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Desde hace unas semanas pediatras y ginecólogos de Antioquia han estado alertando sobre un cierre masivo de camas hospitalarias maternas e infantiles que está poniendo en riesgo, dicen, la atención de esta población. Según este gremio, la razón es que estos servicios no son rentables.
La situación no es del todo nueva. En esta ocasión comenzó a mediados de junio, cuando el Sindicato Nacional de Ginecología y Obstetricia (Sogos) publicó un comunicado en el que denunciaba lo que llamaba una crisis de disponibilidad de camas de maternidad en la red pública y privada de Medellín, la ciudad en donde se atiende la mayoría de los partos del área metropolitana (conformada por 10 municipios) e incluso aquellos que se complican de otras regiones de Antioquia. Según denunciaba Sogos, en el departamento las camas de obstetricia pasaron de 1.049 en 2012 a 913 en 2018.
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Hay varios ejemplos del cierre de estas unidades, pero Ana María Ángel, presidenta de Sogos, recuerda en especial el de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez, que atiende en Bello, en el norte de Medellín, en una zona donde viven más de 600.000 personas. “En 2008, de los poco más de 5.400 nacimientos que tuvo Bello, alrededor de 2.000 partos fueron atendidos allí. En 2021, en cambio, y después del cierre, de los 5.000 nacimientos que hubo, el Marco Fidel Suárez atendió 32. Y eso porque llegaron casos complicados de otras instituciones”.
Algo similar ocurre en el sur de Medellín, en municipios como Itagüí (con más de 270.000 personas), según Ángel. La mayoría de los partos de Itagüí tienen que ser atendidos en Envigado, Caldas o, finalmente, en Medellín. “Todo eso ha venido creando una demanda en la capital de Antioquia que no estamos siendo capaces de asumir. Hay instituciones en donde se están vigilando los trabajos de parto en una silla o en un pasillo, con todos los riesgos que eso implica. Eso es una bomba de tiempo”, dice Ángel.
Lamenta, además, que la situación pueda estar yendo en contra de esfuerzos muy importantes para reducir la mortalidad materna en el departamento o para tener partos más humanizados: “Los efectos de esto puede que no se vean hoy, pero llegarán”.
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Detrás del escenario parece haber, fundamentalmente, razones económicas. “Hoy el sistema paga en algunas IPS de referencia alrededor de $1’300.000 por parto vaginal y $100.000 o $300.000 más por cesárea. Eso es muy poco porque es un costo fijo”, explica Ángel. Lo que quiere decir es que ese valor se mantiene sin importar si la paciente pasa un día o 20 días hospitalizada o si es vista una, dos o tres veces por un ginecólogo. “Esto obvia que esos procesos se pueden complicar, y se complican. Y a pesar de que ese valor se ha ido actualizando con los años, sigue sin compensar los costos de mantener esas unidades abiertas, pues las exigencias cada vez son más”, explica Ángel.
Esa tesis se revalida, por ejemplo, en el comunicado de la Clínica del Rosario, con sede en Villa Hermosa en Medellín (Comuna 8), que anunció que dejó de prestar sus servicios de ginecoobstetricia y maternidad (en detalle, atención al parto, cuidado básico, intermedio e intensivo neonatal) desde el 30 de junio pasado.
En el comunicado, la IPS señala que toma la decisión después de “buscar alternativas durante varios años con las aseguradoras, a través de conversaciones y reuniones con los entes de salud municipal y nacional, e incluso invirtiendo recursos propios”. Agrega que realizó grandes inversiones en renovación tecnológica, mejoras en la infraestructura y fortaleció las competencias profesionales con nuevas especialidades, pero no encontró alternativas posibles para continuar el servicio.
En paralelo, la Clínica las Américas, una de las IPS de tercer nivel de complejidad más reconocidas de la ciudad, alertó el 2 de junio que solo una de sus sedes tiene la infraestructura para la atención de partos, en donde la capacidad instalada es de apenas una sala, “razón por la cual no estamos en capacidad de asumir demanda adicional a la que venimos prestando. Solicitamos a la comunidad que requiera este tipo de atención de obstetricia dirigirse a la red de atención establecida por su EPS”.
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Entonces, ¿qué se puede hacer? Sogos propone en particular dos cosas: “Que el Ministerio de Salud actualice su normativa para el pago de esos servicios y esa normativa sea cumplida por las aseguradoras. Y dos, que los entes municipales y departamentales también se pellizquen y apuesten por fortalecer su red pública”, afirma Ángel. Lo que pase con los servicios de maternidad podría ser fundamental para los servicios pediátricos, en donde la situación tampoco es la mejor ahora.
Pediatría, el problema continúa
Al igual que sucede con el ala de la obstetricia, los pediatras están pidiendo soluciones hace varios años a una discusión que creen ya no da más espera en la región.
“Históricamente, lo que ha pasado no solo en Medellín, sino en todo Colombia, es el manejo de un concepto que para nosotros es errado, que es el que apunta a que los servicios pediátricos no son rentables. ¿Cómo medimos en rentabilidad lo que significa que un niño salga adelante para una sociedad?”, se pregunta Claudia Beltrán, pediatra y especialista en infectología. En línea a esa idea, el Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia dirigió al Ministerio de Salud un derecho de petición hace unos días, en el que le pide tomar acciones para solucionar el tema a nivel nacional.
La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), una organización que tiene sus orígenes en 1917 y que reúne a pediatras de todo el país, tiene algunas cifras importantes que ayudan a dimensionar el tema: en 2019 había 84.500 camas hospitalarias en Colombia, y de esas, 10.060 eran para los niños, un porcentaje del 12 % frente a más del 20 % de población colombiana que es pediátrica (niños, niñas y adolescentes).
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Después de la pandemia, sin embargo, la SCP sostiene que la situación empeoró más, pues muchas camas de atención pediátrica se reconvirtieron en camas adultas. Y esas unidades aún no han vuelto al que fue su origen.
En Bogotá, por ejemplo, la SCP señala que mientras en 2019 había 3.064 camas de pediatría, en 2021 ese número se redujo a 2.430. El tema de fondo, al igual que con las madres, se trata de rentabilidad. “Estamos hablando de que un servicio de cuidado intensivo de adultos puede dejar una rentabilidad de entre el 30 o 35 %, y un servicio de pediatría puede tener una utilidad del 2 o 3 %”, nos decía hace unas semanas Clemencia Mayorga, también pediatra y quien dirigió la SCP en su sede en Bogotá.
Mientras los problemas estructurales esperan soluciones, pediatras y obstetras siguen llamando a alertas y temen que un eventual pico de enfermedades respiratorias (IRA), por ejemplo, en el que la población de niños y niñas es más vulnerable, termine por reventar la capacidad de las salas que permanecen abiertas.
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