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Desde hace varios meses, los gobernadores del país han llamado la atención del presidente Gustavo Petro por la escalada de violencia en sus regiones. En varios comunicados aseguran que el Gobierno no los tiene en cuenta, especialmente en el proceso de diálogo con los grupos armados.
Una de las voces más críticas es la de Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, quien ha denunciado que las disidencias de Iván Mordisco “se han burlado en la cara del Gobierno” con el proceso de paz total. Asegura que, a pesar de pactar el cese al fuego, estas organizaciones siguen extorsionando e incrementando su poder militar.
Usted ha denunciado, en los últimos meses, una escalada de violencia de las disidencias de las Farc en su departamento, ¿cómo y dónde están actuando?
La presencia de las disidencias en el departamento no es nueva, todos saben que Gentil Duarte, Iván mordisco y Calarcá no se acogieron al proceso de paz y siguieron delinquiendo desde el Guaviare y el sur Meta. En los últimos meses, tras la desaparición de Gentil Duarte, Mordisco ha ampliado ostensiblemente su capacidad en Guaviare, Meta, Caquetá y otros lugares.
Han vuelto a secuestrar, tenemos información de reclutamiento de menores y se han hecho incautaciones de minas antipersonal, lo que quiere decir que están volviendo a prácticas terribles que habían desaparecido en el departamento. Además, quieren incidir en el proceso electoral, presionando a las juntas, intimidando ciudadanos y, principalmente, realizando extorsiones.
En octubre de 2021 fue víctima de un atentado en zona rural del departamento, ¿actualmente tiene dificultades para trabajar en algunos municipios? ¿Hay territorios vedados para las autoridades?
En muchas partes del departamento, las disidencias le dicen a la comunidad que yo soy un enemigo declarado de ellos, pero no nos hemos dejado intimidar, yo sigo recorriendo todos los rincones. No podemos dejar que ellos sean los que manden, nosotros hacemos presencia, desde luego con todas las precauciones, porque lo de ellos es una amenaza seria. Nos estallaron un artefacto explosivo en La Cristalina, en un sector del Planchón del Guayabero nos cogieron el carro a tiros. Son varios los atentados que se han logrado frustrar gracias a la acción de las autoridades, pero seguimos recorriendo el departamento.
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Pero imagino que no puede movilizarse con tanta facilidad, sin un esquema de seguridad grande.
Exacto, para ir a ciertos municipios del sur del departamento tenemos que generar todo un dispositivo de seguridad, porque con ellos se habla en serio.
¿Y qué pasa con los alcaldes que viven y trabajan desde esos municipios con presencia de las disidencias?
Lo que mejor han hecho las disidencias es generar miedo y terror, lo que implica que la gente no denuncie, a pesar del reclutamiento de menores, las extorsiones e incluso los casos de secuestro. Aquí hay varios alcaldes en el sur que están siendo extorsionados, los llaman a intimidarlos y les han puesto muchísimos problemas para llevar a cabo sus actividades.
¿En qué municipios presentan esas dificultades?
Por respeto a sus vidas no quiero mencionar los nombres de alcaldes ni municipios, porque además ellos me lo han pedido. Sin embargo, en el sur del departamento tenemos varios alcaldes muy amenazados, intimidados y extorsionados.
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Y en ese caso, ¿cómo trabajan esos alcaldes, desde la capital?
Tenemos un alcalde que está despachando desde Villavicencio y muy esporádicamente va al municipio, porque tiene temor por su vida y la de su familia.
También hay denuncias relacionadas con la seguridad de los candidatos para las elecciones regionales de octubre. ¿Hay garantías para hacer campaña política en la región?
En los mismos municipios del sur, la orden de Iván Mordisco es no dejar entrar a candidatos de ciertos movimientos políticos y cobrar una vacuna a los que sí les va a permitir entrar a la zona para hacer proselitismo electoral. Esa es una orden que él ya dio en los municipios del Ariari y La Macarena.
Ha dicho en varias oportunidades que la fuerza pública está debilitada y que el Gobierno no le está dando la importancia que merece. ¿Cuál es el caso particular en su departamento?
Es un secreto a gritos, todo el mundo sabe que tenemos una fuerza pública que no está desarrollando todas sus capacidades. Hemos visto crecer mucho más a los grupos al margen de la ley que al accionar de la fuerza pública. Nos gusta la paz, acompañamos la propuesta del Gobierno, creemos que es imperativo alcanzarla, pero, mientras se logra, las Fuerzas Militares y de Policía deben estar a la ofensiva, por supuesto con total apego a los derechos humanos.
Lo que queremos es una fuerza pública empoderada, con la moral en alto, bien dirigida desde el Ministerio de la Defensa y por su comandante supremo, el presidente de la República. Eso todavía no lo hemos visto.
