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Dos semanas lleva Luis Alberto Higuera como presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), del Ministerio de Agricultura. Esta es una institución que ha tomado relevancia en medio de la reforma agraria, puesto que es la encargada del componente integral. El objetivo es evitar que los campesinos beneficiados con tierras las abandonen por falta de oportunidades para ponerlas a producir.
Higuera, abogado boyacense y ex director técnico de la Agencia Nacional de Tierras, habla de las falencias que ha tenido la entidad para llegar con proyectos productivos a los predios ya adjudicados de la reforma y del medio billón de pesos de presupuesto que les falta por ejecutar. Además, da cuenta de las transformaciones y estrategias con las que buscan potenciar la ADR y cumplir su misión de garantizar una vida digna a los pequeños productores.
¿Qué papel juega la ADR durante este Gobierno?
La misión de la Agencia de Desarrollo Rural es ser el elemento complementario de la reforma agraria. Solo de la tierra el campesino no puede sostenerse, debe ir acompañada de un esquema de producción sostenible económica y ambientalmente, que garantice que el pequeño campesino supere sus condiciones de pobreza y de desigualdad.
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¿La Agencia hará parte del proceso de compra de tierra o entra cuando ya esté titulada?
El deber ser es que las dos agencias estén en sincronía para la adquisición de tierras. Lo que encontramos es que la Agencia de Desarrollo Rural ha estado uno o dos pasos atrás de la compra de tierras. Las razones de esto son: que la Agencia no tiene la capacidad para seguir el ritmo y tampoco ha habido coordinación total con la ANT. Por eso debemos dar pasos presurosos para alcanzar el ritmo de esta última y dotar de proyectos productivos a las hectáreas que ya se han comprado en estos 11 meses de Gobierno. Y el presupuesto no se ha ejecutado ni en un 10 %, hay más de medio billón de pesos para ejecutar en escasos seis meses y entramos en ley de garantías, cuando muchos de estos recursos se apalancan con alcaldías y gobernaciones.
¿Qué están haciendo para alcanzar el ritmo de ejecución que necesitan para llevar proyectos productivos a los beneficiarios de la reforma?
La semana pasada firmamos una serie de convenios marco con instituciones territoriales con las que ya teníamos pensada la proyección de inversión. Esperamos que esto nos abra la puerta para hacer contratos específicos que faciliten la ejecución.
Por otro lado, instalamos una mesa para tener acceso directo a la planeación estratégica y decisión de la compra de tierras de la Agencia Nacional de Tierras. Con esto conoceremos la ubicación de los predios, para saber su vocación de uso e imaginarnos el tipo de cultivo del proyecto. Por otro lado, sabremos el número de familias beneficiarias y su caracterización. Así podemos lograr esa sincronía y avanzar rápidamente, aunque hay una deuda por saldar con las que ya se compraron.
¿Cuáles son las zonas que se van a priorizar para impulsar la producción campesina y qué tipos de productos impulsarán?
Son las zonas que el Gobierno tiene focalizadas para la compra de tierras, que son la costa Caribe y el Magdalena Medio, pero la Agencia no puede olvidar los municipios PDET, hijos del proceso de paz, y las zonas de mayor conflictividad. Por eso tenemos que redoblar esfuerzos y atender los focos, pero también atender la generalidad del territorio rural colombiano.
Avanzaremos con proyectos de mayor magnitud que no solo beneficien a una pequeña parte de una vereda en un municipio sino también a municipios colindantes. Así, la inversión impacta la economía a escala y hace que sea más eficiencia el uso del dinero público.
El Gobierno busca superar la importación de alimentos básicos. Se pretende avanzar en el cultivo de cereales, como el maíz, y otros productos que garanticen la seguridad y la soberanía alimentaria, más que procesos agroindustriales.
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¿Cómo va a funcionar la asignación de los recursos para los proyectos productivos?
La política de inversión en el campo tiene dos caminos. El primero es que alcaldías y gobernaciones presenten proyectos, en la agencia se tramitan y se asignan. El segundo es una convocatoria de asociaciones campesinas, ellas mismas se presentan. Por esas dos vías fluyen los recursos.
