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Herencias políticas, lazos de sangre y anillos de matrimonio sellan la conexión entre tierra y poder en Colombia, y la muestra son al menos cinco congresistas que hacen parte de una lista que estarían investigando, según supo este diario, diferentes entidades estatales, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por la posible trazabilidad que hay entre las curules y presuntas irregularidades en la acumulación de terrenos y la ocupación de predios baldíos. El rastro, que El Espectador pudo conocer a través de documentos, certificados de tradición y libertad, informes de conflicto de interés y reportes de ingresos de campaña, deja a ciertos legisladores con un fuerte control regional, y algunos salpicados por escándalos, en el listado.
En el Gobierno—que no mantiene una buena relación con el Legislativo— tampoco han pasado de agache estos estrechos vínculos entre política y tierra, mencionados en varias ocasiones por el mismo presidente Gustavo Petro en sus discursos. Y es que esa acumulación de tierras es un punto clave del Acuerdo de Paz y de la reforma agraria a la que el Ejecutivo quiere ponerle el acelerador, por lo que está buscando vía para acelerar la compra voluntaria de tierras y destrabar las promesas de campaña que han quedado rezagadas.
En medio de todo eso, este diario envió un derecho de petición a la ANT para conocer más información sobre los posibles vínculos entre los congresistas y las tierras. En su respuesta, la agencia le dijo a este medio que ya ha “identificado algunos nombres de congresistas involucrados en procesos agrarios, sin ser esta una identificación exhaustiva”, pero “no es posible entregar detalles adicionales en este momento del proceso, hasta que no se cuente con decisiones en firme”. El Espectador buscó directamente a Juan Felipe Harman, el director de la agencia, quien no se pronunció al respecto.
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El poder regional
Hace poco más de una semana, el presidente pisó Cesar y habló de Cereté, el hogar de una línea de políticos y empresarios con el apellido Manzur. Uno de los hijos de ese nombre de familia, Wadith, aterrizó en el Congreso en 2018 y mantiene su curul como representante del Partido Conservador, presuntamente salpicado por el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. Su padre, el exsenador y expresidente de los conservadores, Julio Alberto Manzur, confesó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su colaboración con paramilitares y, además, está vinculado a 161 propiedades en ese municipio, de acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro.
En su campaña para el Congreso, en 2022, los ingresos de la campaña de Manzur provienen, en su mayoría, de familiares y de su propio patrimonio, lo que representó más de $524 millones ($524′500.000), de los cuales su padre fue el segundo aportante mayor ($417′500.00) y él mismo ocupó el primer puesto ($277′000.000), según el aplicativo de Cuentas Claras. También figura su hermana, Adriana María Manzur Imbett; su madre, Carmen María Imbett Otero; y su tía, Martha Elena Manzur Abdala, fueron aportantes. De todas, la mayor aportante fue su tía, con una cifra de $43 millones.
Su paso por la política, de todas formas, no es ajena a los negocios que tiene la familia en el territorio cordobés. El representante, que aparece vinculado con 23 propiedades en Cereté, reportó en su informe de conflicto de intereses actividades económicas relacionadas con el sector de ganadería y agricultura, así como con la comercialización de productos agrícolas y pecuniarios con la empresa Manzur Imbett Sociedad en Comandita.
De acuerdo con el Registro Único Empresarial, esta reporta como actividades económicas la explotación mixta (agrícola y pecuaria), actividades de apoyo a la agricultura, actividades de apoyo a la ganadería y cría de ganado bovino y bufalino. Cuando se le preguntó sobre la actividad de esta empresa, aseguró que “solo comercializa algodón” y “no tiene actividad agropecuaria”. Agregó que no tiene “ningún bien donde se practique esa actividad”, pues “todos son arrendados” a su “papá y a unos primos que no son hijos de [su tía] Martha”.
Bajo el apellido Manzur está también registrada Manzur Aldana CIA. Sociedad en Comandita, en la que aparecen como representantes legales José Elías Manzur Abdala (su tío) y Cecilia del Carmen Aldana Bula (su tía), que reporta como actividades económicas la cría de ganado bovino y bufalino.
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Es a partir de estos reportes de Cuentas Claras, con los que Transparencia por Colombia— una ONG que indaga sobre la incidencia de la corrupción en la institucionalidad pública y en el debilitamiento de la democracia— señala que en ese departamento es notable que la mayoría de los candidatos han sido financiados por privados cercanos. Y la lista no acabaría ahí, pues como financiador de Manzur aparece Alberto Carlos Valverde Pineda ($30′000.000), una de las fichas que ejemplifica la extensa alianza que tiene esa familia cordobesa con los García Burgos: Nora García Burgos, por ejemplo, fue fórmula tanto de Julio Manzur como de su hijo.
Ese rastro de financiadores privados no es ajeno a la política, pues candidatos de todos los sectores políticos han recibido ese tipo de financiación, que tampoco está prohibida por la ley. Eso, de todas formas, podría cambiar con la reforma política que busca ponerle límites a este tipo de dineros. Aunque inicialmente se había establecido que las campañas fueran financiadas en un 100 % por el Estado, al Gobierno le tocó ceder en la Comisión Primera de Senado, donde ese artículo cambió para que fuera mixta, y así no cerrar la puerta al sector privado.
