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En su programa de campaña, Gustavo Petro se propuso tareas grandiosas: “Colombia será Potencia Mundial de la Vida (sic) mediante un Pacto Histórico (sic) que concrete un nuevo pacto social para el buen vivir y el vivir sabroso con todas las diversidades de la nación para entrar por fin a una era de paz cuyo rostro sea una democracia multicolor (…) que haga realidad la igualdad, una economía productiva que genere riqueza basada en el trabajo”.
Hoy por hoy Colombia no es potencia de la vida, puede que lo sea en el futuro, pero requerirá de potentes reformas que la logren alcanzar esa condición. La tasa de homicidios oscila alrededor de 26 por cien mil habitantes, la cuarta más alta de América Latina y sale peor si se compara con la de algunos países europeos que es entre y uno y tres por cien mil, y Estados Unidos, que ronda el seis por cien mil. Para reducirla a niveles parecidos, se requieren iniciativas como el desmantelamiento del crimen organizado y las bandas armadas que azotan a varias regiones del país, extorsionan a los negocios y a las personas, roban vehículos y motocicletas diseminando el temor en ciudades y veredas. Habría que limitar el acceso a armas en manos de la población, contar con más policía y diseñar estrategias en seguridad, hacer campañas educativas y centros de conciliación que impidan el conflicto abierto entre grupos, familias y personas.
El discurso de Petro ha perdido eficacia y ha deteriorado su favorabilidad entre los ciudadanos. Su llamado a los colombianos para que no participaran en la marcha del 21 de abril tuvo el efecto opuesto al buscado y se registraron ríos de gentes desfilando no solo en las ciudades en las que cuenta con menos seguidores, como Medellín y las del eje cafetero, sino en antiguos baluartes suyos como Cali y las ciudades de la costa Caribe. Mientras algunos miembros de su círculo cercano reconocieron la magnitud del malestar expresado en las marchas y declararon que era el momento de conciliar con los opositores, Petro optó, como el avestruz, por meter la cabeza en el piso. Expresó que las marchas del primero de mayo y el discurso que pronunciaría ante los participantes –sindicalistas, militantes y simpatizantes del Pacto Histórico– borrarían la horrible tarde que fue para su lastimado ego el fatídico 21 de abril.
No es para menos. A casi dos años del gobierno Petro, son pocos los logros. La reforma a la salud y su intervención de las aseguradoras más grandes y eficientes tiene a sus cotizantes seriamente preocupados. La antipatía del presidente frente a las empresas privadas de salud, que funcionan reguladas por el Estado y cumplen una buena labor, primó sobre consideraciones de su calidad.
La reforma pensional puede ser el mayor logro del gobierno pues promete aumentar la cobertura del sistema, ofreciendo subsidios estatales considerables para lograrlo, especialmente cubriendo personas mayores sin cobertura ni ahorros acumulados. Habrá que ver si los recursos fiscales alcanzan para financiar el nuevo sistema, pero vamos a cumplir dos años de crecimiento muy lento que no va ayudar a las finanzas estatales. Eso va a ser así, a pesar de que la reforma tributaria de José Antonio Ocampo permitió contar con más dinero, algo que no le agradeció Petro, que lo despidió sin razones distintas a su antipatía por la gente bien.
La reforma laboral es vista con suspicacia por los gremios empresariales, pues va a afectar sus ganancias en época de vacas flacas. Lo que posiblemente va a acelerar es el cambio tecnológico que permita sustituir trabajo vivo por maquinaria o, como decía Marx, “trabajo muerto” u “objetivizado”. La reforma a la educación debe subsanar las fallas de calidad en el sistema público escolar, medir el desempeño de los maestros con los resultados de sus estudiantes en las pruebas de Estado, algo que dudo que le imponga a una de sus bases políticas más importantes. Se debe también evaluar la gobernanza de las universidades oficiales que se ven asediadas por grupos de presión que impiden su funcionamiento cuando sienten amenazados sus intereses. Son tareas complejas que requieren más negociación política que discursos incendiarios.
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