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“El sábado 20 de abril me fui a urgencias al CAP Diana Turbay, estaba muy enferma. Llegué a las 6:50 de la tarde y a las 9 de la noche, ni siquiera el triage me habían realizado. Las personas que estábamos esperando preguntamos para saber qué pasaba y el personal contestó que teníamos que esperar porque solo había una doctora, una enfermera jefa y una auxiliar atendiendo todo el centro de atención”, es una de las quejas que conoció El Espectador sobre la atención en salud en la Subred Centro Oriente, cuyos hospitales, a la fecha, reportan un déficit de personal y equipamientos.
La situación, sin embargo, no llegó sola: para llegar a este punto hay que recorrer años de estancamientos en las obras que prometieron mejorar la atención y ampliar la cobertura en esta y las otras tres Subredes de salud. Desde 2016, Bogotá, a través del Fondo Financiero Distrital de Salud, tiene a su cargo 35 proyectos de infraestructura en salud, de los cuales, 11, están enredados o sin futuro previsible, afectando a más de un millón y medio de usuarios, y golpeando fuertemente el bolsillo de los contribuyentes.
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Once obras, ¿sin futuro?
Las dudas del funcionamiento del sistema de salud y la coyuntura de la caída reforma en el Congreso, no son ajenas a la ciudad de Bogotá. En estos cuatro meses de administración, los ojos de los sindicatos y las veedurías ciudadanas están puestos en destrabar los proyectos que debían asegurar la cobertura de servicios de salud. A la fecha, según se debatió en el Concejo de Bogotá, serían $49.246 millones que ya se invirtieron en obras que no reportan avances o que están emproblemadas. Tres de ellas están ubicadas en Rafel Uribe Uribe; dos en Sumapaz; dos en Suba; tres en Kennedy; y una en Puente Aranda.
Estas obras están a cargo de la Secretaría de Salud, a través del fondo distrital. La mayoría vienen cocinándose desde el año 2020 y a pesar la relevancia que representan para la ciudad, los sindicatos denuncian mal manejo de las finanzas y la ausencia de un plan para llevar a buen puerto estas obras. El caso de la Subred Centro oriente es representativo: tiene el “elefante blanco” más grande y estancado en el sector salud, así como otras dos obras destinadas a la atención de pacientes con adicciones a sustancias psicoactivas, y otro de salud mental. Estas tres obras tienen afectados a más de 733.544 habitantes de Rafael Uribe Uribe.
Angelina Quiñónez, médica de la Subred Centro Oriente y fiscal de Sindess (Sindicato de Salud y Seguridad Social), atañe esta situación a una “falta de una buena supervisión, control y seguimiento de la administración”. “En esta Subred son tres obras estancadas: el CAP Bravo Páez, que ya está en litigio. San Blas, el cual es un centro para los jóvenes que presentan abuso de sustancias psicoactivas, y este no se ha empezado, así como las obras del Hospital La Victoria, para salud mental. La Subred es muy hermética en el tema y la supervisión la está realizando una funcionaria de desarrollo institucional, pero no vemos avances y no hay respuestas claras de la entidad”, señaló a El Espectador.
Otras obras estancadas son: el proyecto de construcción y dotación de la Unidad de Servicios de Salud, La Gaitana I (Suba), que está adjudicado, pero no reporta avances. En Sumapaz, los más de 3.000 habitantes continúan a la espera de las adecuaciones en los centros de salud Nazareth y San Juan de Sumapaz: el primero por un valor estimado de $180 millones y el segundo por $134 millones, sin reportes de avances. También está el Centro de Salud Trinidad Galán (Puente Aranda) que debió haber empezado obras en 2017 con una duración de 6 meses de ejecución -poco más de $100 millones de presupuesto-, pero reporta tres prórrogas (que suman 56 meses de atrasos), dos suspensiones, cambio de supervisor, y aún no ha avanzado. Situación similar que ocurre con el Centro de Salud Pablo VI, que, con una inversión de $420 millones, y firma de contrato en 2017 -con entrega estimada en los siguientes 24 meses- y se ha prorrogado 73 meses e inició obras en marzo de 2023, y se espera que sea entregada en 2025, seis años después de la entrega estimada.
