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Por más de 13 años, la vida de Julian Assange ha transcurrido con su suerte en vilo ante el pedido de extradición de Estados Unidos. Washington lo reclama por la filtración de documentos hecha por Wikileaks, el portal del cual Assange era editor, en 2010. Entre martes y miércoles la justicia de Reino Unido debatirá si el periodista agotó o no todos los recursos que tiene su defensa a la mano para detener un proceso de traslado hacia Norteamérica que viene andando desde 2022.
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Aunque legalmente Assange ha estado preso desde 2019, cuando Ecuador le retiró el asilo que le concedió en su embajada en Londres en 2012, desde que pisó la sede diplomática ha estado recluido. Es decir, de los casi 14 años que ha durado el escándalo de Wikileaks, por lo menos 12 los ha pasado en prisión. Según Rafael Prieto, docente de derecho internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, cabía una instancia estatal y no solo judicial para decidir si Assange era extraditado o no hacia Estados Unidos. Esto ocurrió cuando el Ministerio del Interior británico dio luz verde al proceso en 2022 después de que el Supremo no viera riesgos en las garantías que ofrece Estados Unidos al periodista.
“Procede la aplicación (de la extradición) en términos de las normas británicas a la solicitud de Estados Unidos. Seguramente continuará el proceso, porque hay varias instancias”, explicó el profesor, quien reitera que, además de Estados Unidos, está el interés de otros Estados que pudieran verse afectados por las filtraciones. Sin embargo, sí fue EE. UU. uno de los países más expuestos, pues las filtraciones contenían detalles de sus operaciones militares en Afganistán e Irak.
Cabe resaltar que no fue solamente Wikileaks el que filtró los documentos, sino que fue una cooperación en la que estuvieron involucrados medios como The New York Times, The Guardian, El País e incluso El Espectador. Wikileaks sí hizo públicos los documentos, pero fue después de que uno de los periodistas involucrados en la investigación diera a conocer cómo acceder a ellos.
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“Su salud está empeorando, física y mentalmente. Su vida corre peligro cada día que permanece en prisión y si es extraditado morirá”,
dijo Stella Assange en una rueda de prensa en la capital británica.
¿Por qué Estados Unidos busca extraditar a Julian Assange?
Estados Unidos busca procesar a Assange por cargos que suman hasta 175 años de prisión. Lo acusan bajo la Ley de Espionaje, que fue firmada hace más de un siglo y que no contempla la figura de un periodista ni el interés público como un motivo por el cual el editor pudo haber realizado las filtraciones.
“Su condena sentaría un precedente peligroso para el periodismo al abrir la puerta a enjuiciamientos similares de otros individuos que publiquen información basada en filtraciones clasificadas, lo que amenazaría a numerosos medios de comunicación y periodistas, y crearía consecuencias disuasorias sobre la divulgación de información de interés público”, afirmó al respecto la organización de DD. HH. Reporteros Sin Fronteras (RSF). El mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su calidad de vicepresidente de Barack Obama en 2012, llamó a Assange un hacker, desconociendo su oficio como periodista.
También alegan que puso en peligro la vida de personas mencionadas en la información revelada. Al respecto, RSF también defiende a Assange: “Cuando tuvo conocimiento de que la publicación era inminente, instó al gobierno de EE. UU. a tomar medidas para proteger a posibles afectados (…) A pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos nunca ha procesado a nadie más que a Assange por la publicación de estos datos, no ha presentado evidencia de daño real causado a personas como resultado de la divulgación”.
¿Es posible frenar la extradición de Julian Assange?
Entre los gobiernos de Reino Unido y EE. UU. parece estar todo claro en términos del proceso de extradición. Los británicos parecen convencidos de las garantías de derechos humanos que ofrecen los americanos. Para que el caso llegara a otra instancia, como la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tendría que estarse violando algún tratado internacional entre ambos países, cosa que no está sucediendo.
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Para el profesor Prieto, habría una última oportunidad a la que podría acudir la defensa del periodista australiano en términos de protección internacional de derechos humanos: argumentar o pedir claridad ante la Corte Europea de Derechos Humanos sobre las garantías de que los cargos por los que se le acusan no contemplen la pena de muerte o cadena perpetua, ya que para este organismo estas condenas son consideradas como tortura.
Sin embargo, Prieto concluye reiterando que de momento se trata de un caso de derecho británico y no internacional: “Son quienes van a decidir si están de acuerdo o no con la extradición, o si se dará algún tipo de acción ante los mismos tribunales británicos o ante el Tribunal o Corte Internacional de Justicia”.
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Por Hugo Santiago Caro
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