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El daño se hace poco a poco. No es un golpe repentino, de esos que desestabilizan de inmediato a quien lo recibe. Tampoco es un derrumbe instantáneo, capaz de sacudir los cimientos de un Estado o sistema. Con el paso de los meses y años, la corrupción hace las funciones de la hiedra: avanza lentamente hasta las raíces de su huésped y en un momento dado lo asfixia dejándolo inerte.
En 2022, Latinoamérica, más que ser el antídoto que erradica la hiedra, fue el huésped que se vio incapaz de combatirla: una región que durante los últimos cuatro años se ha quedado en un punto muerto en la lucha contra la corrupción.
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Durante el último año, los estados latinoamericanos han sufrido una recesión en el cuarto de máquinas para enfrentar y castigar la corrupción, según explica el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). Con periodistas amenazados, ramas judiciales sin independencia, y falta de voluntad política, el informe explica que la región fue en 2022 menos eficiente con respecto a años anteriores para confrontar el fenómeno que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, extravía US$220.000 millones anuales.
La erosión lenta
Muchas pueden ser las metáforas de la corrupción en el continente: robos, desfalcos, los tentáculos que colonizan todo a su paso, o gobernantes que llegan al poder para abusar de él. Pero el Consejo de las Américas y Control Risks, una empresa consultora de riesgos, concuerdan en que la corrupción es “un reto de primer orden” para Latinoamérica. Para ambas entidades, que redactaron el informe CCC, el deterioro de la lucha contra la corrupción no ha sido abismal con el paso de los años, pero sí se ha visto que los mecanismos para frenar las raíces de la hiedra han presentado “una erosión continua que lleva años desarrollándose”.
El informe, que tiene en cuenta 15 países de Latinoamérica, evalúa varias condiciones necesarias para luchar contra la corrupción, entre ellas la capacidad legal que tiene un Estado para hacer frente a la corrupción, la calidad del periodismo que denuncia las malversaciones o la autonomía que tengan las instituciones. Así pues, el CCC establece un rango entre 0 (que es el peor registro para combatir corrupción) y 10 (el valor que asegura que un Estado es fuerte y autónomo para encarar los desfalcos).
El CCC explica que se evalúa “desde la independencia del poder judicial […] hasta la calidad de las leyes que rigen los grupos de presión y la financiación de campañas” para elaborar el índice, que vale la pena aclarar, no incluye a Estados Unidos ni Canadá.
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Y es que incluso en los países con menos corrupción, como Uruguay o Costa Rica, hubo descensos en el Índice, lo que explica que “ningún país es inmune al estancamiento o al retroceso en la lucha contra la corrupción”. Un ejemplo claro de ello es el de Guatemala, que durante la década pasada fue considerado como el laboratorio de la comunidad internacional para combatir los desfalcos.
En 2007 la ONU designó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Entre sus logros, aparte de procesar expresidentes y altos funcionarios por malversar el erario, desarticuló 70 estructuras criminales y procesó 670 personas. Pero la estancia de la Comisión fue interrumpida en 2019 y en la actualidad el país es considerado como el 27° más corrupto del mundo, superado únicamente por los vecinos Venezuela, Haití o Nicaragua, naciones con gobiernos autoritarios o en el caso de la isla, sin Gobierno.
Para Thedore Khan, director asociado de Control Risks, Chile fue otro ejemplo de un país que “históricamente ha tenido la mayor capacidad para combatir la corrupción”, pero estuvo involucrado en el episodio en que altos mandos militares fueron acusados de malversar casi US$8 millones. Para Khan, que el Índice baje en casos como el de Chile, Uruguay o Costa Rica es “preocupante”.
Colombia, por su parte, ocupa el 9° lugar en el Índice. Lo que demuestra que en los últimos años su capacidad para combatir la corrupción ha disminuido. De acuerdo con el CCC, las pugnas entre Gustavo Petro y Francisco Barbosa, fiscal general, han socavado el equilibrio entre los poderes del Estado. Sin embargo, el informe indica que la ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido un punto positivo en el Gobierno colombiano. Pero esta se ve opacada por las investigaciones que la Fiscalía ordenó contra familiares de Petro y el financiamiento de la campaña que le hizo conseguir la Presidencia.
