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Yessica Tequila Arce es el nombre de la mujer de la comunidad indígena que murió, a sus 25 años, en hechos que siguen siendo investigados, el pasado domingo 21 de abril en Bogotá. Su muerte, sin embargo, no sorprendió a la comunidad, y dicen, es una situación que se está “normalizando”. Por años la ciudad ha visto morir a niños, niñas, mujeres y hombres de estas comunidades, y no por hechos de violencia, sino por situaciones derivadas de las precarias condiciones en las que viven en calidad de víctimas de desplazamiento en la capital colombiana.
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Un día después de la muerte de esta mujer indígena, otro hecho se sumó al lamentable suceso, generando también, incertidumbre entre los líderes indígenas que componen las mesas de diálogo y que hacen presencia en el territorio salvaguardando los derechos de esta población: la renuncia de Patricia Tobón Yagarí de la dirección de la Unidad para las Víctimas, entidad de orden nacional que vela por la atención, asistencia y reparación de los pueblos indígenas.
Tobón, quien pertenece a la comunidad indígena Emberá, abogada, especializada en derecho constitucional, salió por solicitud del presidente Gustavo Petro. Semanas antes, la excomisionada de la verdad denunció un detrimento de cerca de $4.200 millones en los recursos destinados para las víctimas, por supuestas irregularidades en el Fondo de Reparación, declaraciones que terminaron en choques con otras dependencias del Estado.
Su paso por la entidad, empero, significó un gran avance en reconocimiento a las víctimas, al ser la primera mujer indígena Emberá en ostentar el cargo. Pero su paso por esta entidad no estuvo exenta de desavenencias: en los últimos meses tuvo desencuentros en el Congreso y denunció fallas en los recursos destinados a las víctimas. “Los recursos de la Unidad para las Víctimas se han perdido porque se han entregado a la burocracia, se han perdido porque se han priorizado la agenda política y no la agenda de las víctimas”, señaló en una entrevista concedida a El Espectador en 2023.
La exdirectora también estaba esperando el avance de un proyecto de reforma a la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) que impulsó, y que está en manos del Congreso, en su búsqueda por abrir la puerta a la inclusión de actores víctimas del conflicto armado en escenarios políticos, pues en su diagnóstico, el país todavía tiene largo camino que recorrer para cumplirle a las víctimas. Trecho que, a su salida, continúa siendo incierto para la población indígena asentada de Bogotá, la cual, desde 2021, no ha dejado de crecer y cuyas condiciones, siguen empeorando cada día que pasa.
Preocupados
Las más de 800 personas -80 % menores de edad-, que viven en toldos, sobre pasto o tierra, en el Parque Nacional, se volvieron un paisaje más capitalino. O al menos así es hasta que, de tanto en tanto, un puñado de indígenas salen de ahí a algún ministerio para reclamar sus derechos, como sucedió en el mes de marzo con 120 familias que protestaron durante días frente al ministerio de Vivienda. Un mes después de ruido en noticieros y periódicos, y una mesa técnica de diálogo, las mismas familias continúan a la espera del cumplimiento de los acuerdos, aspecto que inquieta luego de la renuncia de Tobón, ya que al Gobierno le queda un mes para cumplir lo pactado en marzo.
En medio están los líderes que representan a estas comunidades, las entidades distritales de la capital, que les ha tocado mediar e invertir grandes sumas de dinero en este complejo conflicto, y el Gobierno, que deberá reencaminar la ruta de reparación.
“Hoy siguen las comunidades indígenas sin atención óptima. Se cambió el enfoque en lo que correspondía a atención de víctimas en zonas urbanas, se trataron de hacer unas inversiones en los territorios, algunas infructuosas. Por ejemplo, a nivel nacional, se trazaron la meta de crear 17 kilómetros de carretera para el alto Andágueda, pero solo se avanzó en uno, lo que demuestra los escasos avances en esta materia. A nivel distrital los procesos se detuvieron. La exdirectora nos manifestaba que esto se debía a un tema de corrupción, pero a la final lo que sucedió fue que hubo muchas discusiones a nivel interno”, señaló a este diario Jairo Montañez, líder coordinador de autoridades indígenas en Bacatá y líder de derechos humanos.
De acuerdo con el líder, esas “discusiones internas” se reflejaron en la operación misma de la atención a víctimas, y en todo el trabajo administrativo que, según él, se vio retrasado en toda la ruta de reparación y de acompañamiento integral a las poblaciones. A pesar de que se desarrollaron unas mesas del componente mixto tanto Distrital como Nacional, este año no se avanzó en un acercamiento para resolver las complejas problemáticas de los indígenas, a pesar de las muertes y los casi ocho meses que ya completan en el Parque Nacional y cuatro años en los albergues.
