Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Después de meses de especulación y decenas de titulares de “este sí es el día”, llegó, por fin, el día: el Gobierno radicó la Ley de Financiamiento, una reforma tributaria que busca sumarle recursos al Presupuesto General de 2026.
Ya con texto en mano, la Ley de Financiamiento parece mucho más una reforma tributaria con nombre y apellido, no sólo por el monto de recursos que busca ($26,3 billones), sino por la escala de las medidas que propone.
De hecho, desde el Ministerio de Hacienda, el proyecto se construyó más como un esfuerzo de tributación de gran calado, cuyos horizontes de recaudo sobrepasan la duración de la administración Petro y entregarían unos $37 billones en recursos nuevos para 2030, si la iniciativa se aprobara en el Congreso tal como se presentó.
Este condicional es clave en todo proceso legislativo, pero lo es mucho más en este caso: esta es la segunda Ley de Financiamiento del Gobierno, pues la primera, en 2024, fue negada por el Congreso, que también echó por tierra la aprobación del Presupuesto de 2025, aprobado por decreto al final de cuentas.
En ese momento, los congresistas tildaron de inconveniente y demasiado ambiciosa la tributaria. Su recaudo estimado era de $12 billones, menos de la mitad de la actual. Era un momento en el que los congresistas, además, no estaban más preocupados por su propia seguridad laboral en un año antes de elecciones, que por decirles a los electores que el IVA pondrá caras muchas cosas.
Decir que la ley de financiamiento cuenta con problemas de popularidad entre los congresistas sería una forma amable, casi delirante, de describir el panorama.
Si el proyecto no se aprueba, el Presupuesto 2026, por $556,9 billones, quedaría con un hueco enorme (de $26,3 billones). Frente a la pregunta de cuál es el plan en caso de que la tributaria más ambiciosa de la historia reciente del país no se apruebe, el ministro Germán Ávila solo dijo el lunes en rueda de prensa que esa es la misma duda que le ha planteado el gobierno al Congreso.
La estrategia de la administración Petro, según el jefe de la cartera de Hacienda, está enfocada en que el proyecto, que contiene cerca de 40 medidas, vea la luz. “En caso de que haya dificultades, tomaremos decisiones en diferentes ámbitos, pero eso será posterior a que el Congreso haya tomado una decisión”, dijo.
Independiente del futuro de la tributaria, lo cierto es que el país atraviesa por un momento fiscal delicado, crítico cuando menos. Para 2025, el panorama en materia de recaudo no es muy alentador, así como tampoco lo fue el año pasado: el Gobierno redujo su meta de ingresos fiscales en cerca de $18,5 billones respecto a lo planteado inicialmente en el Plan Financiero de comienzos de 2025, un ajuste que se incorporó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Como los números no cierran, se suspendió, por tres años, la regla fiscal.
Este año, el déficit fiscal del país cerrará en un máximo histórico, superado apenas por 2020, el año más crudo de la pandemia, cuando el covid-19 impulsó una de las peores crisis económicas y sociales de nuestra era. En este momento, por fortuna, no hay muertos por centenares, ni pánico en los hogares ni calles desiertas. Y, aun así, las finanzas públicas se ven como en esos días.
En contexto: Presupuesto 2026: los deseos del gobierno no se compadecen con la realidad fiscal
Ante este contexto, dos agencias calificadoras de riesgo, Moody’s y S&P, ya han rebajado la calificación crediticia del país, alertando sobre el deterioro de la situación fiscal.
Ante el tamaño del hueco del déficit, son múltiples los llamados a abrocharse el cinturón, pues, al final del día, las cuentas no están cuadrando: desde hace algún tiempo, 1+1 no suma 2, sino, para este caso, $26 billones. Un presupuesto desfinanciado para 2026 recrudece todavía más el panorama.
“Se entiende que la situación fiscal requiere ingresos nuevos, pero cuesta ser benevolente en este momento con esa propuesta. Hablar de reforma tributaria sin hablar de ajuste en el gasto es inconveniente. Es como si saco una tarjeta de crédito y le pido a los demás que me ayuden a pagarla y al tiempo amplío el cupo de endeudamiento”, comenta César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.
Si bien hay pocas cosas más impopulares que los impuestos, las reformas tributarias son toda una tradición legislativa en el país. Algunos cálculos estiman que, en promedio, Colombia pasa por este trámite cada año y medio.
Esto sirve para reforzar el punto de la utilidad de estas iniciativas: son más un mecanismo de caja menor, que soluciones de largo plazo para los múltiples males del estatuto tributario.
“Cada gobierno introduce ajustes coyunturales de recaudo inmediato en lugar de diseñar un marco tributario estable”, comenta Juan David Velasco, socio de Impuestos en Baker McKenzie Colombia.
