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El viernes de esta semana que pasó se conoció la sentencia del caso más conocido en Colombia sobre los Panama Papers: el que llevó a los estrados judiciales a Luz Mary Guerrero, la presidenta de Servientrega. Luego de casi siete años de proceso, la justicia la absolvió, a ella y otros tres socios, en uno de los expedientes que inició la Fiscalía General sobre la masiva filtración de datos que desató el escándalo internacional. Se trató una investigación periodística, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) —y del que hizo parte El Espectador— que puso al descubierto 11 millones de documentos de los clientes de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca (MF) y que mostró el dinero oculto de políticos y grandes empresarios en el mundo.
En el caso colombiano se encontraron 1.200 personas y empresas, de las que llamaron la atención expresidentes, exministros y multimillonarios que tenían transacciones en esa jurisdicción. Sin embargo, dichos movimientos de dinero en sí mismos no constituyen un delito y, al tener restricciones tributarias, no fue posible conocer si podían tener un origen ilícito o si fueron declarados ante la DIAN. En medio del escándalo, que arrancó en abril de 2016, Mauricio Cárdenas, entonces ministro de Hacienda, anunció que destacados funcionarios de la DIAN se tomaron las oficinas de la firma panameña en Bogotá con el fin de cruzar datos y establecer quiénes le habrían hecho “conejo” al Estado colombiano.
Luego de identificados los diferentes contratos que MF les ofrecía a sus clientes, las autoridades colombianas encontraron nombres de socios ocultos o empresas fachadas para hacer operaciones financieras ilegales. Sin embargo, y de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, ninguno de los grandes nombres que fueron filtrados por la prensa terminaron con líos judiciales. Pero Martínez sí hizo públicamente una promesa sobre este trascendental caso: “Panamá Papers no será una investigación de anaquel y permitirá develar sus ramificaciones internacionales”.
Un año y medio más tarde de desatado el escándalo a nivel mundial, que hizo dimitir a varios políticos europeos y asiáticos, la administración Martínez anunció la apertura de varias líneas de investigación sobre los Panama Papers en Colombia. Entre octubre y diciembre de 2017, el ente investigador llamó a imputación de cargos a 43 personas de las que solo llamaron la atención el nombre de Luz Mary Guerrero, dueña de las reconocidas empresas Efecty y Servientrega. Justo este fue el expediente el que causó revuelo esta semana, ya que un juez absolvió a Guerrero e hizo una fuerte crítica al papel de la Fiscalía, que habría implantado pruebas y plagiado conclusiones.
Quien recibió este revés judicial el pasado viernes en audiencia no fue Néstor Humberto Martínez, sino Martha Lucia Olaya Patiño, fiscal coordinadora del caso Panama Papers desde 2017. Ella e investigadores del CTI fueron fuertemente criticados por el juez del caso e, incluso, dos funcionarias de la DIAN habrían participado de las irregularidades en el caso de la empresaria Guerrero. ¿Pero cuál era la teoría del caso de Fiscalía? Que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca, entre 2010 y 2016, vendió facturas falsas a empresas colombianas con el objetivo de registrar gastos en su contabilidad por servicios no prestados y, de ese manera, sacar recursos de Colombia para cuentas offshore y así poder ocultarlos.
Por estos servicios ilegales, dijo la Fiscalía, los abogados panameños cobraban un porcentaje. Aunque esas empresas estaban en el exterior, los giros correspondientes al pago de las facturas falsas terminaba, en algunas oportunidades, en paraísos fiscales: es decir, en territorios que ofrecen a sus clientes poca o ninguna carga tributaria. Aunque en el caso de Luz Mary Guerrero, la Fiscalía no logró probar su participación y cometió una serie de errores garrafales, hay otros expedientes que muestran que sí hubo una práctica ilegal, pues los investigados aceptaron sus pecados y hasta devolvieron el dinero que trataron de ocultar. El Espectador tuvo acceso a las demás líneas de investigación anunciadas por la Fiscalía, a sus avances y retrocesos, y así está el panorama.
El caso Rymel
Uno de los casos que hoy se encuentra avanzando en la justicia es el de Rubiela Londoño Osorio, antigua cabeza de la tradicional empresa antioqueña Rymel, conocida desde hace 40 años en el gran mercado de las electrificadoras como contratista de EPM, Enel, Celsia, Gas Natural y Electricaribe. La empresa, ubicada en el municipio antioqueño de Copacabana y que cuenta con más de 300 empleados, goza de tal prestigio en el continente que también presta sus servicios en países como Ecuador, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Jamaica, Costa Rica y Panamá.
