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“Pido respeto por la JEP. Los comparecientes deben respetar las condiciones a las cuales se acogieron”. Así inició la intervención de Ramiro Charry Durán, víctima acreditada en el caso de secuestros que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante la primera audiencia de reconocimiento regional por este delito, realizada en Ibagué, donde 10 exmiembros de esa guerrilla aceptaron su responsabilidad en la toma de rehenes y privaciones de la libertad durante el conflicto. La crítica de Charry resume el posible choque interno que se vive entre los firmantes que se acogieron al sistema de justicia transicional, sobre todo entre los miembros del Secretariado y los llamados mandos medios.
La diligencia judicial llevada a cabo en la capital del departamento de Tolima no solo estuvo a punto de ser aplazada por las graves amenazas a la seguridad de comparecientes y víctimas, sino, también, ha dejado en el aire dudas sobre la participación de los mandos medios en audiencias de reconocimiento. Un punto que, desde febrero de este año, ha venido inquietando a los miembros del Secretariado. ¿Por qué? En resumidas cuentas, porque, dicen, citar a estos mandos (medios y bajos) podría generar que algunos firmantes se aparten del Acuerdo de Paz. Expertos en el asunto también han señalado que la incomodidad de los máximos líderes de las extintas FARC está ligada a la verdad que los mandos medios puedan otorgar durante las audiencias.
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A pesar de las molestias que han reiterado algunos exguerrilleros como Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada, y actual senador del Partido Comunes, la audiencia de reconocimiento y verdad se desarrolló con normalidad en Ibagué. Contó con la participación de 10 mandos medios del Comando Conjunto Central, quienes reconocieron los secuestros cometidos, principalmente, a comienzos de los 2000, y que fueron más de 150, según datos de la jurisdicción de paz. De acuerdo con Víctor Hugo Silva, alias El Chivo o Erick, quien también estuvo a cargo de la comisión que ordenó secuestros en esa estructura, señaló que para el 2001 ya habrían secuestrado a más de 30 personas.
Durante la audiencia, los participantes recordaron cómo el Comando Conjunto Central se enfocó en una estrategia de financiación para el desarrollo de sus actividades. Su músculo financiero, documenta la JEP, estuvo desligado del narcotráfico y otras fuentes de ingreso ilegales. “El dinero que pedíamos iba para la financiación de los planes de las distintas unidades, columnas o frentes del comando que había que financiar. Eso implicaba que se necesitaba bastante dinero porque los recursos eran para medicamentos, intendencias, ropa y comida”, detalló durante el acto de reconocimiento Luis Eduardo Rayo, conocido al interior de la guerrilla como alias Marlon.
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Para la JEP, estos testimonios son de gran importancia, pues no solo permiten desentrañar el funcionamiento de uno de los crímenes más perversos de la guerra, sino también abre la puerta de la verdad para las víctimas quienes, en algunos casos durante la diligencia, volvieron a ver el rostro de sus victimarios para preguntarles, de frente, si en sus casos hubo participación de terceros civiles. De hecho, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, ha sido enfático en señalar que la citación de los mandos medios responde a las demandas de las víctimas para conocer en profundidad hechos particulares que miembros del Secretariado no podrían responder con certeza.
Pese a la molestia de los exjefes guerrilleros por el llamado a sus mandos medios a rendirle cuentas a la JEP, al menos en esta ocasión, 10 de ellos cumplieron con la cita. Lo hicieron, además, en medio de una crisis de seguridad que, por poco, logra que la JEP suspendiera la diligencia. La situación es tan delicada que cinco de los 10 comparecientes han solicitado protección y dos más pidieron ser reubicados por amenazas de la disidencia conocida como Estado Mayor Central. Es más, durante la diligencia, uno de los firmantes del Acuerdo de Paz aseguró que una de sus compañeras, mamá de tres hijos, fue retenida hace unos días y nadie da razón de ella.
