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Un extintor. Este fue el elemento que le habría salvado la vida, como último recurso, a un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), en un paradero en la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de la capital del país.
El hecho, que es materia de investigación y del cual se conocieron varias versiones, se registró el pasado martes en un bus del sistema, cuando un usuario arremetió con un arma blanca contra el transportador, que se defendió con el elemento de seguridad y sufrió, como consecuencia, una herida en el hombro.
Aunque la herida no fue de gravedad y tendrá incapacidad para recuperarse, el caso revela quizá una de las situaciones más complejas del sistema de transporte público de la ciudad: la violencia y la inseguridad a la que se ven sometidos los conductores, en algunas zonas de la capital, o la que promueven los propios conductores.
En este panorama no solo confluyen personas violentas, que evaden el pago del pasaje; ladrones, que ha aumentado la percepción de inseguridad dentro del sistema, y la intolerancia de conductores y pasajeros que terminan en hechos violentos, como agresiones y daños a la infraestructura.
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Riesgos y presiones
Así, como el último episodio de San Cristóbal, varios ataques y asaltos han sido captados en videos ciudadanos. La situación parece tan crítica, que ha generado reacciones desde diversas orillas políticas y ha puesto de nuevo sobre la mesa ¿qué hacer para garantizar la seguridad de los transportadores y del mismo sistema?
El debate revive justo después de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió contra los operadores y los conductores por su supuesta inacción contra los colados (se suben a los buses sin pagar). “Robar a quienes sí pagan el pasaje e impuestos es abuso, falta de cultura ciudadana y contravención. Pero la actitud de me importa cero del conductor y del operador privado es la razón por la que vamos a renegociar esos contratos. No tienen ninguna corresponsabilidad por evitar colados, robos, o cualquier garantía de calidad del servicio”, expresó la mandataria en un polémico tuit.
Sin embargo, en su crítica, omitió una realidad, que le recordaron los 20 operadores de transporte público de Bogotá a través de una carta, en la que no solo le mencionaron las condiciones de inseguridad que soportan a diario, la cual no deberían soportar, sino que le pidieron a la mandataria, “enfocarse en lo verdaderamente importante ahora: cómo hacemos para que el servicio de transporte público en la ciudad cada vez sea mejor para los ciudadanos y, sobre todo, para que después de cuatro años, adopte estrategias efectivas”
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Así, con la nueva coyuntura, esta controversia generó una nueva indignación por parte de los actores del sistema, que piden mayores medidas de seguridad. Además, según expertos, el discurso de la alcaldesa y el Distrito podría estar alimentando la violencia en el transporte público de la ciudad.
Una movilidad violenta
“Lo cierto es que es un sentimiento compartido entre todos los operadores de que no hay garantías para realizar nuestro trabajo y por nuestras vidas, estamos todos desmoralizados. Estamos cansados de pedir acciones al Distrito y al Gobierno, ahora estamos considerando otras medidas, como entrar en paro. No parece haber otra manera”, manifestó Wilson Hoyos, líder de sindicatos de transportadores y conductores del SITP en Bogotá.
Cifras oficiales parecen respaldar esta realidad. Así, en el caso del operador Este Es Mi Bus S.A., que presta servicios de alimentación en Kennedy y Suba, se han reportado más de 53 agresiones físicas a sus operadores entre enero y junio, es decir, 8 incidentes cada 30 días.
Por su parte, de acuerdo con el concesionario Suma, que opera en Ciudad Bolívar, en el sur de la capital del país, en lo corrido del año más de 68 operadores han resultado afectados por agresiones físicas y verbales, y han dejado como resultado un total de 110 días de incapacidades acumuladas. En total, en lo corrido del año, en solo 6 concesionarios se han registrado más de 600 agresiones a operadores.
Entre los casos de agresiones contra conductores se encuentra el de Nelson Enrique Gonzales Fernández, quien fue agredido por ciudadanos mientras cubría la ruta H610, en la localidad de Ciudad Bolívar, el pasado 23 de abril de este año. Ese día, según relata Gonzales, mientras se movilizaba por una de las calles del barrio Paraíso, una mujer con un menor en sus brazos se cruzó la calle de manera abrupta, casi generando un accidente.
