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Así van las cuentas: el secuestro de una militar y sus dos hijos menores de edad en Arauca; enfrentamientos sin tregua entre banda armadas en Chocó, con poblaciones enteras en total confinamiento; un paro armado en ese mismo municipio, y el ataque a cuatro patrulleros en norte de Santander que acabó con sus vidas. Los cuatro hechos tienen nombre propio, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y son el telón de fondo de un anuncio que hoy resulta contradictorio: el Comando Central, horas después del plagio de los niños y su madre el pasado lunes, les ordenó a sus tropas prepararse para el cese de operaciones contra las Fuerzas Militares a partir de este 6 de julio, un paso clave para las negociaciones de paz en Cuba.
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El secuestro lo denunció el esposo de la militar, un oficial que forma parte de la Fuerza de Tarea Orión, de la Octava División, con jurisdicción en Arauca. Su esposa, la sargento segundo del Ejército Ghislaine Karina Ramírez, emprendió un viaje en carretera el 3 de julio, de Melgar, Tolima, a Fortul, Arauca, para encontrarse con su pareja. En el carro la acompañaban sus dos hijos, de 6 y 8 años (el menor tiene autismo), pero el viaje nunca terminó. Lo último que se supo fue un mensaje que ella le envió a su esposo, a las 8 de la noche de ese lunes, en el que contó que ya había pasado Yopal. Horas después el oficial reportó su desaparición.
En medio de la noticia de la orden del ELN de suspender sus operaciones ofensivas, el plagio de la familia del oficial del Ejército terminó confirmándose solo hasta la mañana del miércoles. “Responsabilizamos de la vida e integridad física de nuestra suboficial y los menores de edad al Frente de Guerra Oriental del ELN”, expresó el Ejército a través de un comunicado de prensa. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió la liberación inmediata de Ghislaine Karina Ramírez y sus hijos, y agregó una advertencia crucial: “No puede hablarse de paz y simultáneamente secuestrar a una mujer y a sus pequeños hijos solo por el hecho de tratarse de una integrante de la Fuerza Pública”.
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Al cierre de esta edición ningún miembro del ELN habían dado explicaciones por los hechos. Eso sí, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, expresó en su cuenta de Twitter: “Instamos al ELN a pronunciarse sobre este hecho violatorio del Derecho Internacional Humanitario y, de ser responsables, a liberar a estas personas inmediatamente”. Rueda no solo hizo referencia en su trino al secuestro de la mujer y sus hijos, sino a otro hecho que las autoridades le atribuyeron a esta guerrilla: la muerte de tres patrulleros en Norte de Santander, dos de ellos fallecieron en medio de un ataque mientras desayunaban en un restaurante en el municipio de El Zulia, Norte de Santander, el martes pasado. Los hechos todavía son materia de investigación, pero las autoridades apuntan a que habría sido el Eln.
Desde que se conoció del cese al fuego con esta guerrilla la dificultad de hacerlo realidad estaba cantado. El propio comisionado Rueda lo advirtió: “Es aquí en donde se va a probar la unidad de mando del ELN”, pues no es la primera vez que los negociadores de paz del grupo armado muestran gestos para avanzar en esos diálogos, pero en la práctica la realidad es otra. Uno de los casos que más demuestra esta “desconexión” entre los altos mandos de la guerrilla es el del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, ocurrido en enero de 2019. Un carro bomba logró entrar a las instalaciones y su explosión ocasionó la muerte de 23 personas, incluyendo al conductor.
La respuesta del gobierno Duque fue cancelar el proceso de paz que por esos días avanzaba con el ELN, que días después del hecho terminó confirmando que sí era su autor. Detrás de ese ataque estuvo el Frente Domingo Laín de esa guerrillera, el mismo que hoy sería responsable del secuestro de la sargento Ramírez y sus hijos. Esta estructura, nacida en los años 80, es considerada como una de las más poderosas del ELN y, según fuentes del Ejército, se consolidó en Arauca a punta de secuestros y de esquilmar la infraestructura petrolera. Uno de los crímenes más recordados y que combinó estas dos acciones ilegales fue el secuestro de cuatro ingenieros alemanes de la compañía Manesmann.
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El plagio ocurrió en los años 80, mientras estaban construyendo el oleoducto que llevaría el crudo hasta Coveñas, Sucre. A partir de allí ese frente siguió secuestrando civiles y, en el último tiempo, hasta miembros de la Fuerza Pública. En el caso más reciente, el padre de la sargento Ghislaine Karina Ramírez le imploró a la guerrilla que lo dejara intercambiarse por su hija y sus nietos. “A donde el ELN diga, a la hora que sea, para intercambiarme por mi familia. Voy a donde sea”, expresó Gerardo Ramírez. Su hija de 36 años es oriunda de Melgar, Tolima. Inició su carrera en el Ejército como auxiliar de servicios en 2011 y su especialidad es la musical, con énfasis en clarinete.
El presidente Gustavo Petro tampoco se había pronunciado sobre los últimos hechos ni sobre los otros casos que, durante los últimos días, han puesto en emergencia la situación de orden público en otras zonas del país. En ellos los responsables son grupos armados diferentes al ELN. Por ejemplo, el ministro de Defensa realizará este jueves un consejo de seguridad extraordinario en Buenaventura, luego de que se conocieran videos en los que aparecen hombres encapuchados con armas largas patrullando las calles de la ciudad. Y en las últimas horas, un ataque con explosivos a una estación de policía en Bucaramanga terminó con seis uniformados heridos.
Las investigaciones para establecer la autoría de estos hechos ya están andando. Mientras tanto, en el mundo político, el país sigue a la espera de ver cómo se desarrolla la promesa que hicieron los voceros del ELN en La Habana y de la respuesta del Gobierno a los otros hechos de violencia, en medio del avance de la política de la “paz total” del gobierno de Gustavo Petro.
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