¿Qué le han dicho los comandantes militares de su departamento?
Sabemos la prudencia y la discreción que deben tener los oficiales, mencionar nombres sería irresponsable, pero sí es evidente que no hay una motivación total, como en otras épocas. Hacer operaciones de guerra, con tantos muertos que le ha tocado poner a la fuerza pública y no valorarlos en toda su dimensiones es muy doloroso y baja la moral.
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El Gobierno hará otro intento de pactar un cese al fuego con las disidencias, ¿cuál es su posición al respecto?
Lo que le pido al Gobierno es que, si va a reanudar los diálogos con las disidencias de las Farc para acordar el cese al fuego, me permita estar en esa mesa, yo quiero defender los intereses de los ciudadanos. Sentimos que el cese al fuego solamente beneficia a las disidencias, necesitamos que también cesen las extorsiones, los secuestros y el reclutamiento. Las disidencias ya se han burlado en la cara del Gobierno y los colombianos, no queremos que vuelva a pasar.
El incumplimiento fue tal que el mismo presidente decidió suspender el cese al fuego. Ahora que aspiran a reanudar, ojalá nos permitan participar y ser los ojos del Gobierno en el territorio; al fin y al cabo los gobernadores somos eso, agentes del presidente en las regiones.
¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno?
Ellos dicen que lo van a hacer, pero no queremos respuestas verbales ni a través del Twitter, lo que necesitamos es acción, que en los territorios se sienta la seguridad, porque hoy solo hay miedo y zozobra. Con respecto a la petición de participar en la mesa, aún no tenemos una respuesta.
Sus críticas contra las negociaciones con grupos al margen de la ley le han valido varias críticas, sobre todo en redes sociales, donde incluso lo han llamado enemigo de la paz. ¿Qué responde?
Primero, no es papel de los gobernadores ni los alcaldes ser oposición del Gobierno Nacional, tenemos que trabajar en concordancia. Lo que sí tenemos es voces críticas y la verdad es que el Gobierno nunca ha manifestado estar en contra de mis posiciones. Queremos ayudar y que se nos permita jugar un papel junto al Gobierno.
Por otro lado, a los que me consideran enemigo de la paz, les recuerdo que voté sí al plebiscito y participé en el Gobierno del presidente Santos, que alcanzó un acuerdo con la Farc. Creo en la necesidad de alcanzar la paz, pero esto no significa descuidar la seguridad, ambas pueden ir de la mano. La seguridad no le pertenece a ningún partido ni a ninguna ideología, es un derecho constitucional de los ciudadanos.
Pero en algunas oportunidades también ha dicho que no hay paz total y que con las negociaciones el Estado se arrodilla a los grupos armados.
El Gobierno ha sido demasiado generoso con estos grupos y esa generosidad es para alabarla, pero los grupos al margen de la ley lo han visto como una debilidad y el Estado se puede demostrar generoso, pero no débil. Ellos ven debilidad y por eso incumplen y crecen en dominio territorial y armamento. Hay que creer en la paz, incluso tragarnos algunos sapos, pero cuando todos los sapos se los tiene que tragar un momento, ahí debemos bajarle a la generosidad.
Usted denunció que las disidencias estaban ganando terreno y podrían llegar al Sumapaz, cerca de Bogotá. ¿Ese riesgo se mantiene?
La advertencia que hicimos junto a la alcaldesa de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca sirvió para que las autoridades no descuidaran el cañón del río Duda, que empata con el páramo de Sumapaz. Ese es un corredor estratégico y si se descuidan, lo retoman las disidencias, como lo tenían previsto; pues las mismas comunidades nos confirmaron que estaban llegando a la zona. Pedimos a las autoridades que protejan la zona; esa tal vez fue una de las fallas del anterior proceso de paz, porque las organizaciones delincuenciales se apropiaron de los lugares que dejaron las Farc.
Varios gobernadores se han unido en torno a esas críticas a la paz total y denuncias sobre problemas de orden público, cómo se conformó ese bloque y qué es lo que piden?
Todo inició en el Meta y más que críticas fueron advertencias, denuncias sobre lo que estaban haciendo las disidencias y otros grupos, desnudando la realidad, que eso no tiene que molestarle a nadie. Esas voces empezaron en este departamento y ahora están en casi todo el país. Hemos emitido comunicados que han firmado casi todos los gobernadores, basta oír lo que pasa Nariño, en Sucre, Santander, el Bajo Cauca antioqueño. Los gobernadores han sido muy valientes al denunciarlo, porque todos hemos entendido que si hablamos con la verdad no tiene por qué molestar, por el contrario debería ser valorado. Queremos que a los gobernadores nos vean como agentes del presidente en el territorio.
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Por David Efrén Ortega
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