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Las explosiones comenzaron antes del amanecer, sacudiendo el suelo y haciendo vibrar las ventanas en la oscuridad. Y con ellas, dijeron los vecinos de la localidad, llegó el revelador zumbido de los drones.
“Sabíamos que ya venía el diablo”, dijo Ana, madre de seis hijos, quien tomó a sus niños y corrió mientras los hombres armados se acercaban para enfrentarse.
Semanas después, su pueblo aún mostraba las cicatrices. Había agujeros en los tejados donde los drones habían lanzado bombas. Se veían cráteres abiertos donde habían explotado minas terrestres. Los casquillos calibre .50 resplandecían en la tierra.
El enfrentamiento no ocurrió en una zona de guerra de Ucrania o Medio Oriente, y los combatientes no pertenecían a ningún ejército. Eran grupos criminales con armas de uso militar que luchaban a apenas unos cientos de kilómetros de la frontera con Estados Unidos, en el estado de Michoacán, en el occidente de México.
Algunos de los cárteles más poderosos del país están inmersos en una violenta carrera armamentista en múltiples frentes. Por un lado, luchan contra el gobierno de México, que se encuentra sometido a una intensa presión por parte de Estados Unidos para que tome medidas enérgicas contra el tráfico de drogas. Pero también combaten entre ellos por el territorio y los recursos, provocando un saldo mortal entre sus miembros y los civiles que se ven atrapados en medio del conflicto.
Ahora, el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono que comience a utilizar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga designados como grupos terroristas. La instrucción ha enfurecido a los líderes mexicanos, que han expresado su rechazo a la idea de que las fuerzas estadounidenses entren en territorio mexicano. Sin embargo, a pesar de sus desacuerdos sobre las medidas que se deben tomar, funcionarios y analistas de seguridad de ambos países coinciden en que los cárteles están acumulando nuevos niveles de potencia de fuego, lo que está transformando a algunos grupos en auténticas fuerzas paramilitares.
Los traficantes de drogas y los hombres armados de los cárteles ya no utilizan simples pistolas o rifles automáticos, dicen funcionarios y expertos, sino también minas Claymore, granadas propulsadas por cohetes, morteros fabricados a partir de tubos de tanques de gasolina y camiones blindados equipados con ametralladoras pesadas. Están enterrando artefactos explosivos improvisados para matar a sus rivales y modificando drones comprados por internet para convertirlos en drones de ataque, cargados con sustancias químicas tóxicas y bombas.
“No podemos seguir tratando a estos tipos como si fueran pandillas callejeras locales”, declaró el mes pasado el secretario de Estado Marco Rubio a EWTN, una cadena de televisión católica. “Tienen armamento similar al que tienen los terroristas y, en algunos casos, los ejércitos”.
Las autoridades mexicanas dicen que la mayoría de las armas de grado militar que han adquirido algunos grupos poderosos proceden de Estados Unidos, y que cada año se introducen de contrabando hasta medio millón de armas de fuego a través de la frontera. Las autoridades dicen que los delincuentes también hacen trabajos de ingeniería inversa con las armas, a veces imprimiendo piezas en 3D para fabricarlas.
En ningún lugar son más evidentes las consecuencias de este arsenal diverso y en expansión que en las escarpadas colinas de Tierra Caliente, en Michoacán, una extensión de tierras agrícolas fértiles y montañas exuberantes que se ha convertido en un corredor estratégico para el cultivo de drogas.
La batalla por el control de la zona entre grupos rivales —entre ellos los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y el grupo con mayor poderío militar, el Cártel Jalisco Nueva Generación— ha impulsado la lucha hacia una era nueva, más brutal.
Una guerra transformada
Al igual que otros grupos armados de todo el mundo, los cárteles combinan armas antiguas y nuevas con efectos letales. Los drones sobrevuelan Michoacán, mientras las carreteras y caminos, utilizados tanto por soldados como por civiles, están sembrados de artefactos explosivos improvisados.
En los últimos dos años, el estado ha registrado más explosiones de minas que en cualquier otro lugar de México; un escalofriante indicador de la evolución de la guerra contra las drogas, según los expertos.
Entre las cambiantes líneas del frente de las bandas y las fuerzas de seguridad se encuentran decenas de pueblos agrícolas, con sus campos de limón y aguacate ubicados en lo profundo de las colinas. Muchos carecen de servicio telefónico, lo que los deja prácticamente abandonados a su suerte. Ana, la madre de la localidad que fue atacada, El Guayabo, reveló solo su primer nombre por temor a represalias de los delincuentes.
