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Si bien la llegada de las lluvias es una noticia bienvenida en términos de llenado de embalses para generación de energía y abastecimiento de agua potable (especialmente en Bogotá y municipios de la Sabana), la inminencia del fenómeno de La Niña vuelve a revivir temores y problemas de vieja data en Colombia, especialmente en el sector de transporte e infraestructura.
Este es uno de los renglones más críticos a la hora de hablar de una temporada de lluvias intensas, no solo por las afectaciones puntuales sobre carreteras, puentes y otro tipo de infraestructuras, sino porque cada emergencia vial representa una especie de efecto dominó en la vida de miles de personas y viajeros, así como en las economías de productores y empresas de todo tipo, y con impactos particularmente duros en los eslabones más pequeños y débiles del agro, por ejemplo.
De acuerdo con datos del Consejo Privado de Competitividad, entre 1998 y 2018, 85 % de los desastres en el país estuvieron vinculados a fenómenos hidrometereológicos, pero aun así, muy pocos municipios invierten en conocimiento del riesgo y prevención, incluso, el grueso de los presupuestos (más de 80 % para el rubro) se va para manejo de desastres.
Fredy Alberto Reyes Lizcano, doctor y profesor de ingeniería de la Universidad Javeriana, apuntó que la falta de recursos suficientes y la construcción en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones, a menudo habitadas por comunidades vulnerables, incrementa el riesgo de desastres. A esto se sumaría la deforestación y el uso inadecuado del suelo, afectando la absorción del agua.
En otras palabras, aunque se sabe la fuente y causa común de las emergencias, la reacción es cuando, casi que literalmente, tenemos el agua al cuello. Para este año, mientras el Gobierno estimó los daños totales en $20 billones (incluyendo pérdidas), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) propuso invertir cerca de $7 billones en el plan de alistamiento y respuesta. Sin embargo, como era de esperarse, ni la entidad ni el Gobierno tienen esa suma disponible en el bolsillo.
La llegada de La Niña vuelve a resaltar la importancia de factorizar el cambio climático en la ecuación de preparación y, en general, de operación de una multitud de sectores, entre estos el de transporte e infraestructura.
Lo que viene con La Niña para el transporte
Para este punto, se estima en 70 % la probabilidad de que las lluvias de La Niña se presenten en forma entre agosto y octubre. Para este último mes, se prevé que su intensidad superará el promedio y, aunque el fenómeno comenzará a debilitarse después de este periodo, podría extenderse hasta marzo de 2025.
La ahora ministra de Transporte, María Constanza García, antes viceministra de Infraestructura, afirmó que “al intensificarse las lluvias, inician las emergencias, caídas de elementos, pérdida de material, pérdida de banca”.
Según el Ministerio, entre 2021 y 2023, se registraron 4.700 afectaciones en los periodos de alta intensidad de lluvias. En lo que va del año, se han registrado 384 emergencias viales. De estas, siete de cada 10 ocurrieron en la red vial no concesionada a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías). Estas emergencias resultaron en 124 cierres totales y 155 parciales. Por otro lado, en la red vial concesionada, administrada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se presentaron 103 emergencias, con seis cierres parciales en rutas como la Perimetral de Oriente, Pacífico 1, Autopista al Mar 1, Autopista al Mar 2 y dos en la Transversal del Sisga.
Para evitar que la lluvia nos agarre desprevenidos, la cartera de Transporte puso en marcha el Plan Sectorial de preparación, respuesta y recuperación. La estrategia tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica del Invías, la ANI, la Aeronáutica Civil, Cormagdalena y las capacidades instaladas en articulación con la Dirección de Tránsito y Transporte. El enfoque principal está en el “conocimiento del riesgo”, aseguró el Ministerio, que acumula desde 2017. Además, se prestará especial atención a los 21 corredores más vulnerables, que incluyen las vías Saravena – La Lejía, Arauca – Norte de Santander, Troncal de Cusiana, Boyacá – Casanare y la Transversal del Sisga.