Para el concejal Daniel Briceño, quien ha seguido de cerca la situación de estas obras, exigiendo al Distrito respuestas, a través de derechos de petición, sobre estos retrasos e incertidumbres del futuro de esta infraestructura, que se posan como una muestra del deficiente control que ha tenido el Distrito en los últimos años. “La Secretaría de Salud manifiesta que se encuentran en un proceso de nombramiento de los nuevos gerentes de las cuatro Subredes, proceso que debe quedar listo en los próximos 15 o 20 días. Hay disposición para activar algunas de las obras, pero hay otras que jurídicamente están totalmente paralizadas y que nos va a tocar esperar lastimosamente hasta que se destraben. La entidad tendrá que buscar una solución dentro del Plan de Desarrollo, que radican ahorita la otra semana, porque hay que buscarle plata y recursos a algunos de estos proyectos que están desfinanciados, sin dejar a un lado que también hay que entrar a revisar algunos diseños y volver a mirar otra vez la forma de planeación”, señaló el cabildante a El Espectador.
Salud mental: sin infraestructura
De las 11 obras comprometidas, cinco tienen que ver con adecuaciones o construcciones para atención de problemáticas relacionadas con salud mental. En Rafael Uribe Uribe, la obra de reforzamiento y adecuación de la Unidad de Servicios de Salud, para atención de salud mental, no ha comenzado, a pesar de que en 2020 el Distrito justificó la contratación directa de estas obras, argumentando, “que en los servicios de salud mental en hospitalización no cuenta con camas, por lo que requiere adicionalmente 76 camas para atención de este servicio, para un total de camas de 212″, como reza el acto administrativo de “Justificación de Contratación Directa”.
Hoy día la situación que se vive en el Hospital Santa Clara, según otras denuncias anónimas que recogió este diario, dan cuenta de un déficit en atención a pacientes con problemas de salud mental: “Antier fue un compañero (médico) al Santa Clara y nos contó que lo habían dejado en salud mental de hombres, a él solo, con 28 pacientes, ¿puede creerlo? Y así, en todos los turnos”, escribió un trabajador que prefirió no mencionar su nombre.
En Kennedy la situación no es mejor: la localidad tuvo el mayor número de atenciones en 2023 -2.440- de pacientes por condiciones de salud mental y a la fecha, el proyecto de construcción y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud El Tintal, ha atravesado cinco prórrogas, y cuatro adiciones al contrato de $546.365 millones, que debía terminar en 2018. Según la última prórroga estas obras estarían listas este 26 de abril, pero no reportan avances. Y no es el único centro destinado a la salud mental en esta localidad: las obras de la Unidad de Servicios de Salud Mental Floralia, que beneficiaría a 267.592 personas, también está varada y entregaría diseños en febrero de 2025.
Por último, en Suba, las obras del Hospital Fray Bartolomé que busca adecuar infraestructura para salud mental, apenas si tiene programado la entrega de los estudios para diciembre de este año, cuando se supone que desde el 2020, con un gasto estimado de $10.780 millones, la obra no presenta avance el proceso, dejando sin atención oportuna a 403.541 habitantes que se beneficiarían de estas obras.
CAP Bravo Páez, emproblemado
El Centro de Atención Prioritaria, Bravo Páez es quizá el símbolo más representativo de la dejadez de las obras en salud en Bogotá. En 2021 fue demolido el CAP que había en ese barrio, con el fin de hacer una obra moderna y que cumpliera con las recomendaciones de sismo resistencia. Pero un lío con los contratistas mantiene a la obra con un escaso avance del 23 % de la obra. Según la Veeduría Ciudadana de este proyecto, cada día que pasa le cuesta al proyecto $1.405.389 millones.
Nancy Acuña Bravo, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Bravo Páez, sigue haciéndose la misma pregunta: “Preguntamos ¿Qué pasa con el proyecto? Desde el año 2021 la comunidad organizada ha venido haciendo seguimiento a esta obra y concluye: se dilataron los tiempos de entrega. Después del abandono por parte del contratista se han dilatado los tiempos de reinicio de la obra. La alcaldesa de entonces, Claudia López, hizo un compromiso con la comunidad y dio plazos que no se cumplieron. No podemos dejar que nos arrebaten el centro de salud. Se necesitan urgentes soluciones y que las autoridades competentes escuchen a los ciudadanos. Es un atentado a la salud”, concluyó la lideresa.
El Distrito avanzará en mesas para destrabar esta obra, realizando esta semana un recorrido por las obras y revisando los procesos jurídicos que atraviesa. Por otro lado, se acorta el tiempo para incluir en el Plan de Desarrollo los mecanismos para echar a andar las otras obras que tienen en detrimento no solo patrimonio de la ciudad, sino la misma atención en salud de los bogotanos.
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Por Juan Camilo Parra
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