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Poco más de un año después de la feria de personerías jurídicas que tuvo lugar en el Consejo Nacional Electoral (CNE) —que les entregó partidos políticos propios a Daniel Quintero, Clara López, Andrés Pastrana, Carlos Caicedo, Juan Fernando Cristo y otros—, la sección quinta del Consejo de Estado lanzó un abanico de decisiones jurídicas que redujeron en un solo mes el sistema de colectividades de 37 a 34 reconocidas.
En primer lugar, Fuerza Ciudadana, liderada por Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, perdió su personería el pasado 7 de marzo. Y luego, el 18 de abril, fueron retiradas las de Todos Somos Colombia, de Clara López, y Creemos, de Federico Gutiérrez. Se espera que en cuestión de días se emitan más decisiones que afecten a otros.
La característica común por la que sus líderes políticos solicitaron la personería fue haber alcanzado el umbral electoral para el Congreso a través de coaliciones, tener un amplio respaldo electoral regional, haber recolectado suficientes firmas para inscribir a un candidato o por razones relacionadas con el conflicto armado colombiano. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que esas motivaciones fueron improcedentes en algunos casos.
De hecho, esas justificaciones, respaldadas por el CNE, generaron un efecto dominó que permitió a cualquier movimiento ciudadano sin personería reclamar su derecho a obtenerla. Pero el único camino constitucional está en el artículo 108 de la carta magna, que exige una votación no inferior al 3 % en las legislativas.
La personería jurídica otorga al movimiento la condición de partido reconocido, lo que le permite acceder a financiación estatal, participar en medios de comunicación y otorgar avales para las elecciones. A pesar de que el Consejo de Estado anuló recientemente varias personerías, algunos partidos ya aprovecharon esos beneficios y entregaron respaldos en las últimas regionales. Por ejemplo, Federico Gutiérrez utilizó la personería de su colectividad para postularse como candidato a la Alcaldía de Medellín en 2023, y ganó.
Aunque la ley colombiana es clara, lo que ha motivado que el CNE otorgue personerías jurídicas, según la sección quinta, bajo “falsa motivación”, tiene que ver especialmente con dos sentencias de la Corte Constitucional, que fueron muy garantistas, así como con algunos cambios que dejó el Acuerdo de Paz de 2016.
Por un lado, la sentencia SU-257 de 2021, con base en el Acuerdo de Paz y con motivo de la violencia política, reconoció la personería del Nuevo Liberalismo por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Recientemente ese partido llevó a Carlos Fernando Galán -primogénito del líder liberal- al Palacio Liévano, en Bogotá. Bajo una premisa similar fue que en 2013 se le devolvió la personería a la Unión Patriótica (UP), pues sus militantes fueron víctimas de genocidio. Lo mismo ocurrió con Verde Oxígeno y Salvación Nacional; el primero por el secuestro de Ingrid Betancourt y en el segundo por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
De otro lado, la sentencia SU-316 de 2021 le dio a Colombia Humana la personería para garantizar la protección del Estatuto de la Oposición, pues en 2018 Gustavo Petro, avalado por el entonces movimiento, fue la segunda mayor votación alcanzada en las elecciones presidenciales.
No obstante, según el Consejo de Estado, los tres partidos que recientemente perdieron su personería: Fuerza Ciudadana, Todos Somos Colombia y Creemos, no pueden estar bajo esa misma sombrilla, pues sus circunstancias son distintas.
(Lea: “Oposición dice que reforma pensional debe ‘hundirse’ tras las marchas del domingo”)
Las razones de la anulación
En el caso de Fuerza Ciudadana, aunque participó en las elecciones al Congreso de 2022, no superó el umbral. En cuanto a Todos Somos Colombia, según la sección quinta, ni siquiera participó en esos comicios y su lideresa, Clara López, fue avalada por la UP. Y las firmas que impulsaron a Gutiérrez para las presidenciales en 2022 con el movimiento Creemos, no habrían sido validas para participar en una coalición con el Centro Democrático para el Congreso y lograr el umbral.
Por eso, después de las recientes decisiones, se espera una nueva serie de fallos en contra de otras colectividades cuyas personerías también están bajo escrutinio. Por ejemplo, Nueva Fuerza Democrática, en cabeza de Andrés Pastrana, obtuvo su personería argumentando razones relacionadas con la violencia, pero ahora se cuestiona si esos hechos justifican su existencia jurídica.
Y en el caso de En Marcha, liderado por Juan Fernando Cristo, se debate la legitimidad de la coalición que realizó con Alianza Verde para el Congreso en 2022, ya que en ese momento no tenía personería jurídica. Además, algunos de los senadores impulsados por En Marcha y en los que se justificó la personería, fueron originalmente avalados por la Alianza Social Independiente (ASI).
Otro caso es el de Independientes, de Daniel Quintero, quien argumentó en su momento tener representación en el Congreso a través de dos congresistas respaldados por su partido: Alejandro Toro y Alex Flórez. Similar situación a la de Soy Porque Somos, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, quien alegó tener representación en el Congreso con la representante Dorina Hernández y participación activa en la elección de otros del Polo. Pero lo cierto es que esos parlamentarios no fueron avalados por Independientes ni por Soy Porque Somos.
Por eso, hay varias demandas que podrían resultar en la pérdida de personería para al menos otras cuatro colectividades, lo que reduciría el sistema partidista a 30. Y aunque la pluralidad de partidos se podría interpretar como mayor representación, lo cierto es que ha derivado en la fragmentación del sistema. De hecho, según Eduardo Pizarro, esto volvió a los partidos microempresas electorales.
En ese contexto, en el Congreso se debatiría pronto un proyecto que permita a los congresistas cambiar de partido en una sola ocasión, ante las divisiones internas; es decir, reeditar el transfuguismo. Mientras tanto, movimientos como el Pacto Histórico están considerando la posibilidad de unificarse en una sola fuerza, como lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro.
Además, se ha abierto el debate a la posibilidad de una nueva reforma política que regule la cantidad de partidos, pero también el alcance del Consejo Electoral, pues la mayoría de sus decisiones no quedan en firme hasta el estudio del Consejo de Estado. Pese a las demandas y argumentos en contra del reconocimiento de esos partidos, todos sus lideres sí creen que deberían mantener las personerías jurídicas.
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