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La inseguridad tiene a más de uno pidiendo penas severas y prisión para casi todos los delitos, pero los centros de reclusión en la capital siguen a reventar, sin control, dominados por el crimen y sin soluciones a corto plazo. Ni la investigación de la Procuraduría a la alcaldesa Claudia López ni el llamado de los entes de control a garantizar los derechos de los reclusos han servido. El hacinamiento en URI y estaciones de Policía crece, así como los delitos en su interior: los intentos de amotinamiento y las redes criminales se vienen fortaleciendo.
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De ahí el reciente llamado del personero Julián Pinilla Malagón para que el Distrito dé a conocer el plan para la construcción de centros que cumplan los estándares para el respeto de los derechos de los privados de la libertad. “Los intentos de amotinamiento, como el de Puente Aranda, dejan en evidencia que estos centros no tienen las condiciones de infraestructura ni de capital humano para cuidar a los privados de libertad. La Personería alerta sobre las altas cifras de hacinamiento”.
Los datos evidencian la necesidad. En general, Bogotá tiene 1.277 cupos en URI y estaciones de policía, distribuidos en las localidades. No obstante, a la fecha hay 3.407 reclusos; es decir, tres por cada cupo, entre imputados y condenados. Al comparar la cifra con la de marzo se tiene que el hacinamiento aumentó casi 10%.
Todo, en un permanente contexto de precariedad e inseguridad, no solo para los reclusos, sino para los mismos guardias, como lo expuso la Procuraduría tras varias inspecciones y lo ratifica la Personería. Hoy, la mayoría de los detenidos duermen en lugares improvisados, a lo que se suma la falta de baños. Los pocos que hay se han vuelto escenario de crímenes, como el asesinato de Juan Pablo González, en Puente Aranda.
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Redes criminales
La situación no es nueva y está en la mira de la Corte Constitucional, que el año pasado ordenó mejoras en estos centros transitorios. Sin bien, dio plazos el asunto es que cuanto más tardan las soluciones, más ganan terreno los grupos delincuenciales. La falta de gestión del INPEC para trasladar a los condenados que están en las URI ha llevado a que algunos permanezcan largas temporadas en estos sitios, facilitando la creación de peligrosas redes criminales.
La denuncia de la Personería lo confirma. En el último año ha documentado 66 amenazas contra la vida, agresiones físicas y extorsiones no solo contra reclusos, sino contra funcionarios y guardias. A un recluso lo apuñalaron por no pagar una extorsión; a otro lo amenazaron por colaborar en la investigación de un homicidio en la estación de Suba, y a funcionarios de la Personería los amenazaron para impedir su trabajo. Los responsables: los llamados “plumas”.
“Estas gobernanzas criminales se vienen posicionando en estaciones de policía como Bosa, con cuatro denuncias; Kennedy, con tres; Ciudad Bolívar, con dos, y Santa Fe, Rafael Uribe y Fontibón, con una. Todo se puso en conocimiento de la Alcaldía Bogotá, la Policía y la Fiscalía”, señaló la Personería.
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Ante el caótico panorama, el Distrito ha dicho que el hacinamiento es un problema estructural en el país, que se agudiza con la discusión sobre las competencias de la nación y los municipios. Frente al hacinamiento actual, cuentan que, tras la pandemia y la orden de no recibir más reclusos en las cárceles, se generó el incremento del hacinamiento en los centros de detención transitoria. En enero de 2020 en las estaciones y URI de Bogotá había 1.300 internos. Hoy la cifra se triplicó. A pesar de que la pandemia ya se superó, no se revirtió su efecto.
La defensa del Distrito encuentra respaldo en las declaraciones de varios expertos en seguridad, que apuntan a decisiones puntuales de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional y el INPEC, que terminaron recargando a los municipios y agudizando el hacinamiento. Primero la Corte Constitucional declaró el Estado Inconstitucional de las cosas en las cárceles y tomó una decisión, que puede explicar el origen de la sobrepoblación en URI y estaciones de policía: debido al hacinamiento en cárceles nacionales, solo se podía recibir a un nuevo recluso por cada dos que quedaran en libertad.