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Su intervención, sin embargo, fue interrumpida por la JEP, que aseguró que, por la sensibilidad del caso, era mejor tratarlo en privado con los abogados. Las otras amenazas las han documentado las propias víctimas. A las autoridades les han dicho que volvieron las extorsiones y que, incluso, temen que al ser visibles sus casos ante la jurisdicción de paz, vuelvan a vivir con el miedo del secuestro. Sin embargo, varias de ellas asistieron al llamado de la JEP y, con el coraje que ya las caracteriza en estos espacios de verdad, hablaron de sus casos. Ramiro Charry Durán, su padre, Ramiro Charry Gutiérrez, y su madre, María Fernanda Durán, fueron tres de las víctimas acreditadas cuyos relatos fueron escuchados.
Los dos últimos fueron secuestrados el 30 de octubre de 2001, luego de sufrir años atrás el secuestro de Ernesto Durán Cordobés, abuelo de Ramiro y hombre cercano al Partido Liberal. El plagio de Ramiro (padre) y María Fernanda, dejó a la segunda con varias heridas en sus piernas. El secuestro fue reconocido por Víctor Hugo Silva quien, haciendo las veces de máximo responsable, señaló que la orden de ese plagio la dio Arquímides Muñoz, alias Jerónimo Galeano, quien para entonces estaba al frente del Comando Conjunto.
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También es el caso de Omar Benítez, comerciante y víctima de secuestro en 2005. Durante la audiencia, Benítez señaló que, para él, lo más importante es la verdad, y que esta solo pueden entregársela quienes ordenaron su privación injusta de la libertad. El empresario, para esa época, salía de jugar un partido de fútbol en la cancha central de Chaparral (Tolima), cuando fue abordado en la carretera por hombres “fuertemente armados”. Se lo llevaron y le exigieron una alta suma de dinero por su liberación, la cual pagó, y le dijeron que debía abonar otra suma en cuatro meses. Benítez salió del municipio luego de quedar en quiebra por intentar pagar esas “vacunas”.
En respuesta a ese crimen, Henoc Capera, más conocido en el mundo insurgente como alias Giovanni Castro, reconoció el plagio y señaló que el comerciante “tuvo que ser secuestrado”. “Uno entiende que don Omar tuvo que pasar momentos difíciles en la captura, el traslado y el cuido, a pesar de que había normas de tratar bien a los secuestrados (…) no siempre las hacíamos cumplir”, añadió Capera. Para el empresario, quien cuenta que hoy en día está inundado en deudas por cumplir con las extorsiones del Comando Conjunto, la audiencia de reconocimiento es una “oportunidad grande de hacer historia, contándole al país y al mundo mi caso”.
La audiencia de reconocimiento también dejó como resultado el pacto de varios encuentros privados entre víctimas y victimarios. No obstante, algunos de los que se sentaron frente a frente con sus secuestradores señalaron que obtener la verdad es una pequeña victoria: “Gracias por reconocer los hechos y por esclarecer lo que pasó con mi abuelo”, le dijo Ramiro Charry Durán a alias El Chivo, quien asintió con la cabeza y se comprometió a entregar más detalles sobre los posibles informantes que facilitaron el secuestro de sus padres. Otros comparecientes como Jhon Jairo Oliveros, conocido como Armando Delgado, señalaron que los secuestros también fueron en contra de niños y adultos mayores.
Luego de varias horas, los comparecientes escucharon a sus víctimas, pidieron perdón y reconocieron cómo el secuestro fue una táctica de financiación al interior de las FARC. En el centro, sin embargo, estuvieron las víctimas, quienes además de pedir respeto por la JEP, solicitaron que el reconocimiento vaya mucho más allá de aceptar estos crímenes y se puedan ahondar en casos particulares, pues aún están sin esclarecer varios hechos de algunos de sus familiares que duraron años en el monte. La JEP, por su parte, espera que los mandos medios sigan entregando la verdad a cientos de víctimas.
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