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La regulación del cannabis en su uso recreacional estuvo a un paso de ser ley, pero el proyecto se hundió en el Congreso de la República. La decisión dejó en evidencia que el país aún no está preparado para permitir su distribución y consumo entre la población adulta, como si fuera un producto más de la canasta familiar.
No obstante, al margen del estatus irregular que se mantiene sobre el consumo lúdico de mariguana, este sigue siendo un debate que se mantendrá, en particular, en la capital del país, donde el mercado y el universo de las personas que interactúan con el cannabis y sus derivados es diverso. Hoy, pacientes, movimientos cannábicos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil tienen elementos en juego al momento de hablar de la legalización.
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En términos de salud pública hay preocupaciones. Pero, si se analiza en términos de industria, se nota un mercado en crecimiento en los últimos años. Solo para el caso del cannabis medicinal, se estima que en los próximos 10 años podría mover solo en Latinoamérica US$8.500 millones de dólares, con un estimado de 4,6 millones de pacientes, según proyecciones de Prohibition Partners en 2022.
Desde la legalización de su uso medicinal y científico en 2015 en Colombia, el crecimiento de su uso ha sido exponencial, al ser el país de la región que ha emitido más licencias de cultivo. No obstante, para el caso del consumo recreacional, su extensión y su impacto, en la sombra de la prohibición, sigue sin ser claro. Lo que sí se sabe, al menos en Bogotá, es que la Mariguana es la sustancia ilícita de mayor consumo en la ciudad: el 14,95 % de las personas dicen haberla consumido al menos una vez en sus vidas, y casi 6%, el último año. .
“El consumo de sustancias psicoactivas, en las que se encuentra el cannabis, es una realidad en Bogotá, y la falta de regulación conduce a fenómenos como la dificultad de poder planear enfoques de carácter preventivo y de reducción del riesgo y de daño”, indica el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, quien tiene sobre la mesa una propuesta de conformar una Mesa Distrital Cannabica, para reconocer a esta población, a través de una política pública.
Algunos expertos refuerza esta visión, apuntando que la guerra contra las drogas ha dejado un legado conflictivo en las ciudades, con un aumento de la división entre la comunidad y las autoridades por la inflexibilidad en la aplicación de las normas. Así, en esta etapa de prerregulación, los retos son varios en la capital. Por eso, el Distrito y especialistas en la materia apuntan a que se podría avanzar a nivel local, para evitar los efectos nocivos de su clandestinidad.
Un problema de salud pública, pero ¿para quién?
De acuerdo con la última Encuesta Cannábica, publicada en 2022, en la capital del país, 371.086 personas reportan haber consumido marihuana en el último año (5,9%), lo que significa un aumento de 1,6 puntos porcentuales con relación al 2016, cuando la cifra era de 4,3%. La mayoría viven en el centro oriente y el norte de la ciudad, con mayor prevalencia en Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo (12.88 %), Usaquén (11.29 %), y Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria (6 %).
“Con esta encuesta encontramos que los consumidores son, principalmente, personas jóvenes que trabajan, que estudian y que son socialmente competentes. En general, tienen usos recreativos y terapéuticos por alguna patología o enfermedad crónica”, reveló el secretario de Salud de Bogotá.
Así las cosas, el consumo de estas sustancias parece ubicarse en sectores de estratos altos, y, además existe una aparente pedagogía en torno a los riesgos asociados a su uso, cómo el desarrollo de episodios psicóticos y consumo problemático, entre otros.
No obstante, al ahondar en detalles, se tienen datos que ponen a pensar: el 40 % de los usuarios habituales clasifica en los grupos en situación de abuso o dependencia, lo que representa un poco más de 148.000 personas, y que quienes cumplen mayores criterios de abuso y dependencia a marihuana tienen entre 12 a 17 años, con alrededor de 27.477 menores de edad.
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Ante esto, Michael Weintraub, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y miembro del laboratorio Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), señala que la situación no es tan sencilla. En esta incide, por ejemplo, la aceptación de ciertos consumos, así como la visibilidad de estos procesos con relación a las desigualdades sociales en la capital.
“Es un tema complejo y son patrones que se correlacionan con muchas otras cosas, como el estrato social. Seguramente hay muchas personas que tienen un consumo problemático del que otras personas nunca se enteran, porque viven en estratos altos y es mucho más fácil consumir en espacios privados, mientras que hay personas de estratos bajos o en condición de habitabilidad de calle, que reciben todo el estigma social asociado con el consumo”, indica.
En ese sentido, expertos apuntan a que la falta de enfoque público en las políticas de drogas ha dejado por fuera la atención de la salud pública, en particular, en materia de prevención por los riesgos asociados al consumo. En ese sentido, en la capital se han intentado experimentos de políticas distritales como las salas de consumos en los Centros de Atención Prioritaria (CAPS) durante la administración de Gustavo Petro.
