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Un día de mayo de 2023, Santa Fe de las Claras, en Puerto Libertador (Córdoba), presenció un evento inesperado. Hasta este corregimiento, ubicado a dos horas de Montería, llegaron la Defensoría del Pueblo, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal y organizaciones de la sociedad civil como Abrigando Sueños y la Fundación Caribeñxs. El objetivo era recibir denuncias sobre violencias basadas en género y brindar atención y orientación a la comunidad. Por primera vez, todas estas entidades trabajaron juntas en el territorio para abordar la prevención y ayudar a identificar formas de violencia que habían estado presentes, pero que históricamente se consideraban asuntos privados. Además, se orientó a la población sobre cómo actuar en casos de discriminación por identidad y orientación sexual.
Este tipo de actividades hacen parte de las Jornadas de Justicia Móvil (JJM), lideradas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y apoyadas por el programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Santa Fe de las Claras no ha sido el único beneficiado: Entre 2022 y 2024, se han realizado 400 jornadas en los 76 municipios priorizados por el programa, beneficiando a 45.859 personas.
Para José Alejandro Payares, secretario de gobierno de Caucasia, estas jornadas no solo facilitan la resolución de conflictos, sino que también generan confianza en el sistema judicial. “Llevamos servicios que fortalecen el tejido social, desde consultas jurídicas hasta campañas educativas que empoderan a las familias”, comenta. Por su parte, Azucena, una beneficiaria desplazada tres veces por la violencia, encontró en una JJM respuestas a dudas legales que habían limitado su acceso a ayudas económicas y programas sociales. “No tengo plata para movilizarme, pero aquí me dieron la orientación que necesitaba”, asegura.
Las jornadas llevan servicios como consultas y asesorías jurídicas, conciliación y mediación, junto con campañas de pedagogía, salud y educación para las comunidades. Estas actividades son organizadas por los Comités Locales de Justicia (CLJ) y abordan, además de temas como las violencias basadas en género, otras necesidades relacionadas con los derechos de la población.
Por ejemplo, incluyen servicios de entidades como la Fiscalía, las Comisarías de Familia, hospitales y otras instituciones municipales. En ocasiones, se desarrollan con enfoques específicos para personas con discapacidad, habilidades diversas o adaptados a sistemas propios de justicia en comunidades indígenas y afrocolombianas. Para ello, el programa ha trabajado junto a gobiernos municipales, instituciones del sector justicia local y nacional y organizaciones de la sociedad civil.
Para garantizar estas jornadas en ciudades como Cali (Valle del Cauca) también ha sido crucial la formación de líderes sociales y jueces de paz. A través de una alianza con entidades privadas, esta capacitación se lleva a cabo a través de talleres prácticos, sesiones de capacitación teórica y actividades de simulación de mediaciones, asegurando que los participantes estén preparados para enfrentar y resolver disputas de manera efectiva. Más allá, el impacto de las JJM se ve reflejado en los números: más de 22.000 conflictos resueltos y más de 45.000 personas beneficiadas directamente. Pero lo más importante es que estas jornadas han sido una respuesta efectiva a una necesidad urgente: la de acercar la justicia a las zonas rurales y más vulnerables del país, lugares que históricamente han estado desatendidos por el sistema judicial tradicional.
Gracias a las JJM, muchas personas que antes no tenían acceso a servicios legales o simplemente no sabían cómo acceder a ellos, ahora pueden resolver disputas de manera rápida, gratuita y en su propio territorio, lo que contribuye a la construcción de paz y confianza en las instituciones.
En esencia, las Jornadas de Justicia Móvil son una estrategia para garantizar el acceso a este derecho en las zonas rurales y las ciudades. Un derecho que se seguirá garantizando en 2025, ya que los gobiernos locales se están apropiando de esta metodología y la han incluido en sus planes de desarrollo municipal y presupuestos municipales para seguirlas haciendo en veredas, corregimientos y sectores vulnerables de las cabeceras municipales. Muchas de estas jornadas seguirán recibiendo asesoría y apoyo técnico del Programa Justicia Inclusiva de Usaid, las cuales han sido una solución para atender necesidades urgentes de habitantes de municipios que por años han esperado y solicitado mayor atención institucional.
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