Cuando se acercan los combates, la mayoría de los residentes huyen, a veces durante semanas o meses. Algunos nunca regresan, dejando los pueblos desiertos. En casi dos años, más de 2000 personas de Michoacán han sido desplazadas, de acuerdo con grupos de derechos humanos. Aquellos que se quedan corren el riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado.
Tan solo en los últimos cinco meses, al menos 10 civiles, entre ellos un niño de 14 años, han sido asesinados por explosivos ocultos mientras trabajaban en el campo o caminaban a la escuela, según Julio Franco, asesor del Observatorio de Seguridad Humana, un grupo que monitorea la violencia.
Analistas de seguridad y funcionarios mexicanos señalan que los cárteles comenzaron a militarizarse a mediados de la década de 2000, cuando los Zetas, un grupo formado por antiguos miembros del ejército, introdujeron la disciplina del campo de batalla, las comunicaciones encriptadas y el armamento pesado al crimen organizado.
A medida que los Zetas adquirían más arsenal militar, sus rivales hacían lo mismo para intentar competir. Las fuerzas de seguridad mexicanas también respondieron con tácticas y equipos cada vez más sofisticados. Más recientemente, Estados Unidos aportó su propia tecnología, incluyendo drones que buscan laboratorios de fentanilo.
En 2015, la transformación que se estaba gestando se hizo evidente cuando miembros de un cártel en el estado de Jalisco derribaron un helicóptero del ejército mexicano con un lanzagranadas propulsado por cohetes, matando a seis soldados. Era la primera vez que un grupo criminal destruía un avión militar en México.
En 2022, la inteligencia militar mexicana informó que los grupos criminales estaban utilizando “rutinariamente” artefactos explosivos improvisados, drones y nuevas tácticas.
“Estamos viendo la última fase de la guerra, en la que algunos grupos han adoptado tácticas de guerrillas y herramientas de tipo paramilitar”, dijo Alexei Chávez, un consultor en seguridad que ha asesorado al ejército mexicano.
Así como los drones, que son baratos y fáciles de modificar, han proliferado en los campos de batalla de Ucrania, su uso por parte de los cárteles —para la vigilancia y los bombardeos de precisión— ha aumentado drásticamente en los últimos años, de acuerdo con funcionarios gubernamentales, expertos en seguridad y analistas.
Los drones permiten a los delincuentes “atacar a sus rivales o a las fuerzas de seguridad con mucha mayor precisión” que las rudimentarias bombas de las que antes dependían, dijo Vanda Felbab-Brown, experta en grupos armados no estatales de la Brookings Institution. “Con los drones”, dijo, “los cárteles han adquirido la capacidad de atacar en profundidad el territorio enemigo; de alcanzar objetivos que antes habrían sido inalcanzables”.
Para prepararse ante el aumento de la presión del gobierno de Trump, los grupos criminales también comenzaron a importar detectores para ubicar los drones del gobierno y a contratar más personas con experiencia en el manejo y rastreo de estas aeronaves, según han dicho miembros de los cárteles en entrevistas recientes. Como medida adicional, dijeron, aumentaron los envíos de armas desde Estados Unidos.
18 agentes, miles de bombas
Ante estas nuevas amenazas, la policía de México con frecuencia se ha visto ampliamente superada en armamento.
“Siempre nos han llevado ventaja”, dijo Alfredo Ortega, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán, que salió del cargo el año pasado. “Tienen recursos ilimitados y acceso a algunas armas y tecnología que nuestras policías locales ni siquiera tienen. Nos atacaban con Barretts calibre .50, y nuestras policías no tenían ningún arma que se pareciera”.
Para hacer frente a la amenaza, Ortega formó en 2023 un equipo antiexplosivos especializado compuesto por policías, muchos de ellos con experiencia militar, dirigido por el capitán Mario Gómez, un exoficial del ejército y experto en desactivación de artefactos explosivos.
En una operación realizada el año pasado, Gómez encontró extensos complejos que funcionaban como plantas de ensamblaje, dijo. En su interior, los trabajadores habían soldado blindajes improvisados en vehículos, fabricado explosivos caseros y construido morteros improvisados a partir de tubos de tanques de gasolina, que rellenaban con explosivos.
Gómez dijo que su unidad, integrada por 18 miembros, está severamente rebasada por la magnitud de la amenaza que enfrenta.
Incluso el ejército mexicano carece de vehículos resistentes a las minas y protegidos contra emboscadas, conocidos como MRAP, como los desarrollados por Estados Unidos para proteger a las tropas de los artefactos explosivos improvisados en Irak y Afganistán. A medida que los explosivos improvisados se convirtieron en un sello distintivo de las insurgencias, los ejércitos de todo el mundo adoptaron estos vehículos blindados para salvar vidas. México no lo ha hecho.
