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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) está a punto de decidir una histórica demanda contra el Estado por el derecho a la autonomía indígena. El pleito jurídico de connotación internacional es liderado, desde hace 26 años, por el pueblo U’wa, que se ubica en su mayoría en cercanías a la Sierra Nevada del Cocuy. Los indígenas reclaman que les sean reconocidos los títulos coloniales que la corona española les habría otorgado en el oriente nacional y venezolano; además, que se ordenen medidas que garanticen la independencia sobre las decisiones que afectan a sus resguardos, lo que incluye la soberanía sobre el Parque Nacional del Cocuy. Y no solo eso, también exigen sacar de sus tierras una potente infraestructura de gas, Gibraltar, y la violencia alrededor del oleoducto más importante del país: Caño Limón – Coveñas.
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La nación U’wa, como ellos se denominan, está conformada por 34 comunidades, dentro de un área total de 352.422 hectáreas, ubicadas en Arauca, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander. Dentro de estos territorios existen dos grandes infraestructuras que abastecen de gas y petróleo al país. Estas son el campo Gibraltar en Cubará (Boyacá), donde se origina el gas natural de Bucaramanga, Cúcuta y de municipios santandereanos y antioqueños desde 2008; y Caño Limón – Coveñas, cuyo tubo atraviesa ese municipio y otros territorios del principal resguardo U’wa. Aunque se trata de proyectos de interés nacional, para ellos representan una ofensa a su naturaleza, pues consideran que el petróleo es la sangre de la tierra que, de derramarse, pone en riesgo el agua y la vida misma.
Esta es la primera demanda indígena originada en Colombia en llegar a la Corte IDH, tribunal internacional que es reconocido por la Constitución y cuyas decisiones son de obligatorio cumplimiento. A modo de ejemplo, está la sentencia del Palacio de Justicia, de 2012, en la que se estableció que el Ejército y las autoridades nacionales incurrieron en crímenes de lesa humanidad durante la retoma del edificio. Otro es el de la periodista Jineth Bedoya, en 2021, cuando la Corte decretó que el sistema judicial ha sido ineficiente en responder ante el expediente en el que es víctima de tortura, secuestro y violencia sexual. También está el de la Unión Patriótica (UP), de 2023, en el que se condenó a Colombia por la persecución política de sus miembros.
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La historia del expediente indígena comienza en 1994, cuando Evaristo Tegría, primer abogado U’wa, recibió un llamado del Gobierno, por medio de los Ministerios del Interior y de Ambiente. Tegría fue notificado de que la multinacional estadounidense Occidental Petroleum Corporation (OXY) estaba interesada en explorar la zona de Cubará, debido a la probabilidad de encontrar petróleo. Los indígenas se negaron y, en una nueva reunión en Arauca, en 1995, el abogado reiteró su rechazo al gobierno en nombre de la comunidad, debido a los impactos culturales y territoriales que iban a afectar la vida del pueblo U’wa.
Tegría recuerda que la respuesta de funcionarios del gobierno fue así: ‘Nosotros no venimos acá a que ustedes digan si sí o no quieren. Nosotros venimos acá, es porque es nuestra obligación informarles a ustedes qué es lo que va a hacer el gobierno colombiano”, dijo en entrevista. Tiempo después, las autoridades entregaron la licencia ambiental a OXY para la exploración del Bloque Samoré, hoy Gibraltar. La Defensoría también se negó y, luego de dos años, presentó una tutela que fue resuelta a favor de las comunidades por la Corte Constitucional, con la cual se obligó al gobierno a realizar una verdadera consulta previa. Sin embargo, un mes después del fallo de tutela, el Consejo de Estado declaró la legalidad de la licencia a favor de la multinacional estadounidense, obligando a Tegría a acudir a la justicia internacional y llevar el caso ante el sistema interamericano de derechos humanos, en 1998.
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La demanda fue admitida por la Comisión Interamericana en 2015, 17 años después. Tiempo en el que los gobiernos expandieron sus proyectos en el territorio. Entre tanto, los U’wa respondieron tomándose las instalaciones de hidrocarburos, buscando llegar a acuerdos que nunca llegaron. En 2019, la Comisión encontró vulnerados los derechos de los indígenas a las garantías judiciales y a la propiedad colectiva, enviando, con ello, el caso a la Corte Interamericana. Esta última deliberó durante todo 2024 y ya solo le resta entregar su fallo. Uno de total importancia en esta disputa, pues los U’wa han mantenido su postura de querer las actividades extractivistas por fuera de su territorio. El Estado responde que este no es un derecho absoluto y que puede ser limitado teniendo en cuenta que es el propietario legítimo de los recursos del subsuelo que, aparte, benefician a millones de ciudadanos.
Las tensiones jurídicas se han traducido en movilizaciones y bloqueos por parte de los U’wa para detener dichas actividades de hidrocarburos, y la violencia armada que atrae infraestructuras como el oleoducto Caño Limón – Coveñas, en zonas con amplia presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde su operación, iniciada en los años 80, Ecopetrol, entidad que lo administra, ha reportado más de 1.500 explosiones perpetradas por grupos armados ilegales, entre las cuales los indígenas resaltan un atentado ocurrido en marzo de 2014, en Cubará. Se trató de la dinamitación de un tramo del oleoducto que generó heridas en un hombre, una mujer y un niño de la comunidad U’wa, así como el desplazamiento de varias familias y la contaminación de fuentes hídricas.
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En 2014, además, los U’wa y el gobierno de Juan Manuel Santos retomaron diálogos sobre la problemática. Así se creó la Mesa de Concertación, Intercambio cultural y diálogo permanente, y se definieron una serie de acuerdos que prometían la realización del proceso de clarificación de títulos coloniales en seis meses. Además, el saneamiento del resguardo unido U’wa con asignación presupuestal con un plazo de dos años; estudios técnicos del impacto ambiental y social en el territorio; y quedó clara la posición de los U’wa de no renunciar al derecho a la propiedad colectiva, de acuerdo a los títulos coloniales, a pesar de la presencia de la planta de gas Gibraltar. Este 2024 se cumple una década de dichos acuerdos y los indígenas han denunciado un completo incumplimiento por parte del Estado.
Otro de los reclamos que están contemplados en la demanda que llevan los U’wa ante la Corte IDH es la completa soberanía sobre el Nevado del Cocuy. Los indígenas argumentan que la coadministración con la Dirección Nacional de Parques Naturales ha representado una violación a la integralidad del territorio y la identidad cultural, pues, para ellos, el Cocuy más que un atractivo turístico, es casi la mitad de su territorio ancestral y la deidad principal de su cosmogonía. El pasado 25 de agosto, los U’wa se declararon en asamblea permanente, y decidieron cerrar parte del nevado para presionar al gobierno regional y nacional a retomar los diálogos de la Mesa, la cual, hasta este momento, no se ha reprogramado.
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EarthRights International, organización ambiental y de derechos humanos, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), han acompañado a la comunidad U’wa en esta batalla jurídica. Las organizaciones destacan que una decisión que proteja los derechos de los U’wa debe reconocer la autonomía en el territorio e, incluso, la validez de los títulos coloniales, y atender el riesgo de exterminio al que se enfrenta la comunidad. Pero, de otro lado, el centro del fallo involucra la espinosa discusión por los derechos del subsuelo, en el que también se afecta los derechos de los colombianos al acceso a gas y a los réditos que se obtienen del oleoducto Caño Limón – Coveñas. Ante el pulso de intereses, el fallo de Corte IDH marcará el futuro de las demandas indígenas en Colombia, en contextos donde el interés nacional, para los gobiernos, fue privilegiado.
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