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La COP29, que terminó el domingo en Bakú, Azerbaiyán, cerró con un acuerdo que generó descontento. Mientras que el bloque de países en desarrollo, que agrupa a más de 130 Estados, pedía que la financiación por parte de los países desarrollados fuera de US $1,3 billones, principalmente de fondos públicos y en forma de donaciones, el documento final estableció una cifra de US $300.000 millones anuales provenientes de fuentes de inversión públicas y privadas, sin excluir préstamos.
Los países desarrollados deberán tener “la iniciativa” para movilizar estos recursos. El acuerdo fue calificado como “débil” por la ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, mientras que representantes del bloque de países en desarrollo G77 afirmaron al cierre de la COP29 que el acuerdo “está lejos” de cumplir con lo necesario para mitigar el cambio climático y atender sus consecuencias.
Pero, de la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas no solo se esperaban resultados en términos de financiación climática, sino también un avance a raíz del resultado más importante de la COP28, en Dubái, cuando se acordó “alejarse de los combustibles fósiles”, dar un impulso para triplicar las energías renovables y mejorar la eficiencia energética para 2030.
Estas referencias hacen parte del Balance Global que se acordó en 2023. Lo que buscaba Colombia, que ha liderado la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, era que estas menciones hicieran parte de los acuerdos del Diálogo de los Emiratos Árabes Unidos, en el que se hace seguimiento al progreso en la implementación de los resultados del Balance Global, y en el Programa de Trabajo de Mitigación.
Las negociaciones estuvieron estancadas durante gran parte de las dos semanas en discusiones sobre si incluir estas referencias extralimitaba las competencias que tenía cada grupo. Al final de la COP29, en el primer grupo de negociación no se llegó a un consenso (el último borrador de presidencia fue rechazado en el plenario final, por lo que se volverá a discutir en la Conferencia de Belém el próximo año), y en el segundo se acordó un texto sin menciones a la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables.
“Hay actores dentro de la convención de cambio climático que quieren hacer como si esa medida (la de la COP28) no se hubiera tomado”, dice Muhamad sobre la forma en la que se desarrollaron las negociaciones en Azerbaiyán.
Shady Khalil, estratega de política global de Oil Change International que siguió las negociaciones en la COP29, lo describe como una “amnesia colectiva” frente al compromiso de alejarse de los combustibles fósiles.
Sin embargo, esto no quiere decir que el progreso logrado en la COP28 se haya perdido. “La hoja de ruta (para alejarse de los combustibles fósiles y triplicar las energías renovables) está, es una decisión tomada que tuvo consenso de los países”, señala la ministra Muhamad.
Algo similar opina Alex Rafalowicz, director de la iniciativa por un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y observador en la conferencia, para quien no era una mención “necesaria” por todo lo que ya se había alcanzado en Dubái. Sin embargo, sí cree que los resultados de la COP29 no dan un “plan claro” para avanzar en la transición energética.
La ausencia de una ruta clara para implementar energías renovables y alejarse de los combustibles fósiles se evidencia en dos cosas.
La primera, asegura Muhamad, es que “hay una tensión geopolítica entre occidente y los países petroleros sobre cuál debería ser el ritmo de esa transición”. La apuesta de la iniciativa del tratado, según Rafalowicz, es que se cree un grupo de trabajo dentro de las negociaciones climáticas que esté enfocado en definir “un plan de salida de los combustibles fósiles”. Allí se definiría, por ejemplo, un período de tiempo para hacer esta transición y unos compromisos para hacer seguimiento al avance de los países en su cumplimiento.
La segunda es en la ausencia de un financiamiento adecuado para hacer esa transición sin que las comunidades que dependen económicamente de los combustibles fósiles se vean fuertemente afectadas. Los parámetros para llevar esto a cabo se discuten en el Programa de Trabajo para la Transición Justa, en el que tampoco se logró un resultado por falta de acuerdo entre los países.
Al cierre de la COP29, el último texto contenía opciones de redacción que proponían incluir los resultados del Balance Global como parte del programa de trabajo de transición justa. Sin embargo, los países no lograron ponerse de acuerdo y las discusiones fueron aplazadas para la próxima cumbre de cambio climático.
“Esta iniciativa contiene las semillas de un enfoque para la transición que se adapta a las realidades de países de ingresos bajos y medianos, como Colombia, permitiéndoles integrar sus esfuerzos climáticos en el marco de sus prioridades de desarrollo. El reconocimiento de los desafíos que enfrentan países como Colombia en su transición tendrá que esperar hasta la COP30 en Brasil”, explica Antonio Hill, asesor del Natural Resource Governance Institute (NRGI), quien participó como observador en las negociaciones.
Además de reconocer los desafíos que se enfrentan, Rafalowicz piensa que también debería tener una discusión sobre la plata que se necesita para lograrlo. “En el financiamiento climático actualmente se habla de mitigación, adaptación y pérdidas y daños. Yo creo que también debería incluirse una mención a la diversificación económica”, asegura.
Para Hill, las prioridades de Colombia deben fortalecerse en el camino hacia la COP30. Por una parte, actualizar sus contribuciones determinadas nacionalmente (NDC), en donde se plantean los objetivos del país para contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático. De otro lado, garantizar los recursos para financiar el portafolio de inversiones de la transición energética, con el que el país espera conseguir US $40.000 millones.
Muhamad, el día de su llegada a la COP29, aseguró que estas prioridades irían de la mano, pues la actualización de las NDC que Colombia entregará en 2025 estará compuesta por el portafolio de inversiones. Sin embargo, explica que durante la conferencia no se logró concretar ninguna “financiación específica”, a pesar de que se avanzó en diferentes diálogos que serán claves para recibir estos recursos.
“La elección de Donald Trump en Estados Unidos sí puso un horizonte de incertidumbre frente al financiamiento climático”, explica Muhamad sobre la dificultad de lograr una meta de financiamiento satisfactoria, además de recursos para su portafolio de inversiones. La jefa de la cartera de Ambiente del país dice que la prioridad de la delegación en la COP30, que se desarrollará en Brasil a finales de 2025, será lograr una estrategia para que en los 10 años siguientes se alcancen los US $1,3 billones de financiamiento climático.
Para liderar discusiones, apunta Hill, “Colombia debe reforzar su estrategia para una salida ordenada y progresiva de la producción y el uso de petróleo y gas”. A pesar de que ya se anunció la prohibición de nuevas concesiones para explotar carbón térmico a cielo abierto, aún hay iniciativas legislativas que promueven la realización de pilotos de fracking de gas y petróleo en busca de “preservar la seguridad energética del país”.
*Este reportaje fue desarrollado con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
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