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Al Capone, Trump y otros

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A cualquier delincuente de cuello blanco le puede suceder lo de Al Capone en EE. UU.: caer por la infracción más simple y no por las grandes fechorías que ha cometido en su carrera de impunidad.

Recordemos que la teoría de que los poderosos cometen delitos peores que la gente de sectores vulnerables nació y se desarrolló en los EE. UU. entre los años 30 y 40, luego de que los estudiosos de la Escuela de Sociología de Chicago investigaran, con Edwin Sutherland a la cabeza, las infracciones de las grandes compañías e instituciones oficiales: el delito económico organizado, la evasión de impuestos, la venta de productos vencidos, el abuso de autoridad, etc., quedaban en la impunidad porque ni siquiera eran considerados delictivos y, en cambio, eran favorecidos por la formación (o deformación) y los prejuicios de agentes policiales y judiciales, por la manipulación y selectividad de los medios de comunicación, la negociación con las víctimas o la compra de testigos. Desde entonces las disciplinas científicas dedicadas al tema sostienen que estos delitos no corresponden a un proceso individual sino social, que se cometen protegidos por el círculo social y familiar en que se desenvuelve el infractor y por el favorecimiento legal.

El gánster Al Capone (Nueva York, 1899), creador del sindicato del crimen, enriquecido gracias a la llamada Ley Seca que prohibía el tráfico ilegal de bebidas alcohólicas, fue condenado en 1931 a 11 años de cárcel por un cargo muy simple: evadir los impuestos que tenía que pagar por sus rentas registradas, no por su responsabilidad en decenas de asesinatos, manejo de casas de juego y bares clandestinos, liderazgo del hampa de Chicago, soborno de autoridades, etc. Algo parecido le está pasando a Trump: fue acusado (aún no condenado) por un delito simple: sobornar a la estrella porno Stormy Daniels para que sus andanzas con ella no lo perjudicaran en la campaña electoral de 2016; en cambio, contra Trump siguen pendientes otros delitos más graves, como la tentativa de anular los resultados electorales en Georgia, extraer de la Casa Blanca documentos clasificados, falsificar registros empresariales, conspirar para defraudar el fisco, etc. Por eso, como decía Antonio Caballero, Trump no caerá por haber sido el peor presidente de los EE. UU. y haber fomentado la polarización extrema en el mundo, sino por la mezquindad de su codicia.

En Colombia, gracias a los avances sobre el delito de cuello blanco, también se castigan con la ley penal los crímenes que pueden ser incluidos en dicha categoría, cometidos por sujetos de poder, como la apropiación de recursos públicos, la alteración y modificación de pesos o medidas, el ofrecimiento engañoso de servicios, la utilización indebida de fondos captados al público, el lavado de activos, la venta fraudulenta de medicamentos, la corrupción, el constreñimiento al sufragante, el abuso de función pública, el tráfico de influencias, la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, etc., delitos todos por los que existen muy pocas condenas y que quedan en la sombra en su difícil configuración teórica, además de ser favorecidos por la histeria securitaria que se ocupa más del robo de celulares, del atraco callejero, de muertes violentas, etc. No es entonces extraño que, como en los casos norteamericanos señalados, resulten en nuestro medio personajes investigados y quizá condenados pero por delitos de la más fácil adecuación legal, por ejemplo, por soborno a testigos para que no declaren, o lo hagan contra sus enemigos políticos, o tergiversen la verdad.

* Profesor, Universidad Nacional de Colombia.

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