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Sorprende, por decir lo menos, la insistencia del ministro del Interior Juan Fernando Cristo y de la mayoría de congresistas de aprobar una reforma constitucional que busca incrementar en cerca del 40 por ciento el monto que reciben los departamentos, distritos y municipios del país a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Por supuesto, el propósito de incrementar los recursos de los entes territoriales suena loable porque, en teoría, van a mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos y a consolidar la descentralización.
Pero no todo es color de rosa. Es evidente, o por lo menos muy probable, que esto se utilice como bandera de campaña por quienes aspiran a ser reelegidos o a ser candidatos presidenciales en el 2026. De no hacerlo, podrían estar en desventaja en la contienda electoral. Sin embargo, no deja de sorprender y es preocupante que no estén escuchando las voces de alarma que han emitido académicos, directores de centros de pensamiento económico, exministros de Hacienda e incluso Ricardo Bonilla, quien ejerce ese cargo, y el Banco de la República, en el sentido de que se aumentará el ya preocupante déficit fiscal y la deuda externa del país. Con el argumento de que son tecnócratas que desconocen la realidad de las regiones, los descalifican o simplemente los ignoran.
Lo que está sucediendo en el Icetex es otro ejemplo de lo que pasa en muchas entidades públicas e incluso con afectaciones financieras en las privadas. Debido a la falta de recursos, cientos de estudiantes se han visto afectados y no han podido obtener o renovar préstamos para su educación superior, por lo que posiblemente van a verse obligados posponer o incluso a no cumplir el sueño de poder estudiar. Frente a esta situación, el ministro de Educación, Daniel Rojas, afirmó que la aprobación de la reforma tributaria del Gobierno en el Congreso, proyecto que ni siquiera se ha presentado, es la única solución para salvar a la institución. Esto suena a presión indebida de un miembro del Gobierno al legislativo. Además, informó que el Gobierno está preparando un proyecto para convertirla en un banco de primer piso. Ministro, entre tanto, ¿usted qué va a hacer? ¿Esperar a que el Icetex se muera?
Otro riesgo es que, de aprobarse este proyecto, la corrupción que azota a muchos departamentos y municipios se incremente, no solamente por el aumento de los recursos sino por las facultades que la ley les otorga a los mandatarios la ley que los administren. No olvidemos que los contralores departamentales, distritales y municipales son elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales respectivamente Si bien esto debe hacerse “mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género”, con frecuencia esto se traduce en que los gobernantes en ejercicio influyan en la elección y en las decisiones de los miembros de esas corporaciones. Nuevamente, los intereses políticos y las prebendas resultantes de los apoyos electorales se conviertan en barreras para la transparencia.
Por difícil que sea aceptarlo, mientras los intereses electorales particulares prevalezcan sobre el interés público, los perjudicados van a seguir siendo los sectores que más necesitan de políticas que conduzcan a reducir la desigualdad y a mejorar sus condiciones de vida.
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