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Una pelea con varias instancias de choques se volvió a desatar este fin de semana entre el Congreso y la Casa de Nariño, a cerca de dos semanas de que entren en receso legislativo y con varias iniciativas pendientes por parte del Gobierno de Gustavo Petro. La lista incluye los proyectos de la ley ordinaria de jurisdicción agraria, la de la salud, la política y la laboral, que ya han generado roces internos en las cámaras por no dar prioridad a los textos de iniciativa parlamentaria, y la ley de financiamiento, llamado por algunos como una “mini reforma tributaria” con la que el Legislativo planearía sentar oposición.
Justamente esta última cuestión es donde está la mecha que desató el último incendio que recorre Palacio y el Capitolio. El pasado viernes, en la Cumbre de Gobernadores en Puerto Inírida, Guainía, el mandatario afirmó que “el Estado se está quedando sin dinero”, una cuestión a la que ha vuelto tanto para este proyecto tanto como con el Presupuesto General (PGN) para 2025, que no pudo recibir el visto bueno del Congreso y tendrá que ser decretado.
Y fue más allá, pues señaló directamente al presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), de estar “acercando al país un default” por “ser de oposición”. La respuesta llegó un día después, y el senador respondió que los “amenazan con una emergencia económica si no [aprueban] una reforma tributaria de $12 billones”.
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“¿Para qué los quieren si tienen 97 billones en bancos sin ejecutar? La falta de ejecución, esa sí es la emergencia económica”, señaló el congresista.
No es la primera vez que una discusión similar, que involucra la independencia de las ramas del poder, toca a la cabeza del Ejecutivo y de Congreso. Cuando esa dignidad era ocupada por el senador Iván Name (Alianza Verde), quien fue presuntamente salpicado por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), este tuvo que decirle al mandatario en varias ocasiones que el Congreso no sería “el apéndice de ningún otro órgano del poder público” ni “una fábrica de leyes”.
Esos debates están permeados, además, por la llegada de un nuevo actor a la Casa de Nariño, con oficina en el Capitolio: Armando Benedetti. El nombre, que generó cuestionamientos dentro del gabinete y el progresismo, pisó el Legislativo y ya generó confusión, porque su cargo como asesor presidencial— por el que ganará más de $10 millones— es, para los congresistas, muy parecido al del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ya aclaró que no hace parte de su equipo en la cartera.
Con un historial fragmentado, y tratando de sortear la confusión generalizada, el Gobierno hace la cuenta de los días en los que todavía podrá maniobrar para que sus proyectos avancen lo más rápido posible antes de que finalice el año. La lista no es corta y las discusiones tampoco serán simples.
El análisis que hacen algunos congresistas del asunto es que el número de proyectos del Gobierno está relegando otras iniciativas a segundo plano, especialmente las de origen parlamentario, y muchas de ellas son el segundo intento para lograr que puedan pasar antes de que esta administración llegue a su fin. El mismo Cepeda ha dicho que la producción de los congresistas “ha sido muy buena, pero eso no da abasto nadie para revisar esos proyectos”.
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“Seguimos después del 16 de febrero y seguirán en el orden del día, pero cada día se presentan más. Aprobamos 10 o 12 semanales, con órdenes del día de 40, al día siguiente 50 y al día siguiente 60. Están muy creativos nuestros parlamentarios presentando proyectos, unos de gran interés nacional, y esos los estamos priorizando”, aseguró el senador.
Además, con la agenda llena, el Legislativo tampoco estará dispuesto a ceder ante las presiones de su vecino. Y no le suma que María Alejandra Benavides, la exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo señalara ante la Fiscalía de conocer el entramado de corrupción en la Ungrd, en plenas discusiones económicas como la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y el proyecto de la ley de financiamiento, en la que los ponentes no han llegado a acuerdos para formular la ponencia, lo que generó que la sesión de comisiones conjuntas que estaba previsto para este lunes se cancelara, y no estarían tan convencidos de darle el visto bueno.