“La ley podrá limitar el monto de los gastos que los partidos y movimientos políticos o candidatos, puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley”, se lee en el texto.
Como parte de los representantes de esa costa caribeña, y que resalta por ser el único aportante a su misma campaña, está Jorge Rodrigo Tovar Vélez, ocupante de una de las curules de paz por el departamento del Cesar e hijo de Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y condenado por la masacre del Salado a quien la JEP expulsó por “falta de voluntad para aportar a la verdad”. Sus actividades proselitistas se dieron bajo una financiación propia de más de $60 millones ($60′539.467), que se suman a los $9′460.533 que recibió del Estado.
El representante aparece vinculado a tres propiedades en Valledupar, pero tanto su padre como su madre, Ana Vélez Salgado, son propietarios de predios con demanda de restitución. Tovar ha sido claro en que lo que busca es “llevar el debate democrático con altura y garantías” y dejar “un mensaje claro al país de reconciliación y de paz”.
Una línea similar llevó el presidente Petro a inicios de octubre, cuando anunció desde Córdoba, en un evento en el que se entregaron cerca de 8.000 hectáreas al campesinado y a víctimas del conflicto, que tanto Jorge 40 como Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, serían designados como gestores de paz para integrar una mesa sobre la entrega de tierras. La noticia generó una ola de críticas que luego llevaron a que la designación de Macaco bajo esta figura se cayera.
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En varias ocasiones, el representante Tovar se ha referido a que él es hijo de la guerra y busca la paz, pero también se le han cuestionado las posibilidades que permitieron que llegara a ese puesto. Este diario documentó el apoyo que le habría dado Víctor Hugo Mosquera, entonces director territorial de la Unidad de Víctimas en Cesar y La Guajira, para llegar al puesto; así como las facilidades con las que habría contado Tovar para movilizarse en veredas en zonas rurales que estaban controladas por grupos paramilitares en la zona. Si bien varias denuncias contra su elección en esa curul fueron interpuestas, el Consejo de Estado dejó en firme su escaño.
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Aunque El Espectador contactó al representante para preguntarle sobre las propiedades que están a su nombre y las demandas por restitución, así como las dudas que dejó su campaña al Congreso, este no respondió.
En otras latitudes, el senador Alirio Barrera también ha sido cuestionado por cuestiones similares. Para 2022, en varios medios circuló la información de que había una trazabilidad de la núcleo cercano del congresista uribista, exgobernador de Casanare, con 172 propiedades en tierra casanarense, que incluso vincularían a su prima, la exrepresentante Amanda Rocío Rodríguez (también del Centro Democrático). El Espectador contactó a Barrera y este respondió que se trata de señalamientos provenientes de políticos que se oponen a su proyecto: “se vienen las campañas políticas y es una forma de dañarnos”.
“Es un terreno que se subdividió, se hicieron los lotes y se vendió todo. Es una finca que se compró, sacamos una licencia en el 2012, 2013, pero por estar en el tema político, pues se abandonó el proyecto, no pude hacerlo y así me tocó venderlo”, dijo. Y agregó: “siempre me he dedicado a comprar y vender terrenos. Entonces, yo compro un lote, lo limpio, lo arreglo y lo vendo, compro una casa, la arreglo y la vendo, así, o sea, siempre me he dedicado a eso”.
La búsqueda por la restitución de tierras
Estos líos han tocado a otros personajes de la política y otros paisajes de violencia. Mirando hacia la frontera con Venezuela, los representantes Wilmer Guerrero (Partido Liberal por Norte de Santander)—quien votó a favor del Gobierno en proyectos como la paz total y la reforma a la educación, aunque en contra en la pensional y a la salud — como Óscar Villamizar (Centro Democrático por Santander), adquirieron terrenos que fueron calificados como en riesgo de desplazamiento forzado.
Entre las propiedades de Guerrero, presuntamente salpicado por las presuntas irregularidades en la contratación en el Fondo Nacional del Ahorro, está un lote en Ocaña, comprado el 14 de noviembre de 2017 por un precio de $20 millones, menos de dos meses después de que se levantara “la declaratoria de inminencia de riesgo o desplazamiento forzado” por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, declarada por primera vez en 2005. La compra inmediatamente previa a la del representante había ocurrido en febrero de 2016, por un monto de 19 millones, en un proceso autorizado por el Comité de Justicia Transicional. Justamente en ese municipio, de donde es originario, reportó ser socio del Club Caza y Pesca y el Club de Comercio, aunque “sin ninguna actividad económica, sin ninguna remuneración”.
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Cuando este diario buscó al representante, este aseguró que se trata de una propiedad que hace parte de un conjunto, ubicado en el casco urbano, que lleva 23 años de construcción y 20 años con las escrituras de la propiedad. Añadió que, antes de ser consultado, “no tenía ni idea” que esta había sido declarada en riesgo de desplazamiento.