Así, algunos sugieren que hay que robustecer el sector salud, antes del impacto que implicará para el sistema una regularización, en particular, en materia de prevención y seguimiento a los consumidores de riesgo. “Hay que empezar a medir quienes son los consumidores de bajo riesgo, cuáles son los consumidores que se han vuelto problemáticos, qué cantidad están consumiendo y cuál es su historia clínica, para evitar por ejemplo, episodios psicóticos relacionados con endocannabinoides. Estos datos son necesarios para tener una idea en Bogotá sobre como proteger a los consumidores”, manifestó Luis Gonzalo Morales, experto y exsecretario de Salud del Distrito Capital
Una oportunidad en materia de seguridad
“Es una ficción creer que cuando logramos regularizar o legalizar el consumo de cannabis, van a desaparecer los grupos criminales dedicados al microtráfico. Es decir, el mercado negro para cannabis no va a desaparecer cuando se regularice en el país”, indica Weintraub. Este ha sido el caso en los países que han tomado el camino de la legalización, como Estados Unidos o Uruguay, en donde los mercados negros de drogas siguen siendo parte importante de las rentas criminales en estos países.
Lo cierto es que, inclusive si una ley se aprobará mañana en el país, es poco probable que las cosas cambien de un día para otro. En particular, la relación entre la Policía y la comunidad, que se ha visto permeada por el espíritu prohibicionista de décadas, que se ha convertido en obstáculo para la seguridad de la ciudad.
“Cuando pensamos en cómo mejorar las condiciones de seguridad queremos mayor cercanía entre las autoridades y la comunidad, porque cuando la gente se siente cómoda, denunciando y colaborando con la investigación criminal, eso se refleja, en la mayoría de los casos, en logros operativos como capturas, condenas efectivas, lo que no ocurre cuando no hay una relación más fluida”, asegura Weintraub.
En consonancia se encuentra, María Victoria Llorente, Directora de la Fundación Ideas para la Paz, para quien el enfoque de seguridad de las ciudades debe empezar a cambiar hacia otras facetas de los retos para las y los ciudadanos, en particular los que viven en comunidades marginalizadas.
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“En Colombia vivimos un poco obsesionados con los grupos y las bandas delincuenciales, los censamos, les hacemos organigramas, e incluso tergiversamos nuestras normas para que estos sean menos violentos, pero perdemos de vista la atención a las comunidades”, indica Llorente, quien agrega: “Tenemos que enfocarnos en como evitar que más jóvenes entren por esa puerta de la criminalidad, cómo reducir la violencia contra las mujeres, y cambiar los modelos mentales que producen estos fenómenos”.
En medio del debate, son claros los vacíos jurídicos a solventar en las ciudades capitales, como la reciente sentencia de la Corte Constitucional, que indica que el consumo de sustancias psicoactivas no es absoluto, y que la posibilidad de consumo en el espacio público no es absoluta, por lo que los municipios deben regular su consumo en estos espacios, tarea compleja de cumplir sin legalización.
Acciones a nivel local
“Nuestra opinión, es que el cannabis de uso recreativo debería estar legalizado y, de esta manera, poder hacer unas intervenciones desde el punto de vista de salud pública”, manifestó el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. En ese sentido, afirma que los futuros proyectos de ley deben alejarse del modelo prohibicionista que ha producido “muerte y criminalidad, así como el establecimiento de una gran cantidad de economía criminal asociada al cultivo, a la comercialización y al consumo en el país”.
Por otra parte, el balance entre salud pública y la lógica comercial de los futuros proyecto será clave. “En el primero, aceptamos que por más que lo ocultemos siempre va a estar presente y van a seguir generando todo tipo de problemas en el sistema público, mientras que en el otro se enfoca en las utilidades en general para el Estado de estas rentas”, Luis Gonzalo Morales, experto en salud.
A pesar de que la legalización se debe dar a nivel nacional, existen elementos que pueden desarrollar los mandatorios locales, como políticas particulares enfocadas en garantizar el derecho de los consumidores “Hay muchas oportunidades a nivel locales, en donde los estudios evidencias que estas áreas de consumo tienen efectos positivos y negativos. Creo que aquí la invitación es que los alcaldes experimenten dentro del marco normativo”, menciona Michael Weintraub, miembro de laboratorio Cesed de la Universidad de los Andes.
En ese sentido, el futuro de las acciones en la capital del país tendrán que ver con las elecciones en octubre, en la que se debatirá el enfoque deberá tomar la ciudad para asumir un reto que ya es una realidad.
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Por Fernán Fortich
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