En los años 80 yo me embarqué en mi tesis de Ph. D. y terminé trabajando el tema de los industriales y su relación con el Estado y la política, en especial los que tenían base en Medellín a partir de archivos como el de la Asociación Nacional de Industriales. Fabio Echeverri Correa, como presidente de la Andi en los años 70, proponía que la marihuana fuera legalizada. Leonidas Londoño y Londoño, uno de los patriarcas del café en Colombia, en Caldas, hermano de Fernando Londoño Londoño, proponía que se legalizara la marihuana para cobrarle un impuesto y así les bajarían los impuestos a ellos, que se autodenominaban hombres de trabajo. Y no olvide que en 2022 el presidente Gustavo Petro ingenuamente propuso algo similar, pero no solo para la marihuana, que está siendo mal que bien aceptada socialmente en EE. UU., sino con drogas duras como la cocaína. Y pues eso le mereció un jalón de orejas del imperio y le tocó retirar esa propuesta.
Habiendo tanta información de contexto, ¿por qué solo en el gobierno de Ernesto Samper, financiado por el cartel de Cali, se evidenció hasta dónde llegó el poder corruptor del narcotráfico?
Lo que yo señalo en el libro es que los colombianos durante muchos años convivieron con este fenómeno, les parecía normal. En Pereira y en Cali, donde también viví, vi cómo el narcotráfico se apoderaba política, social y económicamente de la sociedad, y a todos les parecía normal. Me recuerdo hablando con muchachas de familias pudientes del norte de Cali diciendo “anoche salí con un mágico” (un mafioso). Eso les daba caché mientras, por otro lado, esa gente asesinaba y corrompía totalmente. En Pereira me criticaban: “Eduardo, es que vos sos muy clasista y no podés ver que los pobres hagan plata”. Yo respondía: “Esos no son empresarios comunes y corrientes, lo que logran lo sacan por las buenas o por las malas”.
¿Qué incidencia causó la presión de la guerra antidrogas de EE. UU., que usted no cree tan negativa como la mayoría de veces se dice?
La gente habla de la presión norteamericana y yo argumento: aquí hay una paradoja. Por un lado, por supuesto que la demanda norteamericana es la que estimula el procesamiento y el tráfico de drogas. Pero al mismo tiempo el Gobierno norteamericano y sus organismos presionando al Gobierno colombiano son los que evitan que Colombia caiga totalmente bajo el dominio político del narcotráfico. Y eso fue muy claro en el gobierno de Samper; fue el gobierno norteamericano el que presionó como un gobierno colonial, así suene feo, con un papel civilizatorio, porque Colombia cayó muy bajo: tener un presidente, un hombre culto, simpático, progresista, que cayó en manos de la financiación de los criminales de Cali. ¿Palabras mayores, no? Los norteamericanos aprovecharon la situación para sacar algunas medidas, como restablecer la extradición e imponer la extinción de dominio, que frenaran el poder del narcotráfico, y Samper las tuvo que aplicar por la presión en que estaba.
Esta semana murió el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, quien dijo en esa época que se nos había metido el elefante a la casa y no lo veíamos. ¿La cultura mafiosa sigue enquistada en el poder?
Yo no creo que ese elefante esté hoy en día en la Casa de Nariño, como estuvo los años del gobierno de Samper. Pero muchos colombianos siguen procesando drogas, buscando canales de contrabando ahora con los mexicanos, hasta con los nigerianos para enviar drogas hacia Europa.
Ya no hay cartel de Medellín, ni de Cali, se desmovilizaron las FARC, pero hay disidencias, cartel del Golfo, Rastrojos, Autodefensas Gaitanistas y puedo seguir citando nombres de mafias. ¿Cómo entiende esa atomización?
Viniendo de todo lo que investigo, pues que el negocio continúa, que el negocio es muy bueno para los que se meten en él, es muy rentable y están dispuestos a correr el riesgo de ser capturados.
¿Qué tan influyente sigue siendo el narcotráfico en la economía colombiana?
No sé, eso es algo que yo no he estudiado, pero hay un estudio interesante del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. A él como ministro de Uribe se le fueron las luces, metió las patas con el manejo de Agro Ingreso Seguro, pero como economista es muy bueno. Espero que no me acusen de neoliberal. A pesar de estar preso, no sé cómo hizo, logró acumular evidencia y escribir un libro donde él señala que en los años 80 Colombia pudo escapar a las crisis cambiarias latinoamericanas gracias a las drogas ilegales. Sería interesante que él mismo u otros economistas hicieran estudios similares para los últimos 20 años.
Mejor desde la época del gobierno López y su recordada “ventanilla siniestra”. ¿No?
Sí. Desde la ventanilla siniestra en los años 70 de Alfonso López Michelsen, donde usted podía traer sus dólares al país, cambiarlos por pesos y nadie le preguntaba nada. Hoy en día ya todo está muy controlado por presión de los norteamericanos.
Con toda esta historia, ¿es coherente pensar en la legalización de narcóticos?
