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A medida que avanza el periodo constitucional del presidente Gustavo Petro, varios sectores señalan que la propuesta del acuerdo nacional, sugerida por el jefe de Estado desde su campaña presidencial y ratificada hace casi un año en la instalación de la actual legislatura frente al pleno del Congreso, se está desdibujando progresivamente. El senador Iván Cepeda, miembro de la bancada del Pacto Histórico, mencionó este viernes que el Gobierno “no ha sido lo suficientemente perseverante en lograr ese acuerdo”.
Durante un foro organizado por el partido En Marcha este 26 de abril, el senador y otros panelistas expresaron que el país político -tanto gobierno como oposición- no ha logrado hacer acuerdos y se han encasillado en “peleas ideológicas”, lo que ha dificultado el desarrollo de algunas políticas gubernamentales, la ejecución del Plan de Gobierno e incluso su aspiración de lograr la “paz total”. “Si no hay un acuerdo entre las fuerzas políticas, económicas y sociales, no vamos a poder avanzar como nación. Necesitamos ponernos de acuerdo”, dijo Cepeda.
Sus palabras llegaron en medio de una fuerte tensión política, que está atravesada por asuntos que requieren soluciones de política pública, tal como la crisis en el sistema de salud, las dificultades en la atención del orden público, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la sensación de estancamiento de la economía y otros, sobre los que el presidente Petro, quien lidera el primer gobierno de izquierda, ya ha presentado sus propuestas ante el país y el Congreso, pero sobre las que hay bastante disenso.
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Precisamente, el paquete de reformas presentado por el Gobierno no ha logrado unificar las diversas visiones y, por el contrario, han despertado el rechazo de un sector político y ciudadano que ya se manifestó el domingo pasado, 21 de abril, y que no respalda ni las reformas a la salud, pensional y laboral. La desaprobación del presidente Gustavo Petro llegó al 60% en abril de 2023, según Invamer.
Además, a pesar de que el Gobierno logró un primer triunfo con la aprobación de la reforma pensional, tras alcanzar un acuerdo con el Partido Liberal para establecer el aporte a Colpensiones en 2,3 salarios mínimos, apenas 24 horas después de la aprobación del texto, el presidente revirtió su posición y anunció que buscará que la Cámara aumente el umbral a 4 salarios. Según fuentes consultadas, aunque se han logrado acuerdos, el discurso y anuncios del presidente y de otros miembros del equipo de Gobierno obstaculizan cualquier vía de diálogo.
Este fue el caso, por ejemplo, de la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, que todavía sigue generando críticas. De hecho, en medio de ese panel, el presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde), lanzó una nueva pulla, de varias que ha hecho al primer mandatario sobre este tema. “Lo que me parece más deplorable es que se plantee una Constituyente para no cambiar nada (…) si lo que quieren es terminar metiendo un artículo de reelección, métanlo de una vez a ver qué pasa en el Congreso”, expresó.
“A mi me parece que estamos perdiendo el tiempo en la discusión de la constituyente, creo que eso no va para ninguna parte. Lo que le importa a los ciudadanos son las reformas, que salgan bien, así como los temas de seguridad y paz”, dijo el exministro Juan Fernando Cristo, director del partido En Marcha. Y agregó que “hay dos problemas de fondo que no hemos sido capaces de resolver: el sistema político y el ordenamiento territorial”.
Cepeda también dijo que no está de acuerdo con un Constituyente en este momento y sugirió que el Gobierno también tendría parte de responsabilidad en el bajo nivel de consenso. Según dijo, el presidente ha planteado que es la administración actual la llamada a hacer el acuerdo nacional y que por eso se llamaron el Pacto Histórico. Sin embargo, indicó que no es posible adoptar dos posturas distintas simultáneamente: “ser absolutamente radical en el Congreso y en las calles, pero en el debate político buscar acuerdos”.
De hecho, tanto la oposición como el Gobierno han buscado capitalizar las manifestaciones y repertorios de protesta en las calles, lo que ha generado una especie de disputa sobre cuál sector puede canalizar mejor el sentimiento del país. El pasado domingo 21 de abril, la oposición, liderada por los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, sacó pecho por la marcha en la que participaron diversos sectores. Por otro lado, el próximo 1 de mayo, el Gobierno también planea respaldar a los manifestantes que usualmente salen a marchar por el Día del Trabajo. Y el presidente Petro confirmó que se unirá a las manifestaciones.