Y agrega: “Se evidencia, por el déficit fiscal, que la fórmula de insistir únicamente en mayores ingresos corrientes por impuestos ha resultado errada. El recaudo que generó la reforma de Ley 2277 de 2022, promovida por el Gobierno actual, resultó en el más alto de la historia reciente en términos relativos, pero el déficit fiscal solo creció, erosionando de paso la confianza inversionista. El verdadero ajuste debe provenir de la reducción y racionalización del gasto corriente de la Nación y de una redirección estratégica de la inversión pública hacia sectores que impulsen crecimiento y productividad”.
De acuerdo con el ministro Ávila, “tenemos claro que este objetivo es exigente en el marco de las reformas tributarias que hemos tenido en el país, pero no solo estamos presentando una propuesta para cubrir los gastos de este gobierno el año entrante, sino a largo plazo (…)”.
Si la reforma no pasa en el Congreso Fedesarrollo proyecta un mayor desbalance fiscal en las cuentas del país.
En un escenario sin reforma, Fedesarrollo calcula que el déficit fiscal podría ampliarse hasta 8,1 % del PIB en 2026, casi dos puntos más que la estimación del Gobierno, y que la deuda neta alcanzaría el 66,9 % del PIB, superando el 63 % proyectado por el Gobierno.
¿Qué dice la tributaria 2025?
Ávila explicó que el Gobierno busca reducir el gasto fiscal que generan medidas como deducciones, exenciones, tarifas reducidas y otros tratamientos especiales. De ahí que uno de los tres grandes apartados del proyecto se enfoca en el IVA. El Gobierno cumplió la promesa de no tocar los alimentos ni los bienes básicos de la canasta familiar, aunque en la lista sí hay varios productos y servicios que pueden afectar su bolsillo.
La medida incluye IVA de 19 % para vehículos híbridos, que antes tenían el 5 %; así como para licores, incluyendo el aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka, vinos y sidras, que también tenían una tarifa de 5 %.
El Gobierno propone incrementar el IVA al ingreso al productor fósil de la gasolina (del 5 % a 10 % desde 2026 y luego quedaría en 19 % desde 2027) y para el diésel (sería 10 % en 2026 y 19 % en 2028). La cartera reconoce que esta medida generará incrementos en los precios para los usuarios, pero asegura que no serán significativos: se estima que al implementar este cambio, el precio subiría $466 para el caso de la gasolina, y $256, para el caso del diésel.
La iniciativa también incluye un impuesto al consumo de 19 % para servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. El ministro defendió que solo aplica para las entradas a eventos que superan los $500.000, de ahí que no todas las boletas para partidos y conciertos (por ejemplo) quedarían gravadas.
En la lista de modificaciones también está gravar las actividades que hacen las iglesias por fuera de los cultos, IVA de 19 % en hospedaje para no residentes (actualmente exentos), derogar el descuento a dividendos y gravar el componente inflacionario de rendimientos financieros (actualmente es el único ingreso con corrección por inflación).
Tal como se esperaba, el Gobierno busca que se vuelva permanente el IVA para los juegos de suerte y azar en línea, que antes estaban exentos de la medida, pero hoy están pagando la tarifa en el marco de los impuestos transitorios para financiar la emergencia económica en el Catatumbo. Por este concepto, el Gobierno espera recaudar $1,6 billones, según se lee en el texto radicado este lunes por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso.
En el segundo gran capítulo de medidas de la reforma, hay cambios en las tarifas para el impuesto de renta. Ávila explicó que para las personas naturales que tienen rentas líquidas hasta las 1.700 UVT (es decir, personas que ganan cerca de $8 millones mensuales) se mantiene la tarifa, pero de ahí en adelante aumenta. También hay cambios en el impuesto al patrimonio (tanto en los montos por los que se genera el impuesto, como en las tarifas a pagar).
En el caso de las ganancias ocasionales por rifas, loterías, apuestas y similares, la ley busca subir la tarifa a 30 % (actualmente es de 20 %). Y, si la reforma pasa, los dividendos enviados al exterior, que tenían tarifas de 20 %, pasarían a pagar 30 % para estimular reinversión en el país.
Entre las medidas está igualar sobretasa del sector carbón con la de petróleo y una sobretasa al sector financiero de 15 puntos porcentuales para una tarifa total del 50 % (actualmente esa sobretasa es de 5 puntos porcentuales).
En la tercera parte de la reforma, llamada “otros impuestos”, se incluye un bono fiscal por inversiones en proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía; un impuesto especial al sector de extracción de petróleo crudo y carbón (1 % por primera venta o exportación, también está en las medidas vigentes por la emergencia en el Catatumbo), derogar la exclusión de importaciones en transacciones de mínima cuantía, un incremento a la tarifa en impoconsumo para bienes de lujo (quedaría en 19 %) e impuestos para los vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Estos y otros puntos hacen parte de la reforma que el gobierno Petro puso el lunes en manos del Congreso. El camino es cuesta arriba.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más