Por ahora, se han esgrimido algunas prioridades en diversas discusiones entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), cercano al “Gobierno del cambio”: jurisdicción agraria, reforma a la salud y al SGP.
La última avanzó en su octavo debate en la plenaria de la Cámara este lunes, en donde también estuvieron presentes gobernadores como Carlos Amaya, de Boyacá, quienes esperaban finalizar las discusiones de un proyecto que busca aumentar la “autonomía territorial”. Aunque con respaldo del Gobierno— después de generar varios choques entre el gabinete—y el de figuras como el propio presidente del Senado, el debate estuvo agitado por cuenta de su costo, recibiendo calificativos como “lo más irresponsable que [ha] visto desde que [está] en el Congreso”, por cuenta de la representante Katherine Miranda (Alianza Verde).
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Y en medio de esos debates en la Cámara es que Salamanca ha salido untado por su manejo de la mesa directiva. Hace unos días, la inclusión de la reforma a la salud en el orden del día en esa cámara generó un choque. Los vicepresidentes, Jorge Tovar (Citrep) y Lina Garrido (Cambio Radical), enviaron un comunicado para demostrar su “profunda inconformidad” con el agendamiento, que no habría tenido el visto bueno de toda la cúpula. A eso se suma que desde la oposición no estén dispuestos a ceder en algunos puntos, especialmente con las recientes intervenciones a la EPS.
Las más urgentes son, de todas formas, aquellas que buscan cambiar la Constitución, y, por lo tanto, no podrán ser discutidas en las sesiones extra que ha mencionado el mininterior como una posibilidad para este fin de año. Una de las que son clave para el Gobierno es la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, radicada con mensaje de urgencia. Su discusión tomará martes y miércoles de esta semana en comisiones primeras conjuntas, pero tiene proyectado avanzar rápido por la ponencia interpartidista que se presentó hace dos semanas. Eso le solucionará la primera vuelta que tiene que dar antes que de que se acabe esta legislatura, el próximo 20 de junio.
Y entre la lista de los proyectos del Gobierno, la reforma política no ve el panorama tan claro, pues le hacen falta dos debates que tendrá que surtir previo al receso legislativo. Eso sí, ha pasado por varias modificaciones, que ya le restaron, para algunos congresistas, la fuerza con la que venía. Entre ellos, cambiar el artículo sobre la elección del Consejo Nacional Electoral, con lo que ya no se realizaría en una de las dos cámaras del Congreso, sino que tendrá que hacerse con el Capitolio en pleno y con tres ternas remitidas por la Corte Constitucional, tres ternas de la Corte Suprema de Justicia y tres ternas del Congreso de la República.
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La laboral está esperando que radiquen la ponencia, aunque ya definió ponentes. Pero es poco probable que eso ocurra en las próximas semanas, con la cantidad de proyectos que se están cocinando y teniendo en cuenta el recinto al que llega, pues la Comisión Séptima no ha dudado en hundir las iniciativas del Gobierno, como ocurrió con la última reforma a la salud, llegará con más calma el próximo periodo.
Y la de la justicia, ya pasó su primer debate, y será una de las prioridades de la plenaria del Senado este martes, después de la votación de los 14 impedimentos radicados por congresistas. Eso sí, el panorama mejoró desde que el artículo 7, uno de los más polémicos por tratarse de beneficios y mecanismos sustitutos a las personas que cometieran crímenes contra niños, niñas y adolescentes, fuera eliminado.
Aunque con el trabajo de Cristo la agenda del Gobierno ha logrado destrabarse, llegará Benedetti, a mover algunas fichas. Con una reunión previa con el senador Cepeda, que ocurrió antes de que dejara su puesto como representante de Colombia ante la FAO, y una oficina en el Capitolio, faltará ver qué papel cumplirá y si logrará que las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo estas últimas dos semanas, así como en las que se vienen el próximo año, decrezcan.
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