Luciana Torchiaro, asesora regional de Transparencia Internacional, explicó que “27 de 32 países del continente llevan varios años en un punto muerto en la lucha contra la corrupción”, por lo que es necesario “redoblar la colaboración entre los fiscales […] e implementar más medidas contundentes para represas los flujos financieros”, según dijo en diálogo con Insight Crime.
Pero un capítulo aparte es el daño que ocasiona la corrupción en el continente. Para Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, este fenómeno “alienta muchas otras de las crisis que atraviesa la región”, entre ellas la criminalidad, la violencia y las amenazas a los derechos humanos.
“Es mucho más probable que la corrupción florezca cuando las bases democráticas son débiles y, como hemos visto en muchos países, donde los políticos antidemocráticos y populistas pueden usarla en su beneficio”, explica Ferreira.
Para elaborar el Índice, tanto Control Risks como el Consejo de las Américas recogieron datos e informes de organismos internacionales como la UNESCO, el Banco Mundial y programas de la Universidad de Harvard, el Foro Económico Mundial, entre otros. Además, ambas empresas consultaron más de 50 expertos anticorrupción para contrastar los datos de las organizaciones. El Índice estableció un margen de error en el que asegura que puede haber factores “que conforman el ámbito de la lucha contra la corrupción que posiblemente se hayan dejado de lado”.
La herencia de Odebrecht
Uno de los escenarios más recordados fue el de Odebrecht, la constructora brasilera que a medida que ejecutaba obras públicas creó una arquitectura de sobornos y dádivas en todo el continente. Para Sebastián Fernández de Soto, analista senior de Control Risks, el escándalo Odebrecht generalizó y resaltó una corrupción de alto nivel en los sistemas políticos de la región”.
Desde 2016, año en que se descubrió la red de sobornos de la constructora, presidentes, ministros y legisladores del continente han sido acusados e incluso imputados. El más reciente caso es el de Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial en Colombia, que recibirá la imputación de cargos el próximo 10° de julio.
Pero hay otros ejemplos en que los presidentes ya han sido imputados, como Alejandro Toledo, exmandatario de Perú, que de acuerdo con la justicia inca, recibió más de US$35 millones en sobornos. También Nicolás Maduro, Rafael Correa, los Kirchner en Argentina y Ricardo Martinelli, antiguo jefe de Estado de Panamá, han sido acusados.
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Fernández de Soto explica que las revelaciones de sobornos de Odebrecht “afectaron la confianza en el sistema político y electoral de muchos países” y pone el ejemplo de Perú, que gracias a las acusaciones de corrupción se ha “incrementado la inestabilidad política”. Es importante mencionar que tanto Ollanta Humala, Pedro Kuzcynski y Alan García, todos expresidentes, estuvieron salpicados por los sobornos y desvíos de parte de la constructora.
Vale la pena recordar que, según las pesquisas de Estados Unidos, Odebrecht operó en al menos 12 países de Latinoamérica y repartió sobornos a partidos, empresarios, legisladores y presidentes que superaban los US$788 millones. Tras varios años de investigaciones, al menos 80 personas han sido procesadas por este escándalo, mientras que Marcelo Odebrecht, el arquitecto de la estructura de sobornos fue condenado a 19 años de cárcel.
¿Fumigar la hiedra?
Analistas coinciden en que hablar de corrupción implica tener en cuenta dos variantes: que se cometa el delito y por otra parte, que se castigue. De acuerdo con el CCC, Uruguay y Chile fueron casos ejemplares en que si bien hubo desfalcos, la justicia y órganos de la sociedad civil se movilizaron para castigarlo, lo que “indica que la capacidad del país para detectar y castigar la corrupción sigue siendo sólida”.
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Es importante mencionar que la corrupción no es una práctica exclusiva Latinoamérica. En Europa, por ejemplo, en 2022 se desmanteló una red de sobornos conocida como el Qatargate, en que miembros del Parlamento Europeo y altos funcionarios de Grecia desviaron recursos. Sin embargo, Transparencia Internacional y el CCC coinciden en que la región americana es donde más acentuado este fenómeno.
Kahn explica que aún hay “activos importantes para combatir la corrupción, empezando por la sociedad civil, ONG y medios especializados. […] Lo que hace falta es consenso político y acción colectiva. Es difícil de lograr, pero los últimos años muestran ejemplos de éxito, como el caso de Chile después de los escándalos políticos de la última década”.
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Por Tomás Tarazona Ramírez
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