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La administración del presidente Gustavo Petro trabaja en una transformación del sistema y las condiciones para que los ciudadanos extranjeros accedan al estatus de refugiados en Colombia. Este diario conoció los documentos y las cifras con los que la Cancillería ajusta los detalles para emitir un decreto que atienda el creciente número de solicitudes que ha generado caos en sus oficinas; todo esto en medio de la agitada relación entre Bogotá y Caracas por cuenta del futuro político de ese país con Nicolás Maduro.
El repunte de los casos se viene dando desde el 2017, año en el que el país registró 625. La magnitud del problema salta a la vista cuando se observa que en 2021 la cifra llegó a 15.954 y este año, con corte a agosto, se superaron los 68.000. La cantidad de peticiones generó un represamiento que extendió hasta tres años el tiempo necesario para resolver cada proceso, lo que a su vez derivó en una avalancha de derechos de petición (4.821 en 2023) y tutelas (472 ese mismo año).
La justicia e incluso organizaciones internacionales han puesto el tema bajo su lupa y pidieron una rápida respuesta del Gobierno. A finales del año pasado, la Corte Constitucional le ordenó al Ejecutivo poner en marcha una política pública para resolver la problemática estructural de “saturación y congestión en el trámite de las solicitudes de refugio”. Y en septiembre de este año, Human Right Watch, cuya dirección para las Américas está a cargo de la excongresista Juanita Goebertus, también reclamó una solución, subrayando que la situación vulnera la protección de los migrantes.
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Durante todo el año la Cancillería ha estado al frente del problema y puso el pie en el acelerador tras la crisis política que se desató en Venezuela con las elecciones presidenciales de julio pasado, en las que Nicolás Maduro se proclamó victorioso y la oposición denunció fraude. De acuerdo con varias organizaciones sociales, esa coyuntura detonó un incremento en los casos de perseguidos políticos que llegaron a Colombia en busca de asilo.
Según la Fundación Juntos Se Puede, enfocada en los temas migratorios, después de las elecciones cerca de 170 venezolanos, varios de ellos periodistas, activistas y políticos, solicitaron refugio en Colombia, pero resultaron afectados por las demoras. Cabe anotar que una vez la persona extranjera hace la petición, el gobierno le otorga un salvoconducto temporal, hasta que se defina el caso de fondo, que la autoriza a circular por el país y acceder, por ejemplo, a los servicios de salud, pero que no le permite obtener un trabajo formal.
Esta situación es, para varios migrantes, un asunto a resolver por parte de la Cancillería, pues señalan que de nada sirve el permiso si no pueden ejercer sus actividades de sustento.
En este punto aparecen los dilemas para Colombia, los cuales quedan reflejados en los documentos que sustentan el decreto que se publicará próximamente. Según la Cancillería, miles de venezolanos han solicitado el reconocimiento como refugiados para regularizar su situación migratoria, pero no todos requieren protección internacional, por lo cual no clasifican para el asilo. Esta, precisamente, es una de las causas de la sobrecarga del sistema, también reflejada en cifras como la de solo un 1,95 % de refugiados reconocidos.
Se trata de un inconveniente similar al que surgió el martes en la relación entre Colombia y Reino Unido, por el cual esta última nación volvió a hacer obligatoria la visa para los nacionales que quieran visitarlos y generó una respuesta del presidente Petro en la que se invocó el principio de reciprocidad para plantear que los británicos también deban solicitar visa si quieren venir al país.
El Gobierno reconoce que es urgente modificar el procedimiento para otorgar asilo, pues actualmente se rige por una norma escrita hace 40 años y apenas modificada en 2013. El primer paso que plantea el borrador de decreto es simplificar los trámites en la burocracia interna, pues en el procedimiento actual intervienen el Grupo Interno de Trabajo para la Determinación de la Condición de Refugiado, la Secretaría Técnica de la Comisión Asesora para la Determinación de Refugiado, el propio ministro de Relaciones Exteriores y la Comisión Asesora para la Determinación de Refugiado (Conare).
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Con la nueva norma, la Conare saldría del proceso y pasaría a asesorar al Ejecutivo en la política de protección internacional, ya que en su interior hay un número de actores que dificultan la decisión: el vicecanciller, el viceministro de Asuntos Multilaterales, el jefe de la oficina jurídica, el director de Derechos Humanos, el director Asuntos Migratorios, el coordinador del grupo de visas y el director o delegado de Migración Colombia.
El otro cambio sustancial se aplicará a las reglas del salvoconducto de permanencia. Actualmente este se entrega por 180 días, prorrogables por lapsos iguales, mientras se resuelve la solicitud. Con el nuevo decreto el plazo podría ampliarse y, en cualquier caso, ser definido únicamente por el ministerio. Además, se incluye un ingrediente que resolvería el problema de vinculación al mercado laboral.
“Este documento le permitirá la permanencia regular en el territorio nacional y el ejercicio de actividades u ocupaciones, conforme a los requisitos establecidos en la legislación laboral, tributaria, migratoria y demás normas concordantes colombianas”, se lee en el proyecto de decreto. Hay que resaltar que en casos distintos al de asilo el salvoconducto solo servirá por 30 días.
La memoria justificativa y la propuesta de normativa se conocieron este martes 26 de noviembre, por lo cual los interesados, entre quienes seguramente estarán las fundaciones y organismos internacionales que trabajan por los migrantes, tendrán hasta el 11 de diciembre para exponer sus comentarios y plantear debates en torno a la medida.
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Una vez resuelta esta etapa, el decreto será firmado por el canciller Luis Gilberto Murillo y el presidente Gustavo Petro, con lo cual empezaría a regir desde el 1 de julio de 2025, según el proyecto. La fecha es clave, porque para ese momento ya se conocerá el rumbo que podrían tomar las relaciones entre el gobierno colombiano y el régimen de Nicolás Maduro, quien ya prepara su posesión para el próximo 10 de enero.
Al ser interrogado al respecto, el canciller aseguró que el Gobierno no ha cambiado de parecer y que si antes de esa fecha no se conocen las actas electorales, no reconocerán la victoria de Maduro. De hecho, aunque éste ya invitó a Petro a su tercera toma de juramento, desde la Casa de Nariño retrasarán la respuesta para analizar cuál es el mejor camino diplomático.
Sin embargo, fuentes del Gobierno señalaron que no reconocer a Maduro no implica romper relaciones diplomáticas y comerciales, ya que, por el contrario, la apuesta de Petro es estrechar dichos lazos. El problema migratorio es, precisamente, una de las razones para tratar de mantener abiertos todos los canales de diálogos entre Bogotá y Caracas.
Petro y Murillo se juegan parte de su credibilidad política con las reacciones al tema Maduro, por lo cual no quieren dejar ningún cabo suelto y ajustar las medidas para atender los asuntos de seguridad, paz, comercio, intercambio cultural y, como ya se ha dicho, la migración y sus múltiples retos.
Este es el decreto que cambiaría solicitudes de asilo y refugio
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