Momentos después, varias personas empezaron a lanzar objetos contra el vehículo, rompiendo varios de sus vidrios. Posteriormente, los agresores forzaron las puertas del bus y agredieron al conductor, quien fue trasladado a un hospital con heridas superficiales. Por casos como estos, los operadores piden mayor acción de las autoridades para protección de la seguridad de los operadores y los buses en la capital del país.
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“Como concesionarios, no estamos dispuestos a exponer a nuestros conductores a enfrentarse con la ciudadanía, para que no se cuele, o con los ladrones, para que no roben. Los conductores no son Policías, ni cuentan con la formación ni con las herramientas para enfrentar situaciones como esas”.
Y agrega: “El nivel de deserción de conductores es alto, en gran medida, por la inseguridad y por los abusos a los que se exponen los operadores: les escupen, les gritan, los agreden física y verbalmente, y hasta los matan, por intervenir en este tipo de situaciones”, se lee en el documento.
No obstante, también vale la pena resaltar que, en contraste, este diario ha conocido varias riñas que han sido provocadas por conductores del sistema y que también han atentado contra la seguridad de las y los capitalinos. Se trata de un fenómeno de parte y parte.
¿Un discurso violento?
Uno de los interrogantes que deja esta situación de inseguridad en el sistema, es cual es la causa detrás de tanta conflictividad, que desemboca en estos casos conocidos por la opinión pública. De acuerdo con el experto en movilidad y exsubgerente de Transmilenio, Darío Hidalgo, esto se debe a los discursos de administraciones pasadas que han deslegitimado al sistema, con graves consecuencias.
“Desde hace más de una década el cuidado y protección del sistema Transmilenio dejó de ser prioridad para las administraciones de la ciudad, que más bien lo mostraron como algo negativo. Las fallas por falta de cuidado, aunadas a un discurso negativo frente al esquema de operación, con permanentes afirmaciones de que se trata de un negocio leonino y un esquema obsoleto de buses contaminantes, redujeron la aceptación y apropiación del servicio”, indica Hidalgo.
Y agrega: “Las consecuencias de este infausto proceso, en un marco de deterioro general de la tolerancia y la seguridad en la ciudad, llevan a graves situaciones de no pago e inseguridad”.
Por su parte, de acuerdo con los conductores, esto se debe a desarraigo de los usuarios del sistema, y el desconocimiento del costo de estas acciones en los diversos actores vinculados con Transmilenio.
“El análisis que hacemos es que los usuarios piensan que nosotros somos empleados del Distrito, cuando no es así. Y creo que hay algo clave, suponen que el sistema tiene muchos recursos para suplir los daños y la evasión, así que creen que no hay mayores repercusiones”, concluye Wilson Hoyos, presidente de Ugetrans, sindicato de conductores del Sitp.
Las soluciones
Frente a las acciones que viene adelantado el Distrito por la seguridad de los conductores, Transmilenio afirma que el sistema cuenta con más de 1.400 policías disponibles y cerca de 1.600 gestores de convivencia para atender y dialogar este tipo de acciones. Y agregan que, con un aumento del 27 %, se han impuesto más de 82.800 comparendos a usuarios del sistema por diversas infracciones.
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“En este momento, vamos a incrementar la presencia de gestores de convivencia y otros grupos de apoyo en los paraderos, que es donde más se están presentando estos casos. La tarea es buscar mayores controles y hay que hacer el ejercicio de volver a enamorar a la gente de Transmilenio, y eso pasa por mejorar el sistema y hacer una mejor estructura”, indicó el secretario de Gobierno, José David Riveros.
En la misma línea, los operadores piden que se incremente la presencia policial en el sistema, mejorar la iluminación y la infraestructura, fomentar la participación ciudadana, e incluso de ser necesario militarizar ciertas partes del sistema.
Por su parte, para expertos de movilidad y en el sistema, hay que aceptar que “es muy difícil enfrentar el no pago y la inseguridad. Aun así, esto requiere acciones conjuntas de cultura ciudadana y control policial, inversión en gestión, que podrían parcialmente acometer operadores, pero que corresponde principalmente al Distrito”, indica Darío Hidalgo.
Por el momento, las autoridades aseguraron que están en la labor de individualizar a los responsables de los hechos que empezaron el debate sobre la situación de inseguridad, que le sigue costando a la capital del país.
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