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El debate de la reforma a la Ley 30 revivió en las últimas semanas. Primero, porque un proyecto que reforma esta ley, propuesto por Jennifer Pedraza, Ariel Ávila y Gabriel Becerra y radicado en julio de 2022, ya arrancó su trámite por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Segundo, porque, hace unos días, siete rectores de universidades públicas le enviaron al gobierno de Gustavo Petro una carta, con mensaje de urgencia, en la que insistieron en la necesidad de la reforma y aseguraron que “es necesario contar con tiempos y garantías suficientes para que las comunidades participen adecuadamente del debate”. (Puede leer: Los estafadores que tumbaron al Icetex y a cerca de 10.000 estudiantes)
De acuerdo con el presidente Petro, este 20 de julio, cuando se retomen las actividades en el Congreso de la República, radicará la reforma a la Ley 30 que lleva adelantando en una mesa permanente de diálogo el Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra Aurora Vergara, estudiantes y rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias públicas (Redttu) y el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), entre otros voceros.
Ante todo, es esencial entender que la Ley 30 entró en vigencia en 1992 con el propósito de “organizar el servicio público de la educación superior”. En palabras más sencillas, lo que buscó fue establecer una serie de normas que regularan a las personas que pretendían crear una Institución de Educación Superior (IES), para que demostraran que cumplían esta serie de medidas y podían garantizar que la educación que ofrecerían sería de calidad. Además, Entre otras determinaciones, esta ley estableció la fórmula que el Gobierno emplearía para asignar el presupuesto que destina cada año a las IES. Esta cifra crece con la inflación.
Pero ¿en qué se diferencia la reforma planteada por el Gobierno y la que ya cursa en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes? Esta última se centra en modificar los artículos 86 y 87 de la ley, donde está establecida esta fórmula, y “busca asignar recursos constantes, suficientes y progresivos a las IES (…) dando solución al déficit financiero de carácter estructural que tienen”. (Le puede interesar: Gobierno lanza nueva estrategia para aumentar acceso a educación superior)
Según Pedraza, “si no hay recursos para infraestructura y para la ampliación de planta docente, las universidades públicas van a terminar derrumbadas o perdiendo toda la calidad que las ha caracterizado”, esto, añade, se debe a que “llevamos 30 años con los mismos recursos”. La representante confiesa que sí se han registrado incrementos a la base presupuestal de las IES, pero han sido fruto de los paros universitarios, como los adelantados por la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE), en 2011, o las del movimiento estudiantil, en 2018.
La del Gobierno, por su parte, pretende “avanzar y trascender la discusión financiera para replantear el modelo educativo del país, en el que también se discute la necesidad de cerrar brechas entre instituciones y teniendo en cuenta la ruralidad”. Es decir, su objetivo es una reforma integral a la norma. Aunque El Espectador contactó a la cartera con el propósito de conocer más detalles de las conversaciones adelantadas en esta mesa, hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta. (También puede leer: Fecode y el Ministerio de Educación llegan a un acuerdo)
Desfinanciación de la universidad pública
Además de los reparos de las principales universidades públicas a la reforma de la Ley 30, recientemente se ha suscitado un debate en torno a los artículos que se van a modificar. Como explica Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), comenta que a pesar de que desde el sector se ha impulsado una discusión integral de la ley, se debe insistir en que se les debe dar prioridad a los artículos 86 y 87, como está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Al igual que Torres, John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, advierte que si se sigue postergando la reforma de estos artículos continuará incrementando el desfinanciamiento estructural de las IES. Además, dice, “se profundizará y se presentarán dos escenarios: que sean autosostenibles o que, definitivamente, ya sean insostenibles y entren en crisis. Eso es lo que queremos evitar”.
Una de las evidencias de este desfinanciamiento se ve reflejada en la profunda crisis por la que atraviesa la infraestructura de la Universidad Pedagógica, una de las universidades públicas más importantes del país. Grietas en salones de clases, construcciones hundiéndose, techos colapsados y paredes con rastros de humedad, hacen parte del grave panorama en tres de sus diez sedes. Alejandro Álvarez Gallego, rector de la institución, confiesa que principalmente por temas económicos solo han podido realizar mantenimiento a las instalaciones.
