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Las comunidades emberás asentadas hace meses (algunos años) en el Parque Nacional y dos albergues de Bogotá se alista para un nuevo plan de retorno. Luego de reuniones y compromisos, este lunes comienza la operación para llevarlos hasta sus resguardos en Risaralda y Chocó. Sin embargo, ¿será definitivo? Hablamos con Isabelita Mercado, alta consejera de Víctimas de Bogotá.
Arranca otro retorno voluntario de la comunidad emberá a sus territorios. ¿Cómo fue el acuerdo?
Nos basamos en tres principios: voluntariedad, seguridad y dignidad. Son familias que llevan tres y cuatro años esperando el retorno. En coordinación con la Unidad de Víctimas iniciamos un diálogo para asegurarnos que se cumplieran esos principios. Así, logramos concertar un concepto positivo en sitios claves de retorno como Bagadó (Chocó) y Pueblo Rico (Risaralda).
¿Cuál fue el principio más complejo?
La voluntariedad fue el más demorado, porque implica una caracterización para acceder al derecho de retorno. Desde el 28 de mayo hicimos la caracterización del Parque Nacional y luego en la UPI La Rioja, que nos dio un panorama de cuántos querían retornar. Eso nos permitió arrancar con la construcción del plan, que realmente lidera la Unidad para las Víctimas y que contiene el componente de dignidad.
¿Cómo garantizar que los emberás tengan vida digna sus territorios?
El Distrito asume el alistamiento, el acompañamiento en el traslado y unas transferencias monetarias, para hacer espejo a la Unidad de Víctimas en las garantías de sostenibilidad. Sin embargo, para que todo sea exitoso se requiere el esfuerzo y la concurrencia de la nación. En ese sentido, urge solucionar problemáticas de vías, desarrollo productivo, sostenibilidad económica; acceso en salud, vivienda digna, y temas de alimentación. Desde Bogotá hemos ido sumando actores para cumplir los objetivos, como la ayuda del Programa Mundial de Alimentos, para mitigar la inseguridad alimentaria. Esto para indicar que, al final, es un esfuerzo que requiere articulación de distintas voces y entidades.
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¿Cuántos retornan?
En Bogotá tenemos a 2.127 personas de la comunidad emberá y retornarán 1.595. Este lunes viaja el primer grupo, de 720, que está en el Parque Nacional. El miércoles, 460 de los que están en La Rioja, y el jueves, 415 de los que están en la UPI La Florida.
¿A dónde llegan?
Llegan a Puerto Rico (Risaralda), donde será la entrega de mercados y el primer apoyo económico. Luego será el traslado a los resguardos Unificado Chamí, Alto Andágueda y Gitó Dokabú.
El Tribunal ordenó desalojar la UPI La Rioja en junio y dio tres meses. ¿Cómo va ese proceso?
La orden fue mientras se daba una solución duradera o un retorno, reubicación o integración local. Priorizamos el retorno, atendiendo el llamado de la nación, para no obstaculizar el retorno. Luego haremos el desalojo de La Rioja más simple. Hoy sabemos que hay 460 personas en La Rioja que quieren retornar y 70 personas quieren ser reubicadas en otras partes del país o de integrarse localmente.
¿Y quiénes se queden en Bogotá?
La Rioja debe cerrarse y estamos acondicionando la UPI La Florida para albergar a quienes decidieron no retornar, mientras se da la reubicación en otras zonas del país. Para quienes buscan una integración local, tenemos una ruta diferencial.
¿En qué consiste esa ruta?
Hemos ofrecido una transición a medidas de arriendo, para que vivan en Bogotá como cualquier ciudadano y buscamos robustecer ese proceso de integración local el Distrito, con acompañamiento para que no tengamos un escenario de retorno a La Rioja. La idea es que el miércoles podamos desocupar La Rioja por completo para cumplir con la sentencia del Tribunal.
¿Cómo fue el alistamiento?
Primero, realizamos valoraciones médicas para hacer seguimiento de peso, talla, enfermedades crónicas, embarazos y diagnósticos en primera infancia, y garantizar que estuvieran en condiciones de viajar. También, hubo jornadas con la Registraduría para tramitar documentos de identidad y garantizar que puedan cobrar las transferencias.
¿Cuál es la diferencia de este retorno y los otros en los que han regresado a Bogotá?
Lo primero es que la situación de seguridad hoy en los territorios no genera alerta que indique que la gente está saliendo por razones de seguridad. Existen condiciones relacionadas con el conflicto que no teníamos hace un tiempo. Eso nos lleva a lo siguiente y es el rol de veeduría que asumirá Bogotá.
¿Cómo será ese rol?
Si bien no somos responsables de la transformación en los territorios y en el entendido de que no solo se trata de un traslado, tendremos en diálogo permanente con las comunidades, haciendo seguimiento para que se cumplan los compromisos. Insistimos en la importancia de un compromiso real de la nación en el cumplimiento de la sentencia T025 de 2004 (que ordena medidas de protección a población desplazada) y la sentencia de la Corte Interamericana que protege al pueblo emberá.
¿Qué viene?
El acompañamiento de las entidades y la sociedad civil, muy importantes para garantizar que los acuerdos se cumplan. Se trata de una comunidad que lleva mucho tiempo anhelando volver a su territorio. Cuando se dan las condiciones para volver, empezamos un camino hacia una solución duradera y justa para las víctimas de desplazamiento. Por otro lado, una vez se desaloje La Rioja empezaremos los procesos de reubicación y reintegración local para quienes decidieron no hacer parte de este plan de retorno.
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