“Yo estuve indagando del tema con el personero de allá. Y él me decía: Wilmer, mira, lo que pasa es que en los municipios donde hubo presencia del tema de paramilitarismo en muchos sectores de Colombia, a los predios, de manera directa, no era porque estuvieran en un proceso de restitución ni porque los hubieran desplazado, le declaraban la medida cautelar de declaratoria de inminencia de riesgo de desplazamiento forzado. Es que a todos los predios se les colocaba. Y cuando alguien quisiera vender tenía que iniciar un proceso en la personalidad de la Alcaldía para evitar que esa persona que fuera a vender no la estuvieran vendiendo a desplazarse, obligando a vender barato, etcétera”, aclaró.
Villamizar, por su parte, tuvo que someterse, junto a sus hermanos Danny e Ingrid, a un pleito judicial por una finca en Girón, Santander. En su hoja de vida en la página web de la Cámara, el representante escribió que fue director del “Proyecto Caucho Natural” en la finca Puerto Rico, que es el meollo de la pelea que libraron estos tres hermanos, hijos del exsenador Alirio Villamizar, acusado e investigado en la Corte Suprema de Justicia por presuntamente liderar una red de corrupción en el extinto Seguro Social, con Martha Capacho, quien había sido desplazada.
La defensa del congresista y su familia trató de argumentar que la demandante no era víctima del conflicto y el negocio para adquirir el terreno había sido transparente, la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Cúcuta le dio la razón a Capacho en 2021, aunque la Procuraduría dio un concepto en favor de los Villamizar. Así, se anularon los contratos y registros que certificaban que era propiedad de la familia, que, de acuerdo con la justicia, había llegado a ese terreno de forma “bien curiosa” en 2008, y no hizo todas las averiguaciones necesarias para el proceso de la compra.
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Este diario buscó a Villamizar para conocer a fondo su versión. Al cierre de esta edición, no recibió respuesta.
Y es que, en un país marcado por la violencia, los líos por la restitución también han generado cierto resquebrajamiento entre entidades. El último fue el de La América, en el que vuelve a ser mencionado Jorge 40, por haber sido su propiedad, y que fue recuperado por la ANT a inicios de este mes. Ubicado en Chimichagua, el predio había sido parte esencial de las AUC por su ubicación y presunta centralidad en las rutas de la droga en esa zona. Si bien la ANT buscaba adelantar el proceso de recuperación, la Procuraduría y la Unidad de Restitución de Tierras hicieron llegar a la agencia requerimientos y resoluciones para parar el proceso, y que están en poder de El Espectador.
La URT argumentó que había sido presentada una solicitud de registro de inscripción de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, por lo que tendrían primero que hacerse las indagaciones necesarias. Por el lado de la Procuraduría, se enunciaron objeciones a la entrega del predio desde la Sociedad de Activos Especiales al Fondo para la Reparación de las Víctimas “sin completar los pasos judiciales necesarios”. Añadido a eso, suman que los socios de Inversiones Rodríguez Fuentes Ltda, entre los que figuró Hugues Rodríguez Fuentes, alias Comandante Barbie, condenado por colaborar con los paramilitares, cuestionaron que existieran negociaciones entre la FRV y la ANT para la venta del predio, “aun cuando la situación judicial del bien no está resuelta”.
Y la política tampoco está libre de esas colaboraciones. Félix Gutiérrez, exalcalde de Buenavista y pareja de Ana Paola García (Partido de la U)— quien ha apoyado iniciativas del Gobierno—, ha sido señalado de haber colaborado con el paramilitarismo. Según el testimonio de la excongresista Zulema Jattin ante la JEP, este habría sido parte del grupo de gobernantes locales que selló acuerdos con figuras como Mancuso— quien también lo señaló— y Macaco para entablar una red de extracción de oro. Aunque se contactó a García para conocer su versión, no hubo respuesta.
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La pelea por la tierra se mantendrá en la Casa de Nariño como una de las banderas centrales pues el mismo mandatario ha reconocido que “a pesar del esfuerzo fe este Gobierno, la reforma agraria sigue en números lejanos”. La promesa de las 1,5 millones de hectáreas entregadas al campesinado espera avanzar a paso firme en 2025, con un objetivo de 600 mil hectáreas entregadas.
“El dato global, usando diversos mecanismos normativos vigentes desde hace décadas, y lentos por naturaleza, tenemos un dato global de 300 mil hectáreas entregadas a campesinos de 3 millones que se pactaron. Es decir, hemos llegado al 10%”, dijo el mandatario en el acto realizado en la Plaza de Bolívar, al señalar que el gobierno anterior solo llegó a cuatro mil hectáreas.
El proyecto de ley ordinaria de la reforma agraria avanza en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, con acuerdos entre varios partidos para presentar una ponencia multipartidista, la preocupación también llegó al Congreso, y con un interés del Gobierno de demostrar que efectivamente está cumpliendo con sus promesas, sobre todo en un rocoso panorama en su gabinete ministerial con la llegada de Armando Benedetti.
Si bien varios congresistas han hecho énfasis en la necesidad de una reforma como esta, faltará ver la voluntad, tanto del oficialismo como de la oposición, para mantener esos acuerdos y pasar el proyecto.
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Por María José Barrios Figueroa
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