Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El caso del mayor de la policía y dos patrulleros, que el 19 de enero de 2021 raptaron y le robaron casi $800 millones a un comerciante de San Victorino, está en una etapa agridulce. Si bien la justicia finalmente los condenó, luego de que los tres aceptaran cargos y llegaran a un preacuerdo con la Fiscalía, aún hay un tufo de impunidad pues, se encuentras prófugos de la justicia.
La condena la profirió el Juzgado 35 Penal del Circuito de Bogotá a finales de febrero, en contra del mayor Andrés Alberto Salazar Barrero, de 42 años (ex comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía), y los patrulleros Fabián Mauricio Castillo Bernal, de 33 años, y Erwin Stid Quintero Acosta, de 34 (asignados al esquema de seguridad del magistrado Juan Carlos Granados Becerra, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial).
Lea: Juez ordena libertad de dos policías sindicados de secuestro y hurto a comerciante en Bogotá.
Ante el cúmulo de evidencias, testimonios y videos, a ellos no les quedó más que aceptar su responsabilidad, negociar con la Fiscalía y lograr una sentencia anticipada. Al final, a los tres uniformados los condenaron como coautores de los delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado agravado, por lo que tendrán que pagar ocho años y tres meses de prisión.
La lectura de la condena se hizo sin presencia de los sentenciados, pues como lo recordó el abogado Juan Manuel Sáenz, quien representó a la víctima y representante de TudocLegal, a los tres los dejaron en libertad en julio de 2022, por vencimiento de términos. La razón: tras su captura en 2021 pasaron más de 240 días sin que hubiera comenzado el juicio, por lo que la medida de aseguramiento perdió vigencia. “En libertad llegaron a un preacuerdo y hasta la fecha no han sido capturados”, indicó Sáenz.
Pese a que aceptaron su culpa e indemnizaron a las víctimas, con dinero y un inmueble en Bogotá, el abogado Sáenz ya radicó una acción de reparación directa en contra de la Policía, debido a que los uniformados delinquieron estando en servicio activo. Dicho proceso lo admitió el pasado 13 de febrero, el Juzgado 64 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera.
Le puede interesar: Demandan a la Policía por agentes acusados de asaltar a comerciante en Bogotá
Una de las pruebas clave fue la entrevista a la mayor Paola Serna, quien para la fecha era la jefa de esquema de la Policía. Ella dijo que el 19 de enero de 2021 los patrulleros se encontraban laborando en el esquema del Juan Carlos Granados. Castillo, quien era el jefe de esquema y superior de Quintero, reportó el inicio del servicio a las 7:47 a.m.; realizó un nuevo reporte a las 12:54 p.m., y el último a las 9:12 p.m.
Por esta razón, considera que la Policía es responsable de “falla en el servicio” y debe pagar los daños materiales e inmateriales que sufrió la víctima, “por la acción negligente, culposa e irregular desplegada por los policías, que estando en servicio activo se valieron de su autoridad y usando elementos de la institución para hurtar el dinero”, dice la demanda.
“La pretensión es que se declare a la Policía administrativamente responsable de indemnizar el daño emergente consolidado y futuro ocasionado a la víctima que asciende a la suma $1.382 millones y a indemnizarlo por el perjuicio moral con $116 millones”, explicó el profesional en derecho.
Así los policías secuestraron y robaron al comerciante
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos fueron el 19 de enero de 2021. A las 12:30 horas, Jaime Martínez llamó a Diego Rodríguez para que le entregara a otro ciudadano, identificado como Miguel Castellanos, $753 millones, por el pago de una hipoteca. Rodríguez, que llevaba el dinero en una maleta, se desplazó hasta el centro comercial Puerto Príncipe. Estando allí, lo abordaron los patrulleros Quintero y Castillo, que le preguntaron sobre el contenido del equipaje y lo obligaron a salir del establecimiento.
Más información: Denuncia de abuso a una niña de 11 años terminó en disturbios en conjunto de Soacha
Acto seguido, le pidieron que entregará la maleta, pero Rodríguez se opuso. Ante la negativa, le dijeron que “harían el procedimiento”, porque ese dinero era fruto del narcotráfico. Ante la situación, el retenido llamó a Martínez, pero uno de los agentes le quitó el celular, diciendo que “estaban dando mucha boleta” y lo obligaron subirse a un taxi para ir hacia el restaurante “Los Duque”, en la calle 11, entre carreras 20 y 21. La víctima notó que los uniformados hablaban constantemente por teléfono, hecho que llamó su atención y aumentó su nerviosismo.
Del restaurante lo subieron en otro taxi y lo trasladaron hasta la Panadería “Kutty”, en la calle 3 con carrera 24, y de allí, custodiado por uno de los patrulleros, lo llevaron en otro carro rumbo a la avenida Boyacá con calle 26, pero se detuvieron en la estación de gasolina “Texaco”, de la Avenida Rojas con calle 26. Allí llegó otro sujeto que dijo ser el mayor Nelson Rojas, miembro de la subdirección de enriquecimiento ilícito y narcotráfico de la Policía. Dijo que ese dinero era fruto de actividades ilegales. Fue luego que se supo que realmente se trataba del mayor Andrés Alberto Salazar.
Tras casi cinco horas retenido, a las 5:00 de la tarde llegó al lugar una camioneta Toyota gris, “con luces de la Policía”, de la que se bajó Edwin Jovanny Cardona, identificándose como capitán de la SIJIN, y le pidió a Rodríguez que se subiera al carro. En el recorrido, los policías le pidieron a Rodríguez que llamara al dueño del dinero. Él accedió y detuvieron la marcha, para que se bajara a llamar. Cuando Rodríguez se alejó unos metros, los secuestradores huyeron con el botín.
Más en El Espectador: Arranca racionamiento en Bogotá: ¿Quiénes deben prepararse para el 12 de abril?
Tras la denuncia a los tres los capturaron en abril de 2021 y les dictaron medida de aseguramiento; los acusaron en septiembre de 2021, y la audiencia preparatoria al juicio comenzó en junio de 2023. Sin embargo, en esta etapa, decidieron negociar con la justicia. Como parte del preacuerdo, el delegado de la Fiscalía le indicó al juez que los enjuiciados indemnizaron a las víctimas, lo que respaldó con los memoriales en los que los afectados reconocieron estar conformes con la negociación alcanzada. Les dieron dinero y un inmueble 50C-1700692
Como parte del preacuerdo, la Fiscalía accedió a eliminar de la acusación el delito de secuestro agravado y cambiarlo por secuestro simple. Con esto, pasó a ser el delito principal el hurto calificado y agravado, frente al cual también se negoció: acordaron que pedirían se les impusiera la mitad de la pena (de 16 años a ocho), por haber indemnizado a las víctimas. La sentencia se dictó a finales de febrero y ahora solo resta hacer efectivas las órdenes de captura, para que paguen, no solo por sus delitos, sino por haber minado con sus actos la confianza en la Policía Nacional
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Alexánder Marín Correa
Conoce más