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Tres protagonistas del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo (UNGRD) tuvieron que encarar a la justicia esta semana. Primero lo hizo el influyente senador y expresidente del Congreso Iván Name Vásquez. El lunes 25 de noviembre rindió indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Dos días más tarde el turno fue para el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, quien debió comparecer ante el mismo despacho, el del magistrado Francisco Farfán, para dar sus explicaciones en medio de gravísimas acusaciones por soborno. Y el viernes 29 de noviembre, Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones del gobierno, fue imputada por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Los tres se declararon inocentes, hablaron de complots políticos y aseguraron que la justicia les dará la razón. Pero las pruebas en el expediente parecen decir otra cosa.
En medio de estas pesquisas judiciales y hallazgos de los investigadores, El Espectador tuvo acceso al preacuerdo que firmó con la Fiscalía Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD y principal delator en el caso. El documento es una bitácora precisa de las acusaciones que durante meses han venido entregando él y su exjefe Olmedo López a la Fiscalía; pero, sobre todo, refleja la posición de esa entidad sobre quién es quién en este proceso y cuáles serían sus responsabilidades en el peor escándalo de corrupción de la administración de Gustavo Petro. Aunque no han sido imputados, en el preacuerdo aparecen mencionados como protagonistas del caso el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, su exasesora María Alejandra Benavides; el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia Carlos Ramón González y el exdirector de Función Pública César Manrique Soacha. La inferencia es muy clara: serían ellos los que siguen.
Una de las perlas del preacuerdo revela el monto del saqueo en la contratación de la UNGRD que debía destinarse a La Guajira en desarrollo de los contratos manejados por el entonces subdirector para el Conocimiento del Riesgo Luis Carlos Barreto y su jefe político César Augusto Manrique Soacha. El último informe de policía judicial que recibió la Fiscalía el pasado 26 de agosto estableció que ellos se apropiaron, junto con otros contratistas y funcionarios, de $12.065 millones. En eso se tasaron los sobrecostos de las órdenes de proveeduría en el marco de la “adquisición de asistencia humanitaria de emergencia” para ese departamento que en las últimas semanas ha padecido una verdadera tragedia por el invierno. Uno de los principales involucrados en esta triangulación de capitales es el abogado y exdiputado de Cundinamarca Édgar Riveros Rey, quien también firmó un preacuerdo con la Fiscalía para pagar 63 meses de condena por el delito de soborno.
Tal como contó este diario, Riveros Rey le ofreció un soborno de $13 mil millones a los principales testigos en el expediente, Sneyder Pinilla y Olmedo López, con el fin de que se retractaran de sus señalamientos. Los audios que lo pusieron en evidencia fueron grabados por el abogado de Pinilla, Luis Gustavo Moreno, a quien la Fiscalía le otorgó una agencia encubierta. Riveros Rey pretendía no solo torcer estos testimonios, sino que se destrabaran varios contratos en La Guajira cuyos pagos habían sido suspendidos por cuenta del escándalo judicial y político. Dichos convenios sumaban casi $100 mil millones y eran controlados por los socios de Riveros Rey en estas vueltas: Luis Carlos Barreto Gantiva y César Manrique Soacha. Con otra particularidad: de acuerdo con el expediente, el 7% de esos $100 mil millones, es decir $7.000 millones, serían las coimas pactadas para favorecer a la organización criminal. Pero los hallazgos de la Fiscalía hablan de más de $12.000 millones.
De allí que la Fiscalía lo diga así, con todas sus letras, en el preacuerdo en poder de El Espectador. “Olmedo de Jesús López, director de la Unidad y ordenador del gasto, a través de la celebración de la orden de proveeduría No. 185-2023, acordó con César Augusto Manrique, Luis Carlos Barreto y Sneyder Augusto Pinilla direccionar el contrato al empresario designado por Manrique y Barreto a cambio del pago de una coima equivalente al 12% del valor del contrato”. De acuerdo con los hallazgos del organismo investigador, toda la cadena de la contratación de La Guajira equivalente al llamado “Plan 100 mil” fue manejada por César Manrique y Luis Carlos Barreto. Este último llegó también a un preacuerdo con la Fiscalía para purgar una pena de 43 meses de prisión y el reintegro de $150 millones. Todo lo cual indica que, entonces, de esos más de $12 mil millones en sobrecostos calculados, la mayoría del dinero le habría llegado a Manrique y a varias personas no identificadas.
Moisés Carreño Polo, representante de las víctimas en La Guajira, señaló que se van a oponer a estos preacuerdos con varios de los principales responsables de este episodio de corrupción. “En lo que concierne a La Guajira y a sus comunidades, jamás llegaron las soluciones prometidas por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo. Ahí siguen parqueados en Uribia todos los carrotanques que iban a llevar agua a las comunidades indígenas. A las víctimas que representó todavía no les ha llegado una gota del agua prometida por el gobierno en el marco de las sentencias de la Corte Constitucional para atender la emergencia que vive la región. Exigimos que cualquier acuerdo incluya reparación integral para las comunidades y una petición de perdón pública de los responsables a los municipios de Manaure, Uribia y Riohacha. Las víctimas han sufrido demasiado por este mar de corrupción”.
