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Cuando el capo mexicano Ismael Zambada García fue condenado a cadena perpetua en un tribunal de Nueva York la semana pasada, lanzó un mensaje que muchos funcionarios mexicanos encontraron incómodo de escuchar.
Al leer en voz alta su declaración de culpabilidad, el hombre conocido como el Mayo Zambada dijo que había operado libremente en México durante años sobornando a políticos, a agentes de policía y a militares.
No fue precisamente una bomba: es bien sabido que los cárteles mexicanos llevan mucho tiempo prosperando gracias al soborno de funcionarios. Pero puso de relieve un problema cada vez mayor para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ha estado sometida a una intensa presión por parte de la Casa Blanca para que haga más por erradicar la corrupción.
Durante meses, Sheinbaum ha intentado gestionar dos relaciones complejas al mismo tiempo: la de México con Estados Unidos y la suya propia con su poderoso partido político. En esencia, ha dicho en repetidas ocasiones que quiere colaborar con el presidente Donald Trump, pero no recibir órdenes de él.
Sheinbaum intentará volver a caminar por esa cuerda floja el miércoles en Ciudad de México, cuando se reúna con el secretario de Estado Marco Rubio para discutir formas de luchar contra los cárteles de la droga.
Rubio ha sido uno de los funcionarios estadounidenses que ha destacado el problema del poder de los grupos delictivos, y en marzo dijo a Fox News que “en muchos de estos casos lo que impide cooperar es que existen niveles de corrupción e influencias sobre el ramo jurídico del país”.
Trump ha hecho comentarios similares, y en julio dijo que las autoridades mexicanas están “aterrorizadas de ponerse a trabajar porque los cárteles tienen un enorme control sobre México y sobre los políticos y las personas que son elegidas”.
Sheinbaum ha tomado medidas enérgicas contra un poderoso cártel, ha trasladado a decenas de presos a Estados Unidos y ha destacado importantes incautaciones de drogas en la frontera.
No obstante, la situación la ha puesto en una posición precaria.
Trump ha amenazado con imponer aranceles devastadores e incluso con operaciones militares si la presidenta no toma medidas agresivas para detener el flujo de fentanilo a través de la frontera.
Sin embargo, la red de alianzas e intereses políticos de México le obliga a actuar con cautela, especialmente a la hora de perseguir a otros políticos, so pena de arriesgarse a sufrir un revés que podría poner en riesgo el control que tiene sobre su partido de izquierda, Morena, según analistas políticos y de seguridad mexicanos.
“Se encuentra atrapada entre la espada de las presiones de Trump y la pared de la narcopolítica mexicana”, dijo Carlos Bravo Regidor, analista político mexicano.
Sheinbaum dijo que espera anunciar un nuevo marco de seguridad para que México y Estados Unidos trabajen juntos, pero se espera que los detalles de cualquiera que sea el acuerdo serán relativamente vagos.
A petición de Sheinbaum, es probable que se incluya una cláusula de respeto a la soberanía de México, según una persona cercana al gobierno mexicano que habló bajo condición de anonimato para discutir planes privados.
El asunto de la soberanía se ha convertido en un tema especialmente delicado en México, ya que Trump ha desplegado miles de soldados en la frontera sur y ha indicado al Pentágono que estudie la posibilidad de llevar a cabo operaciones militares contra los cárteles que ha designado como organizaciones terroristas.
La cuestión se ha vuelto tan tensa que la semana pasada provocó un conato de bronca en el Senado mexicano, cuando el senador Alejandro Moreno, líder de la oposición conocido como Alito, se enfureció al no tener la oportunidad de participar en un debate sobre una posible intervención militar estadounidense. Empujó y golpeó a un poderoso senador del partido político de Sheinbaum y empujó a otro hombre, según se vio en un video.
No se espera que ningún acuerdo de seguridad que se dé a conocer el miércoles incluya mención a los esfuerzos para perseguir a los funcionarios mexicanos corruptos, y la Casa Blanca no ha enviado una lista de políticos mexicanos que considere que están vinculados a los cárteles, según la persona cercana al gobierno mexicano.