La acusación de la Fiscalía señala que la representante legal de Rymel en 2013, Londoño Osorio, suscribió un contrato ficticio con una empresa fachada de la firma Mossack Fonseca que está ubicada en Costa Rica: Servicios de Información y Tecnología de Costa Rica. Quien hizo posible la firma de este contrato fue Rey Taylor, un integrante de Mossack Fonseca que en los últimos años fue investigado por su presunta participación en lavado de dineros en el escándalo de corrupción denominado Lava Jato, en Brasil. La investigación de la Fiscalía colombiana dice que las facturas falsas sumaron un total de $3 millones de dólares y que, con la ayuda de Mossack, terminaron en una fundación que estaría ligada a Rymel.
Se trata de la Fundación Social Gualanday (en liquidación), que promueve los derechos de poblaciones vulnerables y de la que públicamente no existe mayor información. En estos momentos, el juicio oral contra Londoño y otros tres altos funcionarios de la compañía se encuentra suspendido, pues se espera que el Tribunal Superior de Medellín decida si permite incorporar una serie de pruebas que la Fiscalía presentó en el juicio, pero que no fueron admitidas por el juzgado municipal que lleva el caso en la capital antioqueña. En medio de las audiencias, la defensa de Londoño ha dicho que las operaciones fueron legales, que su cliente no han cometido delitos y que esperan demostrar su inocencia. En el proceso también hacen parte el contador y revisor fiscal de la sociedad.
El hijo del prestigioso empresario santandereano
La familia Ardila Arenas es un núcleo familiar de la alta sociedad santandereana. Su principal cabeza fue el empresario Rafael Ardila Duarte, reconocido por ser el fundador de Rayco, una popular importadora de electrodomésticos en Colombia, constructor de centros comerciales y exgerente de Empresas Públicas de Bucaramanga. Sin embargo, falleció en junio de 2021. Su hijo, Rafael Eduardo Ardila Arenas, siguió los mismos pasos de su padre en la importación de electrodomésticos, pero a través de su propia empresa: Prodisur.
Esta compañía, según la Fiscalía, también terminó usando los cuestionados servicios de Mossack Fonseca, a través de su sociedad fachada Trade Direct International, con facturas falsas por cerca $ 7.500 millones. En este caso, el abogado de Mossack Fonseca que se encargó de suscribir el contrato con la empresa colombiana, que se firmó en junio de 2011, fue George Allen, otro miembro de la firma panameña que estuvo bajo sospecha por su presunta participación en el caso Lava Jato en Brasil.
La Fiscalía encontró también que de este movimiento de dineros hizo parte The Winterbotham Trust, una compañía que hace este tipo de transacciones bancarias a nivel internacional y que hace presencia en Hong Kong, Bahamas e Islas Caimán. Ardila Arenas fue llamado a juicio penal en septiembre de 2018, pero en noviembre de 2022, un juzgado aprobó la negociación que este realizó con la Fiscalía, sin embargo, de esa audiencia, adelantada bajo reserva, aún no se conocen detalles. De este expeidente también hacen parte el representante legal suplente, el revisor fiscal y contadora de la compañía.
La doctora lituana, víctima del conflicto armado
Uno de los nombres que resalta dentro de los 43 procesados en Colombia por los Panama Papers es el de Saule Sofía Karanauskas Ciuoderis, una médica de padres lituanos que llegaron a Colombia en los años 40, luego de que su país fuera invadido por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que se sabe sobre esta mujer, que trabajó durante muchos años en la Clínica Shaio en Bogotá, es que a finales de los años 90 decidió montar en Villavicencio su propia clínica de medicina nuclear, luego de ver a varios de sus pacientes, algunos de ellos con cáncer, trasladarse durante varias horas desde la capital del Meta hasta la capital del país.
Karanauskas creó en Villavicencio Medicina Nuclear Diagnostica, uno de los centros clínicos más prestigiosos en la Orinoquía, pero que, según la Fiscalía, también contrató los servicios de Mossack Fonseca, a través de la firma Trade Direct International, que emitió facturas falsas por $200 millones, en 2013. La Fiscalía encontró que el centro clínico era administrado por Maritza Márquez -quien aceptó cargos y fue condenada en agosto de 2022- y que los dineros movidos por la firma panameña terminaban en la Fundación Baltimore, que está a nombre de la doctora de origen lituano. El Espectador conoció que Karanauskas iba a ser acusada en enero de 2022, pero actualmente negocia con la Fiscalía. Por estos hechos también fueron condenados el contador y revisor fiscal de Medicina Nuclear Diagnostica S.A.S.