No, en absoluto. No, porque el mundo es prohibicionista. Que la marihuana se haya flexibilizado, que usted la consiga en droguerías. Yo ahora que estoy pensionado, pasó temporadas largas en Miami Beach y cerca de donde vivo, detrás de mi edificio y a tres cuadras, hay dos dispensarios de marihuana. Uno de ellos es muy lujoso, muy psicodélico. Cuando abrieron el más lujoso en plena avenida Collins, la principal de Miami, me dijeron: estamos vendiendo marihuana medicinal. Les pregunté cómo funciona y me dijeron: “Usted tiene que traer una fórmula médica que demuestre que necesita marihuana”. Les dije: “¿Y el médico dónde lo consigo?”. Me dijeron: “Nosotros se lo conseguimos”. En otras palabras, se consume tranquilamente y hasta sin necesidad de fórmula médica. Pero el caso de la cocaína y la heroína es algo que el mundo no va a aceptar. Y no es solamente el mundo capitalista, es también el mundo comunista y ni hablar del Medio Oriente, donde hasta el licor es ilegal. La idea de que todo se legaliza y todo se arregla no se va a poder hacer realidad. Que usted vaya a una droguería y compre una ampolleta de heroína o compre dos onzas de cocaína tranquilamente, eso no se va a dar. No quiere decir que no se consuma, pero legalmente no se va a dar y quien se meta en ese negocio en Europa o en Estados Unidos se va a la cárcel, o en China lo fusilan.
O sea, ¿el panorama es seguir en las mismas por siempre?
Soy muy malo para las predicciones. Solo hablo de la historia que he mirado a partir de todos los archivos posibles para estudiarla. Pero tengo mis reservas, incluso del actual gobierno, que empezó planteando las cosas en forma equivocada, diciendo que Colombia era víctima de los gringos. Los colombianos han sido un actor central en el narcotráfico, han competido con otras nacionalidades y han ganado por las buenas o por las malas. Eso de que son víctimas del imperio lo dudo mucho.
No olvidemos que estamos en la sala de redacción de “El Espectador”, junto al retrato de don Guillermo Cano, nuestro director asesinado por el cartel de Medellín. ¿De qué ha servido tanta violencia y tantas víctimas del narcotráfico en Colombia?
De no mucho. Y no solamente don Guillermo Cano, El Espectador recibió un bombazo en los años 80, una serie de periodistas fueron asesinados. Fue tremendo. Y sí, la sociedad colombiana reaccionó con dolor, pero mire qué pasó enseguida: la Constituyente del 91 abolió la extradición en beneficio de los narcos.
Contexto: la noticia que se publicó en Washington, el lunes pasado
Esto informó, el 15 de abril, la agencia de noticias EFE desde Washington: “La administración del presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981) utilizó una lista de 36 altos funcionarios colombianos vinculados con el tráfico de drogas para presionar al entonces presidente colombiano Alfonso López Michelsen (1974-1978) a que luchara contra la corrupción y el narcotráfico. Así figura en documentos que estaban clasificados hasta ahora y que publicó este lunes la organización estadounidense National Security Archive (NSA). Muestran cómo la CIA, bajo órdenes de Carter, entregó en 1977 a López Michelsen un dosier que vinculaba a ‘funcionarios de ministerios y judiciales, personal militar y de las fuerzas de seguridad y otros individuos de elevado nivel’ con el narcotráfico. El objetivo de Carter era que el Gobierno colombiano adoptara medidas más estrictas contra el narcotráfico y la corrupción gubernamental. A raíz de esto, en 1978 la cadena de televisión estadounidense CBS acusó al candidato presidencial Julio César Turbay Ayala (luego jefe de Estado entre 1978 y 1982) de tener lazos con el narcotráfico. La implicación de Carter fue tal que algunos documentos tienen anotaciones hechas con su puño y letra”.
Citas textuales de Carter sobre López Michelsen y Turbay Ayala
En el libro Conexión Colombia: una historia del narcotráfico entre los años 30 y los años 90 (sello editorial Crítica, 2021), de Eduardo Sáenz Rovner, se lee: “Jimmy Carter anotó en su diario, después de una visita de López a Washington para el asunto del Canal de Panamá: “Me reuní con el presidente López Michelsen. Es trabajoso formarse una idea de él. Pienso que probablemente es débil, algo inseguro, un poco autocrático. Su principal problema es la corrupción en su gobierno debido a los narcóticos. Es muy difícil para él deshacerse [del problema] cuando algunos altos funcionarios del Gobierno están involucrados y la policía está comprada”. Peter Bourne, asesor de Jimmy Carter, asegura que “en Colombia hay gente del Gobierno envuelta en el narcotráfico y subrayó: “Particularmente perturbador a largo plazo por el hecho de que Julio César Turbay, el más probable futuro presidente, se sabe que está involucrado”. La información está basada en tres fuentes de la DEA.
Por Nelson Fredy Padilla
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