Pero tenemos inconvenientes. A las convocatorias se les asignaron cerca de $70 mil millones, solo se aprobaron proyectos por $30 mil millones. Quedó sin asignar más de la mitad por varias razones. Ya estamos tomando medidas inmediatas para ejecutar esos recursos. Aplazamos la convocatoria de las asociaciones para redefinir el monto máximo de recursos que será de $5 mil millones y el mínimo de $1.200 millones, lo cual permitirá que el campesino y la campesina se piensen en grande. Y por eso los vamos a apoyar desde su formulación.
Además, en esa convocatoria daremos puntos extras a las asociaciones de mujeres rurales. Para 2024 tendremos en el presupuesto un rubro dedicado a mujer rural, así tendremos una atención con enfoque diferencial de género.
También se ha mencionado que la agencia debería participar de la comercialización de los productos, ¿cómo funcionaría esa arista?
Este Gobierno está empeñado en redefinir la Agencia de Desarrollo Rural para convertirla en el nuevo esquema nacional de comercialización, que permita que el pequeño productor realmente reciba una suma conveniente por su producto y se eviten los sobrecostos de la intermediación. Para ello se necesitarían unos cambios normativos para gastar el dinero público en una compra directa, sin la burocracia con la que no cumplen necesariamente los productores. Estamos estructurando ese camino legal.
¿Para dónde irían esos alimentos que se compren?
El Estado tiene un mercado real porque debe alimentar con tres comidas diarias a los internos de las cárceles, a los hombres y mujeres de la fuerza pública, a los estudiantes universitarios en la educación pública que tienen matrícula cero, a los niños que están en el Programa de Alimentación Escolar. Si miramos esos procesos, por ejemplo, el Estado paga para las cárceles precios más altos de lo que cuesta un almuerzo en una casa o un corrientazo. Por eso, con la posibilidad de unas compras públicas de alimentación para las instituciones que lo requieren y, de haber excedentes, se puede apoyar la lucha contra el hambre y hacer bolsas de alimentación para repartir entre los sectores marginados.
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De otro lado, ¿cómo encuentra la agencia tras su llegada?
La institucionalidad agropecuaria ha sido víctima de las circunstancias y del manejo político focalizado a otros intereses. La mayor parte de su inversión en épocas pasadas se ha dedicado a fomentar y apoyar la agroindustria, no es malo, pero la desigualdad obliga a que se cambie ese foco de atención a la seguridad y soberanía alimentaria. La política agropecuaria en épocas pasadas no estaba acompañada de una política presupuestal para la inversión real en el campo y se refleja en el desbarajuste de la Agencia de Desarrollo Rural, que es hermana de la Agencia Nacional de Tierras. Y por cada funcionario de planta hay 10 contratistas, lo que permite que la contratación esté sujeta al manejo clientelista, con una alta rotación que desdibujaban esta agencia.
¿Qué estrategias tienen para recuperar la estabilidad y el manejo de la ADR?
El Gobierno logró ajustes presupuestales que se reflejaron en la entidad, prácticamente su presupuesto de 2022, cercano a los $200.000 millones se triplicó para 2023, con una suma cercana a los $600.000 millones. Con esto atenderemos principalmente al pequeño productor agrario, al campesino y campesina desposeído de tierra. No podemos entregar tierras sin entregar producto y las posibilidades de producción sostenible. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la ANT han empezado a entregar predios y le corresponde a la ADR acompañar institucional y misionalmente esa entrega con proyecto productivos. Esto representa un cambio porque antes se entregaban proyectos que parecían muy grandes, pero con recursos tan bajos que no garantizaban la sostenibilidad del proyecto. Entonces el Estado en esta nueva política debe saber que el recurso económico para este tipo de proyectos debe ser mucho más atrevido.
Además, para este año se tiene previsto pasar de los 150 a los 550 funcionarios, para lo que hay una suma asignada cercana a $50.000 millones.
¿Cuáles es el principal reto que enfrenta como presidente de la ADR?
El misional, que es la garantía de derechos de una vida digna al pequeño productor. Esto incluye llegar con recursos económicos y proyectos sostenibles en el tiempo y dejar atrás el asistencialismo. Para ello se deben garantizar que las iniciativas de producción ayuden a superar la pobreza de esa familia y que sean el principio de otro proceso a mediano plazo. Y apoyar en comercialización desde las compras públicas.
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