Sin embargo, el gobierno de Trump ha dejado claro en repetidas ocasiones y en público que quiere que se tomen más medidas al respecto.
Los analistas de seguridad afirman que los cárteles tienen una gran influencia sobre el gobierno en muchas zonas de México. También señalan que, debido al reciente dominio del partido de Sheinbaum —Morena y sus aliados controlan en efecto los tres poderes federales—, es probable que existan vínculos entre los cárteles y algunos miembros de Morena y políticos aliados.
Perseguir a esos políticos podría fracturar las delicadas alianzas de Morena y poner en peligro políticamente a Sheinbaum. Esto es especialmente cierto, dijeron los analistas, porque muchas de las alianzas fueron construidas por Andrés Manuel López Obrador, el expresidente que la eligió como su sucesora.
“Tiene un dilema que consiste en ceder a la presión estadounidense o investigar algunos miembros cercanos al círculo de su jefe político”, dijo Eduardo Guerrero, exfuncionario de seguridad mexicano que ahora estudia los cárteles y su influencia.
Carlos Heredia, exgobernador mexicano de tendencia izquierdista y miembro del Congreso, dijo que, hasta ahora, Sheinbaum no ha estado dispuesta a destituir a ningún alto funcionario nombrado por López Obrador.
“El mayor desafío para ella proviene del interior”, dijo. “Cómo lidiar con el legado que heredó, de un círculo de personas que fueron protegidas desde las más altas esferas, y me refiero a gobernadores, legisladores e incluso personas del gabinete”.
Sheinbaum ha negado rotundamente cualquier insinuación de que su gobierno proteja a políticos corruptos o haya sido indulgente con ellos. Por ejemplo, ha hablado de una investigación en torno a sobornos en la petrolera estatal. Una operación que su gobierno ha ayudado a llevar a cabo contra la extorsión ha resultado en unos 60 funcionarios locales acusados de tener vínculos con cárteles.
Durante sus primeros 11 meses en el cargo, las autoridades del actual gobierno mexicano han detenido a casi 31.000 personas sospechosas de tener vínculos con el crimen organizado, unas 16 veces más que durante el mandato de su predecesor, según datos del gobierno.
Sin embargo, de las detenciones conocidas públicamente, hasta ahora no se ha detenido a ningún funcionario federal.
También ha subrayado que un político no es corrupto simplemente por las acusaciones. Esa ha sido su postura respecto a uno de los líderes de Morena en el Senado mexicano, Adán Augusto López Hernández, quien fue secretario de Gobernación (Interior) durante el mandato de López Obrador.
López Hernández se ha visto envuelto en un escándalo porque dos hombres que contrató como jefes de seguridad hace años fueron acusados recientemente de liderar un cártel. López no ha sido acusado de ningún delito, y Morena y Sheinbaum lo han respaldado.
“No vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie”, dijo Sheinbaum hace poco. “Pero todo mundo tiene su información y todo mundo tiene derecho a decir, como ha dicho el senador Adán Augusto, su versión”.
En los últimos meses, el gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos una destacada integrante de Morena en México, una gobernadora, y otros dos políticos. Las autoridades estadounidenses se han negado a explicar los motivos, pero una nube de sospecha se ha extendido sobre los funcionarios.
Por otra parte, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, el estado azotado por la violencia y sede del poderoso cártel del mismo nombre, ha sido especialmente perseguido por acusaciones de corrupción. Él ha negado cualquier irregularidad y sigue contando con el respaldo de Morena. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios.
Mientras se veía envuelto en una tormenta mediática este año que aseguraba que había sido comprado por los cárteles, Rocha recibió una visita importante. Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y alto cargo de Morena, posó para una foto con el político en apuros mientras le entregaba una tarjeta de identificación de Morena.
*Cyntia Barrera Diaz y Emiliano Rodríguez Mega colaboraron con reportería.
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