Pero esa disputa no es lo única, ya que también hay fricciones entre los gobiernos Nacional y los departamentales. La administración de Petro ha dejado una herida abierta tanto con la región Caribe como con Antioquia. Por un lado, la situación de seguridad afecta a varios territorios, pero se han generado tensiones debido a los altos costos de la energía eléctrica en la costa y a las quejas de la Gobernación de Antioquia por la falta de recursos destinados a las vías 4G, lo que ha dificultado la interlocución.
En Montelíbano, en el sur de Córdoba, zona en la que estuvo el presidente Gustavo Petro hace solo hace dos meses anunciando proyectos, se completan cinco días de bloqueos por las altas tarifas de la energía eléctrica. De hecho, este jueves las manifestaciones terminaron en fuertes disturbios, así como en enfrentamientos con la fuerza pública. La comunidad busca llamar la atención de la empresa prestadora Afinia, pero también del Ministerio de Minas
De otro lado, pese a las dificultades jurídicas que tuvo la “vaca” por las vías 4G, organizada por la Gobernación de Andrés Julián Rendón, en Antioquia, ya habría recogido más de $3.600 millones. Además, el mandatario paisa se ha levantado como una de las nuevas voces de la oposición y como uno de los principales promotores de la propuesta de refrendo por la autonomía regional.
Inclusive, Rendón ya dio a conocer a los integrantes del comité encargado de impulsar el referendo de autonomía fiscal, para que haya mayor descentralización. Lo que busca es que las regiones administren sus rentas y patrimonios de forma independiente. Con el comité conformado, el siguiente paso sería la recolección de dos millones de firmas para que la propuesta sea llevada a referendo popular.
Sea cual sea el futuro de esa propuesta, en el Congreso ya hay varias voces que están buscando la forma de lograr mayor descentralización, y en medio de todas las fricciones, algunos se están replanteando el modelo de país. Uno de esos rostros es el del senador Iván Name, presidente del Congreso, quien ha hecho varias audiencias públicas para construir un proyecto autodenominado como regiones autonómicas, que también buscaría independiencia fiscal y administrativa.
De acuerdo con Name, el centralismo ha sido la raíz de muchos problemas, incluida la persistencia de la guerra y la pobreza en las regiones. Y por el contrario, “hoy tenemos prácticamente Estados independientes, pero por la guerra. Por ejemplo, Arauca es un Estado independiente regido por un grupo armado, porque no logramos el control”, dijo.
Por eso, propuso que Colombia piense en “una propuesta colectiva para otro modelo administrativo”. Name le dijo a este diario que todavía no es claro cuándo presentará su propuesta, pero que mientras tanto respalda un proyecto de ley presentado por el senador Guido Echeverri que busca establecer que el Sistema General de Participaciones represente en las regiones “mínimo el 46,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación a partir del año 2035″. Esa iniciativa ya pasó por su primer debate y el martes se discutiría en la plenaria del Senado.
Así las cosas, hay un aire de pesimismo sobre la propuesta inicial del presidente Gustavo Petro de un acuerdo nacional, incluso entre miembros del Pacto Histórico. A pesar de ello, persisten varios esfuerzos por llevarla a cabo y por implementar cambios de fondo. Por el momento, el presidente continuará impulsando sus reformas, y ante el amplio rechazo a su Gobierno en las recientes manifestaciones, el gabinete realizará un “retiro” en Paipa, Boyacá, durante este fin de semana para analizar ese contexto.
El tema ineludible será la reacción que tendrá el Gobierno luego de las multitudinarias marchas del pasado domingo, convocadas por varios sectores. Según dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habrá que analizar el efecto político de dichas movilizaciones. Por otra parte, el tema que genera bastante tensión entre los ministros y podría derivar en un jalón de orejas del mandatario es el de la ejecución presupuestal, pues varias entidades siguen rezagadas en la misión de movilizar los recursos de inversión.
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