Em julio, Gómez y sus hombres respondieron a la llamada de un agricultor sobre una posible bomba en la carretera. Cuando llegaron, encontraron todo un complejo del cártel en las cercanías y recuperaron 258 artefactos explosivos improvisados, que desactivaron uno a uno durante 14 horas bajo un calor sofocante.
A la mañana siguiente, su convoy fue emboscado por hombres armados, dijo Gómez, quien recibió un disparo que le atravesó la mano y le dejó una larga cicatriz abultada.
Tan solo en los últimos dos años, dijo, su equipo ha incautado más de 2000 artefactos explosivos improvisados y bombas caseras destinadas a ser utilizadas con drones o morteros sencillos.
La mayoría son artefactos rudimentarios. Las carcasas suelen estar hechas con botellas de plástico, tubos de desagüe cortados e incluso extintores. A los dispositivos se les colocan aletas de acero, vidrio y plástico para estabilizar las bombas durante el vuelo. En su interior contienen pólvora casera y nitrato de amonio con combustible, un explosivo utilizado a menudo en la minería y la construcción.
“Estos artefactos pueden causar el mismo daño que bombas de fábrica e industriales”, explicó Gómez, señalando una muestra de decenas de bombas improvisadas desactivadas por su unidad. “Siempre están innovando, experimentando, buscando formas de causar más daño”.
En un hallazgo reciente hecho en junio, dijo, su unidad encontró una granada de 40 milímetros modificada para ser lanzada desde un dron, la primera de este tipo documentada en México.
Según las autoridades, los cárteles también fabrican cada vez más bombas químicas, cargando drones con compuestos como el fosfuro de aluminio, un pesticida tóxico que puede provocar hipoxia y fallo circulatorio, así como otros pesticidas y venenos.
En abril, un cártel lanzó este tipo de bombas en tres localidades del sureste de Michoacán, donde los residentes dijeron a los medios de comunicación locales que sentían picazón, ardor en la piel y, en algunos casos, una sensación de asfixia.
Ortega señaló que el aumento de los drones y los artefactos explosivos improvisados coincidió con la llegada de ciudadanos colombianos, exsoldados reclutados para entrenar a los combatientes del cártel. En apenas siete meses, las autoridades estatales han detenido a 53 extranjeros acusados de tener vínculos con el crimen organizado, entre ellos 23 colombianos y 22 venezolanos.
El gobierno mexicano, presionado por Trump, ha llevado a cabo una agresiva campaña de represión, desplegando miles de soldados en estados como Michoacán. Pero las autoridades también han culpado a Estados Unidos de avivar la violencia al fabricar las armas que acaban en manos de los cárteles.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en marzo que cualquier estrategia real contra el crimen organizado debería comenzar por cortar el acceso a “armas de alto poder de uso militar”. Afirmó que el 70 por ciento de ese tipo de armas que circulan en México procedían de Estados Unidos.
El gobierno ha presentado dos demandas contra fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos de enviar un “río de hierro” de armas hacia los cárteles. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por unanimidad una de esas demandas, dictaminando que la legislación protege a los fabricantes de armas de cualquier responsabilidad en ciertos casos.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos dijo en un comunicado que trabaja “en estrecha colaboración con socios de las fuerzas del orden nacionales e internacionales para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego”. La agencia señaló recientemente que los cárteles utilizan una amplia gama de armas, entre ellas el rifle semiautomático Barrett M82 calibre .50, un arma diseñada para perforar vehículos ligeros y posiciones fortificadas. Este a menudo es utilizado por francotiradores.
Los propios cárteles suelen hacer ostentación de sus armas, y sus miembros publican videos y fotos en internet o en grupos de WhatsApp. En una imagen reciente, un escuadrón con uniformes de estilo militar que llevaba la insignia del cártel de Jalisco empuñaba armas como una ametralladora pesada Browning M2 calibre .50, un arma básica en el campo de batalla para los ejércitos de Estados Unidos y de todo el mundo.
Las armas dejan un rastro de destrucción a su paso.
Pablo Fajardo, vecino de El Guayabo, encontró recientemente su casa de dos habitaciones convertida en una ruina carbonizada, con agujeros en el techo causados por drones bombarderos. Dijo que sentía miedo y tristeza. “Todo ese esfuerzo y trabajo que me costó para construir mi casita y mi tienda”, comentó, “y lo destruyeron todo en unos días”.
*Emiliano Rodríguez Mega colaboró con reportería desde Ciudad de México.
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