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En respuesta al editorial del 22 de junio de 2023, titulado “Contar cabezas en las marchas es inútil”.
Luego de la voluntad del constituyente primario expresada mediante el voto popular, las marchas del conglomerado social son la máxima expresión de la democracia, aun cuando no fueron consagradas como un mecanismo de participación ciudadana en la Constitución de 1991.
La génesis de la movilización ciudadana es exponer el repudio generalizado, lo cual demanda establecer el número de ciudadanos que se manifiestan, dado que, más que un deporte nacional (como lo calificó el editorial de El Espectador), es un deber cívico que les asiste a quienes sinceramente les duele la patria. Es menester resaltar que las marchas son la alternativa de quienes no pueden participar directamente en las decisiones que toman los políticos; por consiguiente, estas le conceden la potestad a la población de demostrarle al gobierno de turno su insatisfacción como consecuencia directa de su accionar (buenos o malos, cada uno tendrá sus motivos para manifestarse).
Coincidimos en que no es normal ni reúne los parámetros de estética y seriedad que fuera el Gobierno de turno quien en su momento hubiese convocado a marchas para defender sus proyectos de reforma. En nuestra consideración, el Gobierno nacional cometió dos errores: el primero, haber agitado a sus propios electores para marchar por causas que la mayoría desconocía. El segundo, haberle demostrado tácitamente a la oposición una enorme carencia de legitimidad, toda vez que le salieron menos personas al presidente en ejercicio que al opositor. Lo antecedente nos permite colegir que el presidente tenía mayor capacidad de convocatoria cuando era opositor y candidato; es una realidad actual que está perdiendo adeptos.
Con lo que observamos el pasado 20 de junio tenemos certeza de que la insatisfacción con el Gobierno nacional es cada vez mayor; ello no es susceptible de ocultarse. Esta vez el descontento fue ciudadano, por lo cual no sería prudente reconocer que la presencia de algunos políticos con intereses electorales haya sido determinante. De hecho, algunos sujetos que se han autoproclamado líderes de la oposición asistieron en calidad de ciudadanos, lo que no quiere decir que no hayan utilizado la participación en la manifestación para ambientar sus aspiraciones regionales en la contienda del 29 de octubre.
Por otra parte, es cierto que no todos los colombianos salieron a marchar, pues habrá diversos motivos que tendríamos que analizar. No obstante, los interrogantes puntuales que nos inquietan son los siguientes: ¿por qué el Gobierno nacional y el Pacto Histórico no rememoran cuando eran opositores y pedían al anterior gobierno que los escuchara, pero hoy ignoran lo propio con los miles de colombianos que marcharon el 20 de junio? ¿Acaso tienen que ser millones de colombianos quienes marchen para que el Gobierno nacional atienda sus preocupaciones? ¿Dónde quedó el pluralismo ético y cívico que promulgó el presidente Petro en campaña?
Las marchas se miden por el número de manifestantes: bien sean 100.000 o dos millones de colombianos, sí persiste una insatisfacción ciudadana que debe atender el Gobierno nacional.