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Beatriz Rincón*, una panameña que prefiere resguardar su identidad por las denuncias que lleva en el caso del proyecto Miramar, se lamenta por haber confiado en las promesas de dos empresas lideradas por colombianos. “Invertí los ahorros de 20 años en esta iniciativa y siento que perdí todo mi dinero. Es desolador, ha sido el peor desgaste de mi vida”, comenta Rincón mientras muestra el documento que prueba la transacción por 44,335 dólares que hizo en 2013 a cambio de un lote que transformaría en el lugar de descanso de ella y su familia. (Le recomendamos: “La gran estafa”, denuncian a colombianos que vendían lotes campestres en Panamá)
Tras años de trabajo, Beatriz Rincón estaba cerca de la jubilación y, una vez consultó con personas cercanas, tomó la decisión de invertir sus ahorros en el proyecto PH Poblado Campestre Miramar. Con la ilusión de tener un lugar de descanso propio, Rincón consignó en enero de 2013 la totalidad del valor de un predio en la zona y esperó la entrega formal de este. Han pasado nueve años desde la transacción y, a la fecha, el proyecto no tiene planta de aguas residuales, el sistema eléctrico está incompleto y es incierta la entrega de los lotes culminados. “Fue una total estafa, nos prometieron un sitio gigantesco y durante años han sacado excusas. Es la hora que no tenemos nada”, asegura.
En agosto de 2009, los colombianos José Alejandro Echeverri, Juan Camilo Toro y Héctor Briceño inscribieron la empresa Promotora Poblados Panamá S.A. La junta directiva de la compañía acordó la ejecución del megaproyecto PH Poblado Campestre Miramar, ubicado en El Higo de San Carlos, en la Provincia de Panamá. Su planeación estipuló un terreno de 28 hectáreas, divididas en 388 lotes, y se acordó la entrega en siete etapas. Desde la creación del proyecto, se prometió a los compradores que este incluiría áreas sociales con terrazas, piscina para adultos y niños, jacuzzi, bar húmedo, restaurante, salas de video y juegos, cancha de tenis, cancha de voleibol de playa, golfito, parque infantil, minimercado, hotel, entre otros servicios.
En 2010 empezó la publicidad y venta del proyecto Miramar en el que cada lote costaba un aproximado de 45.000 dólares. De la misma forma, como se estipuló en el proyecto Aquamar (Ver: Aquamar: el club campestre en Panamá que defraudó a más de 200 familias), el plan de Miramar también consistió en que cada persona compraba un lote y, posteriormente, diseñaba e invertía en la construcción de una casa. A la fecha, entre escriturados, pagados, en financiación y bloqueados, hay más de 300 lotes vendidos en el terreno.
Beatriz Rincón cuenta que, una vez pagó la totalidad de su lote, no le dieron la respectiva escritura del predio y empezó a ver irregularidades en el avance del proyecto Miramar. “Daban vueltas y vueltas, uno ya veía todo el terreno abandonado, no avanzaba en nada. Construyeron la piscina, la sala de ventas y una casa modelo para enganchar y hacer que las personas compraran lotes”, comenta. Además, Rincón denuncia que las empresas responsables del proyecto cambiaban de lugar de atención al usuario constantemente, por lo que se tornaba difícil y tedioso encontrar una respuesta concreta sobre el futuro del proyecto. (Le puede interesar: El pesebre de marihuana que crece en el norte del Cauca)
En 2016, a los propietarios del proyecto Miramar les llegó un boletín informativo que anunciaba el acuerdo entre Promotora Poblados Panamá S.A. y Land Developers Group, una acción para impulsar la finalización de lo prometido. “Esta alianza significa un gran apoyo para el desarrollo de nuestro proyecto, nos permite fortalecernos y hacer que el futuro de este Poblado Campestre cada día esté más cercano a todos ustedes. Ponemos en marcha una acción estratégica que nos permitirá una mayor expansión y que traerá muchos beneficios para el desarrollo de nuestros proyectos”, estipula el documento.
Después de cuatro años de ese comunicado y la constante incertidumbre de haber perdido los ahorros para su vejez, en 2020 Rincón empezó la coordinación para reunir a todos los copropietarios del proyecto Miramar y poder contactar al resto de familias que compraron los casi 300 lotes. En su momento, publicaron una carta contando los hechos. “Denunciamos 10 años de mentiras y sueños truncados de cientos de personas que colocaron sus ahorros y dineros de jubilación para tener un lugar de descanso. Luego de trabajo arduo durante su vida para que la Promotora Poblados Panamá S.A. y Land Developers, representada legalmente hoy por Héctor Briceño Martínez, nos hurten nuestro dinero de una forma tan descarada, estafándonos”, establece la publicación.
Héctor Briceño Martínez, representante legal de la alianza entre Promotora Poblados Panamá S.A. y Land Developers Group, al ser contactado por El Espectador sobre las quejas, denuncias y demás procesos jurídicos que han presentado algunos compradores en su contra, señala que “el proyecto Miramar tiene un 80% de avance en los lotes. La mayoría de los lotes tienen sus servicios y están para la entrega material, lo que ocurrió aquí es que cinco propietarios embargaron los lotes (fincas), que aún no habían sido escrituradas y que estaban para la entrega. Este proceso de escrituración se retrasó porque muchos de los compradores aún no han terminado de cancelar sus lotes y quienes ya habían cancelado no habían culminado y cancelado el proceso de escrituración”.
Además, Briceño asegura que parte de la responsabilidad en la tardanza del proyecto es culpa de las familias que invirtieron porque no han terminado de pagar. “El proyecto de Miramar aun cuenta con una cartera de clientes o compradores que adeuda a la promotora y que ha sido imposible que terminen de cancelar. De igual manera, este proyecto, cumpliendo con la legislación panameña, se constituyó en Propiedad Horizontal (P.H.), sin embargo, es la promotora la que ha mantenido las piscinas, áreas verdes, vialidad, electricidad, restaurante, sala de eventos, parques, canchas, y demás instalaciones físicas con las que cuenta el mismo”, comenta.
En 2017, la Promotora Poblados Panamá S.A. celebró un contrato de crédito comercial con Canal Bank S.A. por quinientos mil dólares (US$500.000.00), poniendo como garantía de pago 28 lotes del proyecto Miramar, entre estos se incluyeron predios que fueron vendidos a familias panameñas. Como el pago del crédito no se realizó en los tiempos estipulados, la entidad financiera solicitó el secuestro de los lotes presentados como garantía. A la fecha, los 28 predios están embargados y las familias que invirtieron denuncian que no saben qué va a pasar con estos terrenos a los que les apostaron sus ahorros.
Por lo pronto, después de 13 años del inicio del proyecto Miramar su futuro es incierto y la inversión de cientos de familias panameñas y extranjeras está en vilo. A pesar del desgaste que ha conllevado el proceso que empezó como una ilusión para Beatriz Rincón y su familia, la panameña está convencida de que se deben agotar todos los mecanismos para recuperar el dinero de los propietarios. En la actualidad, está liderando denuncias penales contra los representantes de la Promotora Poblados Panamá S.A. y Land Developers Group por incumplimiento del proyecto Miramar.
*Se reservó su verdadera identidad a petición de la fuente, por los procesos jurídicos que lleva en el caso Miramar.
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