“En lo que correspondía a metas trazadas en Bogotá, ha habido poca proyección, se han desarrollado una serie de reuniones, pero el resultado es que aún sigue aumentando las tasas de mortalidad y también de natalidad. Lo que sucedió con la muerte de esta mujer el domingo, representa la queja que hemos venido poniendo históricamente sobre el hacinamiento y las condiciones sanitarias de albergues como La Rioja y La Florida”, añade Montañez.
Sobre este último punto, Secretaría de Salud insiste en que las muertes registradas no pueden ligarse a las condiciones en las que viven los indígenas en los albergues del Distrito. A la fecha la comunidad reporta 46 muertes (11 adultos y 35 menores de edad, entre ellos bebés), pero un aspecto recurrente en estos casos es que la misma población no se deja atender a pesar de los intentos de interceder en los casos reportados. Esto lo afirma tanto el ente de salud como el líder indígena, cosa que no ha sido profundizada por el mismo hermetismo de la entidad y de la comunidad. Lo que demuestra es la poca confianza que ya tienen los indígenas en la institución y lo normalizado que se ha vuelto que un indígena pierda la vida en una ciudad desconocida.
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No es normal
Un niño de apenas 5 años y tres meses, perteneciente a la comunidad indígena, murió el 11 de enero de este año. El menor se encontraba viviendo en la Unidad de Protección lntegral La Rioja (centro de la ciudad), como cientos de indígenas que llegaron desplazados, en los últimos años, a la capital. Si bien las causas de su fallecimiento son aún motivo de indagación, líderes indígenas apuntan a las indignas condiciones de hacinamiento y precariedad alimentaria en las que habitan allí.
Pero esta escena ya es normal, o habitual entre los citadinos, como otras situaciones que a nadie le extraña: niños y mujeres indígenas sentados en el suelo pidiendo limosna o niñas bailando con una guacharaca en la carrera Séptima por monedas. “La inasistencia que ha habido históricamente, la discriminación que se ha ejercido sobre esta población y efectivamente toda esta nueva estructura diseñada, pues por el afán de que se fueran, está llevando a que los jóvenes niños niñas y adolescentes indígenas lleguen a círculos de consumo de droga, pero sobre todo también al tema de explotación infantil”, analiza Jairo Montañez.
Y es que en la percepción de las comunidades indígenas, las atenciones se reducen a entrevistas y encuestas en las que las autoridades, tanto distritales, como nacionales, escuchan las necesidades y las historias de cada familia que llega a la ciudad en condiciones frágiles. Pero este diagnóstico no se acerca a una reparación integral, al igual que, como sucede con víctimas del conflicto armado indígenas en todo el país, la reparación económica no llega a ser efectiva cuando no viene acompañada de procesos de inclusión o acompañamiento financiero y de sostenibilidad.
“Para los procesos de reparación para personas que son sujetos étnicos, y que son los que mayor número de víctimas registra el conflicto armado, se siguió hablando de que se quiere reparar a todas estas víctimas para 2050. Pero esto es una hipótesis y una ilusión, no existe una expectativa de reparación real”.
Compromisos
Desde las protestas de octubre y noviembre de 2023, en las que indígenas reclamaban, más que reasentamientos, medidas que brindaran una permanente seguridad económica, habitacional y alimenticia, los compromisos de la Unidad para las Víctimas continúan acumulándose.
Uno de estos es mantener la mesa de diálogo con quienes permanecen en el Parque Nacional para llegar a acuerdos que garanticen sus derechos y seguir con la revisión y definición de los predios que podrían ser habilitados por la SAE para garantizar la vida digna de estas comunidades.
“Se estableció brindar atención integral a las niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes y lactantes en unidades de servicios del ICBF; trabajar en la prevención de vulneración de derechos y en su restablecimiento en el caso de los menores de edad víctimas de posibles hechos de trata de personas como la mendicidad ajena. Además, se contempla convocar un congreso o asamblea de las autoridades indígenas para revisar temas estructurales que han afectado históricamente sus comunidades y así poder darles trámite y soluciones”, indicó la Unidad para las Víctimas.
Por su parte, el Distrito se ha comprometido a mantener las puertas del diálogo abiertas y la articulación con el Gobierno Nacional para subsanar a las víctimas, además de preservar la atención en los albergues y en el Parque Nacional. Sin embargo, la expectativa sobre lo que pueda traer la salida de Tobón, y el cambio que se viene para la Unidad para las Víctimas, viene acompañada de dos temores: que a un mes de que se cumpla el plazo, las promesas sean incumplidas y la comunidad indígena vuelva a tomarse las calles, o en segunda instancia, no menos peor, que las cosas sigan tal y como están, y la miseria de los indígenas continúe siendo un paisaje más bogotano.
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Por Juan Camilo Parra
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