Esta no es la primera vez que Saule Karanauskas es mencionada públicamente. El 1 de abril de 2003, cuando su hijo Vytis tenía tres años, fue secuestrado por un grupo de criminales que pretendía venderlo a las Farc. El caso trascendió a tal nivel que recibió el apoyo del entonces alcalde de Bogotá -también de origen lituano- Antanas Mockus y del exvicepresidente Francisco Santos, fundador de País Libre, quien pronto convocó a una multitudinaria marcha para pedir la liberación de Vytis. Siete días después del rapto, ocurrido en Villavicencio, el menor fue rescatado en el barrio Castilla de Bogotá en un operativo liderado por el entonces coronel de la Policía, Humberto Guatibonza.
Las hermanas de la moda, socias de Louis Vuitton
Las hermanas Manuela y Amalia Sierra Gutiérrez llevan más 20 años de carrera exitosa en la industria de la moda. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, tienen un gran lunar: haber usado los servicios de Mossack Fonseca a través de su empresa MAS SAS. Detrás de esta sociedad opera la reconocida marca antioqueña de ropa Maaji, que desde 2017 es controlada por LVMH Moët Hennessy, el conglomerado francés presidido por el multimillonario Bernard Arnault y que controla marcas como Loro Piana, Dior, Celine y Loewe. Maaji también está certificada por B Lab, una entidad sin fines de lucro estadounidense que evalúa varias facetas de las empresas, entre ellas, la transparencia.
Este último es un asunto que, para la Fiscalía, la sociedad MAS SAS no ha cumplido del todo. Incluso, las mismas hermanas Sierra Gutiérrez aceptaron su responsabilidad y fueron condenadas a nueve meses de prisión, sin embargo, no fueron privadas de su libertad, pues pagaron $57 millones a la DIAN, suma que equivale al dinero que evadieron con las facturas falsas de Mossack Fonseca. Por este caso también fue condenados el revisor fiscal y contador de la sociedad cuestionada.
El Heraldo de Barranquilla
La antigua representante legal del medio de comunicación fue señalada por la Fiscalía General de usar los mismos servicio de Mossack Fonseca para evadir impuestos. Se trata de Elaine Abuchaibe Auad, quien asumió la gerencia del periódico en 2011 y lo abandonó en junio de 2016. Desde entonces, se ha sabido muy poco sobre ella, solo que dirige Estrategia Empresarial AG, una conocida firma consultora barranquillera. Según los registros de la rama judicial, el caso contra ella avanza en un juzgado de Barranquilla, pero de manera restringida. En este expediente también fueron llamados a imputación Beder Bernardo Pinto Mejía y María Fernanda Fadul Pineda, quienes se desempeñaban como contador y revisor fiscal de la sociedad El Heraldo respectivamente.
Abuchaibe y otros dos funcionarios, el contador y revisor fiscal, fueron imputados por el delito de falsedad ideológica en documento privado y su caso avanza en total sigilo, aunque ni la Fiscalía ni el juzgado explicaron por qué. El Espectador se contactó con la antigua gerente del Heraldo para preguntarle por el caso, pero no contestó. En octubre de 2017, cuando se conoció el llamado a imputación, El Heraldo señaló, a través de un comunicado de prensa, que manifestaban “su respeto por la justicia y que daría todas las explicaciones del caso en su debida oportunidad”.
La firma aliada de Disney, Éxito y Falabella
Otro empresario relacionado con la industria textil que terminó involucrado en los Panama Papers es Luis Alejandro Orrego Peláez, representante de Artextil, la empresa colomboecuatoriana con más de 40 años de trayectoria y que brinda sus servicios de estampación a más de 100 empresas, entre ellas: Disney, Falabella, EPM, Gef, Éxito, Mattelsa, Chevignon, Off Corss, Nafnaf, Punto Blanco, Tennis, Studio F, Leonisa, Americanino, Baby Fresh, Diane & Geordi, Pacifik, Bronzini, Agua bendita, Zumba y hasta Maaji (la de las hermanas Sierra Gutiérrez). Al igual que ellas, el empresario Orrego Peláez también aceptó que usó los polémicos servicios de Mossack Fonseca.
Este diario pudo establecer que firmó un principio de oportunidad el cual fue avalado por un juez en 2021. Sin embargo, cuando este diario quiso acceder a dicha audiencia, el juzgado del caso lo negó, alegando que se trataba de una diligencia reservada. Por ende, no se sabe cuánto dinero devolvió a la DIAN, si nla cifra correspondía al monto que habría evadido gracias a las maniobras ilegales de la firma panameña. El Espectador consultó tanto a la defensa de Orrego, como al abogado de la DIAN en el caso, pero tampoco precisaron cuánto fue la suma entregada como reparación al Estado colombiano. En este caso también fueron condenados el contador y revisor fiscal de Artextil S.A.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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