Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Los dineros que anualmente le entrega el Estado a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) para la atención pública de los pacientes se han convertido, para el gobierno del presidente Gustavo Petro, en un tema que lo ha llevado a dar explicaciones cada vez más frecuentes en el escenario judicial. El manejo de los recursos del sector ha mantenido, desde hace años, enfrentadas a las EPS con el Ejecutivo y, recientemente, derivó en la intervención estatal de algunas de estas empresas como Sanitas y la Nueva EPS. El cálculo que hizo el gobierno para definir cuánto dinero por paciente se le daría a cada EPS en 2024, (un monto conocido como la Unidad de Pago por Capitación o UPC) ya le costó un llamado de atención por parte de la Corte Constitucional y, ahora, el asunto llegó a otra instancia judicial: el Consejo de Estado.
El tema aterrizó en esa alta corte a través de una acción popular que buscar echar para atrás las acciones con las que el gobierno Petro y su Ministerio de Salud y Protección Social definieron la UPC para 2024, alegando, principalmente, que ese nuevo cálculo pone en riesgo el “equilibrio financiero en la prestación del servicio de salud”. El recurso judicial fue firmado por 10 representantes de distintas asociaciones de pacientes y empresas gestoras de salud, por considerar que la decisión del gobierno de destinar como mínimo el 5 % de la UPC para la financiación de los equipos básicos de salud “desnaturaliza y desfinancia el esquema de aseguramiento en salud” y, a su parecer, es algo que debe echarse para atrás.
De acuerdo con el documento, la UPC que anualmente se les entrega a las EPS es con el fin de “garantizar el acceso a servicios y tecnologías en salud que se financian con estos recursos”. Entonces, al destinar obligatoriamente el 5% de los dineros de la UPC, en palabras de los demandantes, es una salida que no tiene sustento. “Desfinanciar la Unidad de Pago, con miras a la operación de los equipos básicos de salud territoriales, no es técnica ni financieramente sustentable, si se tiene en cuenta que tal variación afectaría el aseguramiento de la población, cambiando así, tanto los parámetros definidos por la ley para el cálculo de la UPC”, dice la acción popular. En palabras simples, sacar un porcentaje de la UPC con una destinación específica, desestabilizaría el sistema de salud.
Lo que piden en la demanda es que el Ministerio de Salud y Protección Social no aplique y, además, suspenda la Resolución 2364 de 29 de diciembre de 2023, con la cual se fijó el valor de la UPC para 2024. En ese mismo documento, el gobierno estableció que se “deberán destinar como mínimo el 5% para la operación de Equipos Básicos de Salud”. Además, piden lo mismo con otras resoluciones relacionadas con establecer los servicios y tecnologías de la salud que se financiaran con esos recursos, y con lo que tiene que ver con las condiciones “y responsabilidades para la conformación, operación, recursos, monitoreo y seguimiento de los Equipos Básicos de Salud financiados por la UPC”.
Dar cumplimiento a esas resoluciones, dicen los demandantes, haría que se afecten varios derechos relacionados con la salud. Por ejemplo, señalan que se vulneraría “el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; la defensa de los consumidores y usuarios, y la defensa del patrimonio público”. Para los accionantes, la decisión del gobierno “desnaturaliza y desfinancia el esquema de aseguramiento en salud”. Lo desnaturaliza, dicen ellos, porque “rompe la unidad de la prima del sistema y afecta su cálculo técnico”; y lo desfinancia porque “los recursos restantes para cubrir el plan de beneficios, con seguridad, resultarán insuficientes para atender la población afiliada”.
Quitar el 5% del cálculo total de la UPC, o destinarlo para algo en específico, dicen los accionantes, haría que el 95% de recursos restantes sean insuficientes para garantizar la atención médica de los pacientes en el país. De seguir con lo dictado por el Ministerio de Salud en las resoluciones que definieron la UPC para este año, dicen los demandantes, desequilibraría el balance que debe existir entre la UPC y los servicios de salud, lo que llevaría al quebrantamiento del “principio de eficiencia” que, según la Constitución “debe orientar el manejo racional de los recursos con los cuales se financia la salud de los colombianos”. Además, el panorama actual, dicen la acción popular, hace que haya una mayor presión sobre el sector salud.
Los servicios de salud, agrega el recurso judicial, en este momento tiene presiones encima en relación con “el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, la migración masiva de extranjeros y la emergencia sanitaria del covid-19″. Los accionantes consideran que con la presión sobre la demanda y oferta de servicios “el Gobierno nacional, en vez de aumentar la inversión a través de fuentes sostenibles, despliega actuaciones administrativas que tienen el efecto de generar una presión insostenible en el régimen de salud y específicamente sobre el sistema general de seguridad social en salud”.
Dentro de los autores de la acción popular figuran conocidos del mundo jurídico y de la salud. Por ejemplo, entre los accionantes está Adriana Guillén Arango, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y actual representante legal de la Asociación de Cajas de Compensación; Diego Fernando Gil Cardozo, vocero de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras o Ana María Vesga Gaviria, Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi). Para ellos, y los otros siete firmantes del recurso, el Ministerio de Salud cometió graves errores a la hora de establecer los recursos que se entregarían por la UPC de este año.
Por eso, señalan que la cartera ministerial tendría que hacer “la devolución a las entidades que resulten afectadas de cualquier suma de dinero que se haya recaudado” con las resoluciones que expidió, ya que habrían hecho imposible cumplir con el servicio de salud a los colombianos. Esta acción popular está apenas al inicio de su camino en los estrados judiciales, a la espera de que el Consejo de Estado empiece a estudiar el recurso y tome medidas en el asunto. El asunto del cálculo de la UPC no es un político, sino uno puramente técnico y de mucha filigrana. Es justamente este tema el que está en el centro del debate sobre el sistema de salud colombiano.
El gobierno Petro, aunque varias veces ha dicho que está dispuesto a revisar esos cálculos y montos, no se ha movido en sus números, mientras que las EPS insisten en que el dinero no es suficiente. El problema es todavía más profundo pues, como se lo dijeron gremios de las EPS a El Espectador a comienzos de mes, los diálogos sobre este asunto se han vuelto conversaciones sin debate. “Cada uno llega, muestras sus cifras y se va”, explicó una persona que participó en las mesas para definir y revisar la UPC. Además, la manera en que se llegó al valor de la unidad este año no escapó de la polémica, pues el propio Ministerio de Salud explicó en su momento que lo había tenido que hacer contando con la información de solo cuatro de todas las EPS que cumplieron con la consistencia en los datos que debían presentar para la toma de esa decisión.
Precisamente este ha sido uno de los reproches de la Corte Constitucional que justamente repitió hace dos semanas en una audiencia en la que le jaló las orejas a la cartera que dirige el ministro Jaramillo. Por eso, la entrada de un actor de la justicia al ya tenso escenario del sistema de salud, a través de una acción popular, podría destrabar la discusión, pero no por mesas de diálogos ni por concertaciones entre las partes, sino a través de una orden judicial.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
Conoce más