Las acusaciones
Gracias a sus testimonios consistentes y a las pruebas aportadas, la Fiscalía le otorgó a Sneyder Pinilla una rebaja del 45% de la pena, que quedaría en 78 meses de prisión. En todo caso, será un juez el que avale o no esta negociación. En el preacuerdo de Pinilla, además de los funcionarios ya nombrados, se menciona al asesor jurídico de la UNGRD Pedro Andrés Rodríguez y al contratista Luis Eduardo López Rosero como integrantes de esta “empresa criminal” que tuvo como propósito “el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad haciendo prevalecer sus intereses económicos sobre el interés general”. Y añadió: “La organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada”. En esa especificidad de roles, el preacuerdo cita como un hecho cierto el pago de $4.000 millones como soborno para los presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle ($3.000 millones para el primero y $1.000 millones para el segundo).
También se refiere que dicho soborno se dio “conforme a las instrucciones que dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”. Sobre César Manrique, quien salió hace algunas semanas del Departamento de Función Pública, se asegura en el documento que fue responsable de direccionar en La Guajira la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques, pozos subterráneos y “los contratos de control y seguimiento a estos a cambio de coimas”. Todo eso lo hizo Manrique, en criterio de la Fiscalía, en asocio con su apadrinado político en la UNGRD Luis Carlos Barreto. A tal punto, inclusive, que para el organismo investigador no hay duda de que Manrique y Barreto hicieron gestiones ante la Agencia Nacional de Tierras para liberar los $100 mil millones en contratos que terminaron manejando.
Sobre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el preacuerdo es ilustrativo sobre su presunta participación en este entramado ilegal. Allí se asegura que Olmedo López coordinó con Bonilla, su entonces asesora María Alejandra Benavides y el propio Sneyder Pinilla “el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba); Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) en los cuales estaban interesados indebidamente los representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República Wadith Alberto Manzur, Karen Manrique Olarte, Liliana Bitar Castilla, Julián Peinado Ramirez, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo”. Todos ellos fueron llamados a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. También aparece mencionado en este preacuerdo el nombre del congresista Julio Elías Chagüi, sobre quien cursa una indagación preliminar en el alto tribunal.
En relación con el contrato por $46.800 millones de los 40 carrotanques para La Guajira que la UNGRD le dio a la firma Impoamericana Roger SAS del contratista Luis Eduardo López, la Fiscalía tasó los sobrecostos en $14.163 millones, es decir, casi la tercera parte del monto desembolsado por el Estado. También se tasaron en más de $12 mil millones los sobrecostos del negocio de los otros 40 carrotanques sencillos que direccionaron Luis Carlos Barreto y César Manrique, según las pesquisas de la Fiscalía, y por el que la UNGRD pagó $29 mil millones a la Corporación para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral Yapurutú, representada por Édgar Echeverri Toro. En resumen, tan solo en esos dos negocios de carrotanques se perdieron más de $26 mil millones. La Fiscalía está convencida de que la colaboración de Sneyder Pinilla y Olmedo López ha sido esencial para poner al descubierto esta organización delincuencial que ‘tocó’ la Casa de Nariño.
En el preacuerdo también se menciona la participación en este entramado de la exconsejera Sandra Ortiz, quien el viernes pasado ante un juez de garantías siguió insistiendo en su inocencia. En el expediente aparece como “la mensajera” del supuesto soborno de $3.000 millones que habría recibido su amigo y copartidario Iván Name. Mientras los salpicados en este caso buscan arreglos judiciales y exploran principios de oportunidad con la Fiscalía, el valor del preacuerdo de Pinilla conocido por este diario es que marca el camino que va a trazar esa entidad con varios poderosos que aún no han sido llamados a imputación de cargos.
El Espectador conoció, además, que María Alejandra Benavides ya entregó a la Fiscalía información muy comprometedora contra su exjefe, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en la supuesta “compra” de varios parlamentarios en diciembre pasado para que estos aprobaran varios créditos a la Nación.
El recorrido del expediente Ungrd
A principio de año, Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, encendieron el ventilador en medios de comunicación. Además de ponerse en la picota pública como responsables por el desfalco de miles de millones, aseguraron que no iban a caer solos y que altos funcionarios del gobierno Petro, así como congresistas de orillas distintas, tomaron su tajada del dinero público.
Durante meses ambos procesados acudieron a citas ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia para ampliar sus señalamientos, aportando pruebas y buscando beneficios judiciales. A mediados de año, la Fiscalía los imputó por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Únicamente por el episodio de los carrotanques que iban a abastecer de agua a La Guajira y que quedaron parqueados en Uribia.
Al tiempo que Pinilla y López confeccionaban sus acuerdos con la Fiscalía, la Corte Suprema avanzó abriendo una investigación formal, el pasado 5 de noviembre, a los expresidentes del Senado y Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. Contra ambos se indaga si recibieron coimas por hasta $4.000 millones fortalecer las iniciativas legislativas del gobierno, los cuales se habrían gastado en campañas políticas de familiares. Name y Calle han negado rotundamente los señalamientos en los que están salpicados.
La última persona en asistir a la justicia fue Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, señalada de gestionar una coima de $3.000 millones a Name en reuniones secretas en Bogotá. Este diario conoció que los siguientes en ser imputados serán Carlos Ramón González, exdirector de Inteligencia, y César Manrique, exdirector de Función Pública.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Juan David Laverde Palma
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