“Hemos expedido una resolución a través del Invías que le da facultad a los administradores viales de tomar decisiones para el cierre preventivo de nuestra infraestructura”, dijo García. Ahora los contratistas, administradores viales y entidades podrán disponer de recursos y maquinaria para atender emergencias. Para esto, se diseñó un sistema de alertas tempranas, con pronósticos y boletines cada 24 horas.
Por su parte, el Invías le comunicó a El Espectador que intensificará las labores de mantenimiento preventivo de las vías vulnerables a deslizamientos, inundaciones y otros eventos relacionados con La Niña. Para lograrlo, sacó del bolsillo $4.000 millones para atender los líos en Sogamoso – Aguazul, Quibdó – Pereira, Quibdó – Medellín, Calarcá – Cajamarca y Cali – Buenaventura. Esta inversión en “monto agotable” para las direcciones territoriales, deberá ser utilizado para contratar profesionales y gestionar el bolsillo disponible.
Asimismo, el organismo público destacó que la coordinación con la UNGRD, el IDEAM y las autoridades locales y regionales no solo fortalecerá las medidas preventivas ante emergencias, sino también facilitará la identificación de posibles cierres viales para garantizar la seguridad.
Reyes, en cambio, sugirió que invertir en infraestructura resiliente con programas de mantenimiento regular, educación y concientización a las comunidades. Y en cuanto a la infraestructura del futuro, como las obras 5G, se deben considerar cinco factores clave: diseño y materiales sostenibles, planificación inteligente con enfoque en el cambio climático, redes inteligentes con gestión de datos para monitoreo climático en tiempo real, y normativas adaptativas que fomenten infraestructuras resilientes al clima.
La vía hacia Los Llanos
Uno de los corredores más críticos, por sus afectaciones constantes por factores climáticos, sus puntos vulnerables y su importancia económica para el país, es la vía Bogotá – Villavicencio.
De hecho, en la proyección histórica que hizo el DNP, los departamentos más afectados por el cambio climático, entre 2010 y 2100, serán los que estén asentados en las cordilleras central y occidental, así como los del piedemonte llanero. En otras palabras, el corredor que lleva de la capital nacional hacia la del Meta está justo en un punto clave en términos de afectaciones climáticas.
Por esto, desde el 9 de mayo, la Gobernación del Meta declaró calamidad pública en 17 de sus municipios, incluyendo Villavicencio. En colaboración con la Agencia para la Infraestructura del departamento, se han establecido convenios solidarios para mantener la infraestructura vial en condiciones óptimas, reforzando varios puentes vehiculares con geobolsas.
La Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (DIGERD) identificó 416 puntos críticos en el departamento del Meta y ha iniciado acciones de mitigación utilizando maquinaria propia y alquilada para asegurar la seguridad vial.
En diálogo con El Espectador, la entidad afirmó que, para hacer frente a las emergencias en vías secundarias, designó aproximadamente $3.700 millones. De este valor, seis de cada 10 pesos se usarán en maquinaria alquilada, con un total de $2.295 millones. Mientras que cuatro de cada 10 pesos, se usarán en el banco de maquinaria, con $1.395 millones.
Estos convenios solidarios serían acuerdos de colaboración con entidades públicas o privadas con un objetivo común: mantener la infraestructura vial en condiciones óptimas durante las lluvias.
Los fondos, aseguró la Gobernación, se han destinado a resolver puntos críticos como El Dorado, San Carlos de Guaroa y Villavicencio, como en las vías críticas El Dorado – Río Viejo y Villavicencio – Bajo Pompeya.
Con la llegada de La Niña, la infraestructura estará expuesta a posibles inundaciones y deslizamientos, lo que podría afectar a más de medio millón de familias y 16.000 viviendas. Si la previsión del Gobierno es acertada, será necesario conseguir los recursos cuanto antes y destinar recursos para la etapa de preparación y respuesta antes de que ocurran los desastres a lamentar.
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Por Alejandro Rodríguez Torres
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