Otra buena forma de entender esta crisis la explica Torres con el aumento de la matrícula que han tenido las 34 universidades públicas en los 30 años de vigencia de esta ley. En 1993, el SUE contaba con 150.000 estudiantes y ahora son más de 650.000 los jóvenes inscritos. Esto, según Torres, muestra que en estos años las IES sumaron 500.000 cupos, los cuales implicaron “el desfinanciamiento que hoy tenemos. Ampliamos cobertura que requirió un incremento de infraestructura, investigación, internacionalización y vinculación de profesores, entre otros, pero con los mismos recursos”. (Puede interesarle: Matrícula cero 2023: lista de universidades en las que puede aplicar)
En ese momento, el Estado le giraba al SUE unos $13 millones por estudiante, según el documento “Características de la educación superior en Colombia y de las universidades públicas del SUE”, publicado por el SUE en 2022. Hoy, 30 años después, esa suma es entre “$3 y $5 millones. No hay un estándar establecido y el resto de dinero nos toca generarlo a nosotros en las universidades públicas”, complementa Torres. En la actualidad, complementa Arboleda, más del 40 % del dinero del presupuesto de las IES lo consiguen los planteles a través de sus propios servicios, como investigaciones.
De hecho, el SUE realizó un cálculo para determinar el monto de dinero que han dejado de recibir las IES públicas por, según Torres, “no contar con un indicador de transferencia actualizado y la deuda del Estado son $15 billones”. De esta cifra, explica, $3,5 billones corresponde a funcionamiento.
Arboleda y Torres coinciden en que es fundamental centrarse en estos dos artículos y luego ampliar la discusión a otros aspectos, como el fortalecimiento de la autonomía universitaria, formalización de la planta docente o garantizar unas mejores condiciones a los administrativos y funcionarios. Mientras la discusión avanza, algunos actores claves del sector han formulado propuestas que puedan contrarrestar este desfinanciamiento.
¿Qué propone el sector?
Lo primero que aclara Arboleda es que la fórmula que se utiliza actualmente para calcular el dinero que el Estado le gira a las universidades es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se traduce en la inflación de los precios, más cinco puntos porcentuales. “Este gobierno ya aseguró los cinco puntos de 2023 y los de 2024″, pero, agrega, “necesitamos que pase a ser una política de Estado para que los recursos sean estables”.
La propuesta del SUE, expuesta por Torres, es de un nuevo modelo de financiamiento, que se mida con el índice de costo de educación superior (ICE), el cual incorpora cuatro variables: vinculación de profesores, vinculación de personal administrativo, ampliación de cobertura y la financiación del 1279, un decreto ley que consiste en la producción científica de los profesores. “Si usamos este modelo, se podrán garantizar 100.000 cupos más en los próximos años”. (Puede leer: U. Nacional habría incurrido en detrimento patrimonial por casi $3.000 millones)
Julieth Rincón, secretaria general de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), cuenta que desde el movimiento se han hablado de varias alternativas, una de ellas consiste en dejar un rubro específico de regalías. Si “el 4X1000 en sus inicios sirvió para rescatar los bancos, y cada vez se usa para otras necesidades, por qué no se puede pensar para financiar la educación. Sería un impuesto a la educación”, plantea.
La otra propuesta, elaborada por el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, contempla tres elementos. Una primera variable plantea que la fórmula de financiación del Gobierno contemple otras variables o gastos propios de las IES. El otro punto busca crear un mecanismo, “puede ser un fondo para solucionar la crisis o ese desfinanciamiento histórico”, comenta Sergio Lancheros, integrante de este grupo. En este se podría considerar “un plan de actualización durante 10 años en el que se destine aproximadamente un 1 % del PIB para suplir esas necesidades”. Y, finalmente, incluir a las instituciones técnicas y tecnológicas en esta reforma.
El propósito ahora de las universidades es impulsar un consenso con los diferentes actores del sistema para que esta reforma a la Ley 30 se lleve a cabo y no se termine hundiendo o retirando del Congreso, como pasó en 2011, cuando la entonces Ministra de Educación, María Fernanda Campo, lo hizo con su propuesta por “ser inconsulta y no abordar todos los temas y enfoques que algunos rectores, profesores y estudiantes buscaban”. Por el momento, las IES insisten en la urgencia de no permitir que se siga desfinanciando la universidad pública.
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