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En un país donde circulan cerca de 18,2 millones de vehículos, según el Registro Único de Tránsito (RUNT), la organización del tráfico y la vigilancia de las reglas de juego son asuntos vitales, en donde las cámaras de vigilancia y las fotomultas desempeñan un papel fundamental.
Esta tecnología permite vigilar a los conductores de forma constante y su aplicación ha ido en aumento, según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). En cuatro años se han acumulado más de siete millones de infracciones con fotomulta y solo en lo que va de este año ese número supera el millón de comparendos.
Entre 2022 y 2023, el uso de esta tecnología aumentó 50 % (2,2 millones de comparendos frente a tres millones, respectivamente). Y si se compara el año pasado con 2021, el crecimiento ha sido de casi 170 %.
Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), una de las causas más comunes de infracción ha sido el exceso de velocidad, con cerca de la mitad de los registros de las cámaras de detección. El año pasado, se registraron cerca de 1,3 millones por esta razón, mientras que en 2024 ya se han contabilizado 530.864. Otros motivos más comunes son conducir sin portar los seguros y no realizar la revisión técnico-mecánica, con 16,6 % y 15,1 % de las infracciones totales, respectivamente.
Esto quiere decir que, en términos simples, las cámaras son efectivas para vigilar a los conductores y detectar las infracciones al volante. Pero, como suele suceder, algunos conductores prefieren evadir el riesgo de ser atrapados, ya sea dentro de los límites de la ley o de manera ilegal.
¿“Conejo” a las fotomultas?
Para evitar el riesgo de cometer infracciones, el conductor promedio recurre a aplicaciones móviles que le alertan sobre la presencia de cámaras de fotomulta en tiempo real, permitiéndole cumplir con la ley, al menos en los espacios de detección. Además, hay una tecnología disponible en el mercado que permite el ocultamiento momentáneo de la placa, algo que está penalizado por el Código Nacional de Tránsito.
“Es ilegal ocultar la placa patente de un vehículo en Colombia, ya que las placas son consideradas documentos públicos”, asegura el Ministerio de Transporte y agregan que “sin importar la que posea el vehículo, no la puede modificar o alterar de alguna manera”.
La ley establece que el conductor o propietario que oculte la placa será sancionado con cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que equivale a $346.664. Asimismo, la multa se aplica en casos de conducción sin placas, placas adulteradas o el uso de una sola placa.
A pesar de la expresa prohibición y reglamentación en la ley, hay algunos emprendimientos que, adoptando tecnologías diseñadas para otros usos, promocionan productos para ocultar las placas de los carros, de forma momentánea, al menos. Hablamos con una de las empresas que pretenden introducir en el mercado colombiano una película que, al recibir una corriente eléctrica, pasa de translúcida a opaca, y se puede adaptar al tamaño de la placa de un carro. La opacidad de la película se activa mediante un control remoto. El producto ha sido promocionado, sobre todo, en redes sociales. Cada publicación lleva varias preguntas de potenciales usuarios acerca del precio, los lugares en donde se puede instalar y si ya está disponible; en otras palabras, interés del mercado.
El uso principal de este invento es en entornos corporativos, para otorgar privacidad en salas de reuniones, sin tener que opacar permanentemente los vidrios. Pero la empresa contactada ha promocionado este producto como una forma de ocultar la placa para evadir la detección de autoridades. Al contactarlos, aseguraron que ya comercializan este producto en otros países y que la llegada al nuestro se daría, prontamente, con las medidas de las placas colombianas.
Hablamos en línea con un representante de la marca, quien explicó el funcionamiento del producto y aseguró que “la placa tiene que ir visible legalmente todo el tiempo. Eso es en casos especiales”. Lo de “caso especial” suscita todo tipo de dudas. Y, al final, si bien es el usuario quien decide si activa o no un sistema para ocultar placas, fabricarlo y comercializarlo se asemeja a sostenerle el abrigo a alguien mientras comete un delito.
Dos semanas después del primer contacto, el representante de la empresa no volvió a contestar los mensajes de este diario y aseguró que el sistema no “está disponible”. Desde entonces, los videos han sido eliminados de las redes sociales, aunque continúan activos vendiendo otros productos con el mismo material (para usos que nada tienen que ver con las placas, hay que aclarar).
Pero el interés por este tipo de herramientas y tecnología abre la duda razonable acerca de la posibilidad de obtener este producto en el mercado local. Esto genera preguntas frente al cumplimiento de la ley y la efectividad de las fotomultas, entre otros aspectos.
¿Cómo controlar este tipo de tecnologías? ¿Es legal su comercialización? La postura de las autoridades no es clara en la Superintendencia de Transporte ni en la Dirección de Tránsito de la Policía.
El panorama de las cámaras de fotomultas
La ANSV apunta que hay dos motivos principales para utilizar las cámaras de fotomultas: la aprehensión y la disuasión. El primer caso ocurre cuando se pone una multa a quien cometió una infracción, lo que logra que la conducta tienda a desaparecer. Por otro lado, el segundo sucede por la obligatoriedad de la ley; es decir, el conductor, al percibir que puede ser detectado y sancionado si incumple la norma, elegirá no asumir esa conducta, “pues su costo será mayor que el beneficio que obtendrá al ignorar la norma de tránsito”.
“Cuando se incrementa la velocidad, la relación de incremento del riesgo es de uno a cuatro; es decir, por 1 % de incremento en la velocidad, el incremento en el riesgo de tener un siniestro vial es de 4 %”, según la entidad. Y agregó: “Según estudios internacionales, la instalación de cámaras mostró una reducción de 20 % en choques, 15 % en choques con lesionados y 51 % en choques con muertos”.
En el país hay 680 dispositivos para fotomultas, según el sistema de ubicación de la ANSV. La mayoría se encuentra en Bogotá: 129. Le siguen los departamentos de Antioquia y Atlántico, con 118 y 106, respectivamente. Y Valle del Cauca y Bolívar, con 75 y 38 cada uno. Los departamentos con menos cámaras son Quindío y La Guajira, con solo una cada uno, y Huila, con tres.
El número de dispositivos de detección electrónica se ha cuadruplicado en siete años. De 216 que se registraron en 2018 pasamos a los 680 actuales. Sin embargo, las autorizaciones por parte de la ANSV han tenido altibajos: en 2022 se sumaron 44, en 2023 fueron 95 y para 2024 sólo se añadieron cinco cámaras.
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Por Alejandro Rodríguez Torres
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