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El mundo judicial sigue haciendo cuentas y midiendo el impacto de la llegada de Carlos Camargo Assis a la Corte Constitucional. Una elección marcada por el ruido político, las polémicas y hasta la estigmatización por el género y la raza de una de las candidatas, que dejó de lado un debate sobre el mérito e idoneidad de quienes llegan a las altas cortes. Más allá de la polémica de esta semana, lo cierto es que la Corte atraviesa un momento decisivo, no solo porque tiene que resolver los últimos grandes expedientes relacionados con el gobierno Petro, sino porque la composición de su Sala Plena será inamovible por los siguientes tres años.
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Con un agravante más: el alto tribunal perdió por mucho la paridad de género que lo había caracterizado en los últimos años. En medio de la tormenta por la elección de un nuevo magistrado, surgió un debate clave: ¿Qué tendencias predominan en la Corte a la que llega Carlos Camargo? Para entender ese panorama, El Espectador hizo una radiografía de las decisiones que, de una u otra forma, han tocado los intereses de la Casa de Nariño. Ellas demuestran que hoy el alto tribunal no funciona con bloques liberales o conservadores, como pudo haberlo hecho cuando decidió casos como el del matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo o la despenalización del aborto hasta la semana 24.
La narrativa pública más reciente habla de “petristas” y “no petristas”, pero expertos como Rodrigo Uprimny y Yesid Reyes alertan sobre el riesgo de esa etiqueta. Según Reyes, transmitir que las sentencias dependen de ideología y no de fundamentos jurídicos envía un mensaje equivocado a la sociedad y erosiona la legitimidad de la Corte Constitucional. Ese riesgo se reflejó en la elección de Camargo. Con el argumento de evitar que María Patricia Balanta, apoyada por el Gobierno, reforzara un supuesto bloque “petrista”, varios sectores votaron por el exdefensor del Pueblo. Sin embargo, la evidencia es otra: en una muestra de diez sentencias, siete resultaron desfavorables y solo tres favorables al Ejecutivo.
Así votó la Corte los tres primeros expedientes relacionados con el gobierno Petro:
En esos fallos, la Corte ha fijado límites a iniciativas vistas como desbordadas, insuficientemente justificadas o contrarias a la Constitución. El balance muestra un tribunal que, más que alinearse con bloques políticos, ha actuado como freno a proyectos del gobierno Petro y reafirmando su papel de contrapeso en la estructura del Estado. Aunque por ahora es claro que el magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Casa de Nariño, ha votado a favor de los intereses del gobierno, todavía falta ver si el magistrado Héctor Carvajal logra dar un paso al costado de quienes lo ubican como ficha del Ejecutivo, por haber sido abogado y “amigo íntimo” del presidente, como él mismo se describió.
Así votó la Corte en expedientes como el del Plan Nacional de Desarrollo, tumbar el que tumbó el Ministerio de la Igualdad y la conmoción interior en el Catatumbo:
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La selección de casos que hizo este diario también muestra que magistrados como Natalia Ángel, Juan Carlos Cortés y Miguel Efraín Polo participaron de debates cuyos votos muestran variabilidad. Prueba de ello está, primero, en casos como la decisión de tumbar la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas o de declarar inconstitucional la creación del Ministerio de la Igualdad, decisiones en contra del gobierno que apoyaron los tres. Y segundo, en sentencias como la que le quitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la competencia para investigar al presidente Petro y la que le devolvió la reforma pensional al Congreso para ajustar errores en su trámite, fallos respaldados por Ángel, Cortés y Polo.
Así votó la Corte en casos como el de tumbar la intervención del gobierno a la EPS Sanitas, el de la reforma pensional y el caso en el que le quitó al CNE la posibilidad de investigar al presidente Petro:
“Las mujeres empiezan a carecer de modelos aspiracionales”: se perdió la paridad
Más allá de los cálculos políticos que se hicieron en el Senado para ubicar a un magistrado que le hiciera contrapeso al gobierno, expertas hablan de un daño que todavía falta medir: la pérdida de la paridad de género que en los últimos años había destacado a la Corte Constitucional. En diálogo con El Espectador, la exmagistrada y decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Cristina Pardo Schlesinger, aseguró que es “algo grave” que alto tribunal retorne a épocas en las que la brecha de representación entre hombres y mujeres era amplia y considera que “la Corte de Suprema Justicia (que elaboró la terna) ha debido tomarse ese asunto más en serio”.