Ese filtró llevó a que los capturados quedaran represados en los centros transitorios. Basado en esa orden fue que el INPEC redujo los traslados. Luego, en el gobierno del presidente Iván Duque, en su Plan de Desarrollo determinó que los centros de detención preventiva eran responsabilidad exclusiva de los municipios, sin tener en cuenta que construir una cárcel es complejo y financiar un cupo carcelario es costoso. Según datos de las propias autoridades, sostener a un recluso cuesta entre $2 millones y $3,5 millones mensuales, según el centro de reclusión.
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Y finalmente, la pandemia, tiempo en el que la decisión fue cerrar cárceles. Los nuevos capturados se quedaban en la URI y en las estaciones de Policía. Con este panorama, la Corte Constitucional declaró el año pasado el estado inconstitucional de las cosas en las URI y estaciones de Policía, pero no se dio cuenta de que el fenómeno comenzó con su primera decisión.
Por ahora, ninguna medida ha logrado mejorar la situación. Pese a las inversiones para ampliar espacios, traslado de condenados, nuevos cupos y haber dotado a algunas estaciones, la tendencia del hacinamiento es al alza, por el aumento de capturas en la ciudad ante la ola de inseguridad. En Bogotá se está a la espera de una ampliación de los centros especiales de reclusión, para habilitar 500 nuevos cupos, y la cesión del terreno en La Picota, para contratar los estudios y diseños para la Cárcel Distrital 2 (con 3.000 cupos).
La pregunta que surge es ¿cómo pensar en más medidas privativas de la libertad, cuando no hay capacidad para recibir a los reclusos? César Restrepo, director de Seguridad de Probogotá, tiene su visión. “Los ciudadanos respetamos las leyes, en la medida que creemos que violarlas traerá un costo social, económico y judicial; de lo contrario nadie respetaría la ley. En tal sentido, se debe entender la aplicación de la ley en cuatro etapas: la captura, la investigación, la resocialización y la reinserción. De esas, solo ponen los esfuerzos en la captura y ese desequilibro hace que esas capturas no sean sostenibles o se dé hacinamiento; algo proclive a alimentar el sistema criminal. Entonces, solo capturar sin lo otro termina reforzando el crimen”.
Sobre cómo corregir, indica que “esto exige esfuerzos simultáneos, sincronizados y equilibrados en las cuatro dimensiones de la aplicación de la ley. Si al menos una queda afuera, no se logra nada y nos devuelve al problema original: ¿cómo resolver el hacinamiento? No es debilitando las leyes, liberando delincuentes o creyendo que la ausencia de castigo va a dar más resultado en la prevención del delito. La solución está en una sola acción: construya más y mejores cárceles, y haga un esfuerzo por explicarles a los ciudadanos que esa inversión de hoy es la seguridad del futuro, pero esto requiere un esfuerzo tenaz”.
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Ante las barreras para llegar a ese punto, Restrepo considera que el Gobierno Nacional se ha desentendido de este esfuerzo y poco ayuda a las autoridades locales, las cuales, además no tienen cómo enfrentar el problema. “Creo que el mal estado carcelario es un negocio de millones, para las mafias. No es por opresión, es por facturación. Si uno le da la vuelta a este tema, acaba con un negocio económico y de tráfico de influencias muy grande”, concluye.
Por su parte, Mónica Pedroza, consultora en seguridad, convivencia y justicia, considera que la solución a la problemática de hacinamiento en URI y estaciones de policía demanda, en primer término, un ejercicio de coordinación interinstitucional de esfuerzos, que comprometa la voluntad política local, para la asignación de recursos y modificar los instrumentos de ordenamiento territorial, y de la nación, para cofinanciar y revisar de manera estructural la política criminal colombiana. Sin eso, no hay solución. Sin coordinación, nada va a cambiar”.
Por ahora, el hacinamiento sigue siendo una realidad difícil de controlar, al igual que las redes criminales que se vienen fortaleciendo en su interior. En un año electoral, este problema y hablar de nuevas cárceles será punto obligado en la agenda de los candidatos. Es clara la necesidad de tomar decisiones de fondo, pero ¿cuándo llegarán?
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Por Alexánder Marín Correa
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