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Pardo resaltó que aunque colegas hombres vienen incursionando en distintas metodologías de análisis y se han mostrado preocupados porque haya paridad en posiciones de poder, no es equiparable a la participación de las mujeres. Con la llegada de Camargo a la Corte, la balanza queda así: seis hombres y solo tres mujeres. Una situación que preocupa a la exmagistrada, pues la Corte pierde la visión única que podían aportar más mujeres en la Sala Plena en el estudio de expedientes que necesitan tener esa visión jurídica alejada de perspectivas que pueden ser machistas. Para investigadoras consultadas por este diario, esta disparidad de género en el alto tribunal también afecta su legitimidad.
Una de ellas es María Adelaida Ceballos, profesora de la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y experta en brechas de género en el sistema judicial. “Era política y éticamente necesario, e incluso urgente, incluir una mujer más en la Corte para recuperar esa paridad parcial. Es la defensora de la Constitución y, por ello, tendría que empezar por defender esos derechos desde casa”. La docente señaló que hay “distintos lineamientos normativos que debieron respetar, tanto la Corte Suprema en su nominación, como el Senado. El artículo 126 de la Constitución dice que, en este tipo de elecciones, debe tomarse en consideración la equidad de género”.
En palabras de la experta, “la legitimidad o la confianza en las instituciones se ven golpeadas cuando son percibidas como fortines de grupos privilegiados o de los históricamente beneficiados en el acceso a esos escenarios. Por ejemplo, tanto hombres como mujeres, percibimos que lo cuenta no es tanto el mérito y la igualdad, sino otras cartas, digamos, de índole casi que netamente político”. Una elección que deja a la Corte sin paridad, resaltó Ceballos, “es un mensaje de que los progresos en materia de género nos son ni inevitables ni irreversibles, sino que siempre están en juego y es una puja de poder en la que las mujeres constantemente tenemos que estar negociando y mostrando que merecemos estar ahí”.
Por la misma línea se pronunció María Luisa Rodríguez Peñaranda, docente de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional. Para ella, que una mayor cantidad de mujeres no esté logrando acceder a los puestos más altos en la justicia, es “una responsabilidad compartida con las altas cortes que designan dos de las terceras partes de los magistrados o magistradas de la Corte Constitucional”. La experta sostuvo que la carga política en las elecciones de magistrados complica aún más a candidatas. “Casi que se nos exige tener un perfil político para poder aspirar y eso está dañando la independencia o perjudicando, no solamente la paridad, sino la independencia de la Corte a la hora de también ejercer el control sobre entidades públicas”.
La no escogencia de mujeres, añadió Ceballos, “reproduce círculos viciosos de desigualdad”, porque las mujeres más jóvenes, dice ella, “empiezan a carecer de modelos aspiracionales. Entre menos mujeres en las altas cortes, menos ejemplos que muestren que tú puedes llegar ahí algún día en tu trayectoria profesional”. Asimismo, expuso que “las mujeres empiezan a sentir una enorme desconfianza frente a las dinámicas del proceso de selección. No solo. También pueden creen que hay menos probabilidad porque ya quedó otra mujer”. Ceballos agregó que “existe la idea de que, cuando nos incluyen, es de manera extraordinaria, excepcional, y que esa excepcionalidad difícilmente se va a repetir dos veces seguidas”.
El arribo de Carlos Camargo ocurre, entonces, en una Corte Constitucional marcada por tensiones políticas, recambios acelerados y la pérdida de la paridad de género que la distinguía. El reto será demostrar que, más allá de las etiquetas de “petrista” o “antipetrista”, las decisiones seguirán fundándose en la solidez jurídica y no en los cálculos políticos. El tribunal ya ha mostrado que puede actuar como freno a los excesos del Ejecutivo, pero también que respalda iniciativas cuando cumplen con la Constitución. De la independencia y rigor de sus nuevos integrantes dependerá si la Corte mantiene su legitimidad como árbitro institucional o si termina atrapada en la narrativa de bloques que tanto se le critica.
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