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A partir del 1 de mayo deberá empezar una transición en la que, el actual modelo del sistema de salud del magisterio, basado en contratos que tienen unos operadores con una red de hospitales y clínicas en todo el país, dejará de estar vigente. Se trata de un proceso que modificará cómo acceden a la salud más de 800.000 personas. (Puede ver: Las EPS se montaron al bus de la reforma a la salud. ¿Qué las convenció?)
Los días previos han estado rodeados de críticas y temores frente a lo que sucederá a partir de esa fecha. Entidades como la Procuraduría General están preocupadas. “La salud de aproximadamente un millón de maestros está en riesgo a partir del 1° de mayo, por el cambio del modelo de atención”, dijo la procuradora Margarita Cabello. Para la funcionaria, se podría presentar una “enorme improvisación”.
Políticos como Catherine Juvinao, representante del partido verde, o María Fernanda Cabal, congresista del Centro Democrático, se han hecho preguntas similares frente a la capacidad y organización del Gobierno y de Fecode (el principal sindicato de los maestros), para liderar esta transición. Todos los temores apuntan al papel de una institución: la Fiduprevisora.
¿Tendrá la capacidad?
El nuevo modelo del magisterio elimina a un actor que estaba generando muchas críticas en Fecode desde hace varios años: los operadores. En términos simples, el sistema de salud del magisterio tiene hoy tres actores principales: el primero es el Fomag, una gran bolsa de recursos que reúne la plata de la pensión, cesantías y cotizaciones de los docentes. Cuenta con un consejo directivo conformado por cinco personas con voto, en donde el Gobierno tiene tres puestos y Fecode los dos restantes.
El segundo actor es la Fiduprevisora, una fiducia de la que el Estado es el socio mayoritario. Ha sido la entidad responsable de manejar ese dinero y de abrir, en el actual modelo, una licitación para contratar los servicios de salud con los operadores, el tercer y último actor. Estos operadores constituyen lo que se conoce como “Uniones Temporales”, es decir, la asociación de dos o más personas naturales o jurídicas que se unen con el propósito de ejecutar un proyecto durante un tiempo determinado. En este caso, ofrecen servicios de salud a los maestros, contratando a clínicas y hospitales. Para entenderlo mejor, esos operadores han sido como unas EPS que reciben el dinero de la salud del magisterio para contratar a centros de salud.
Las directivas de Fecode llevan años criticando la función de estos operadores, señalando que no contratan a estas entidades de manera adecuada, lo que, para algunos, se traduce en dificultades a la hora de acceder a servicios de salud. Martha Alfonso, ejecutiva de Fecode dice que, por ejemplo, ella lleva esperando más de un año una cita de medicina con el internista. Pero, si en el nuevo modelo los operadores ya no existirán, ¿quién contratará a las clínicas y hospitales para garantizar el acceso a la salud?
Esa función queda en manos de la Fiduprevisora. Según la circular 03 del 1° de abril de 2024 que modifica el sistema, esta entidad será la encargada, como “vocera y administradora de los recursos del Fomag”, de adelantar las acciones y contrataciones para garantizar el acceso a la salud a través de una “expansión de la oferta” de hospitales y clínicas a las que puedan ir los maestros en Colombia (específicamente, en ocho regiones en las que se divide el país en el nuevo modelo). Es decir, esta entidad pasa de tener que hacer contratos con operadores (que podían ser entre 9 y 13 para todo el país), a hacer contratos con miles de clínicas y hospitales. (Vea: El trastorno menstrual del que poco se habla y que afecta a muchas mujeres)
El nuevo modelo plantea que la Fiduprevisora haga esos contratos después de abrir una invitación pública para que todas las IPS que quieran (y que cumplan con ciertas condiciones) se inscriban a una “Red Nacional de Prestadores”. La intención de Fecode es que en esa red puedan estar todas las IPS que existen en Colombia que, según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), son más de 11.000, entre públicas y privadas. De esta manera, el nuevo modelo promete que los maestros tengan un mayor acceso a la salud. Desde que se planteó esa idea, el Ministerio de Salud (asesor en la construcción de este modelo), dejó claro que, dada estas nuevas responsabilidades, la Fiduprevisora necesitaba cambiar.
Ese proceso de reestructuración interna ya comenzó. “Se está armando toda la arquitectura interna en la Fiduprevisora, lo cual demora y tiene un costo. Ya hay una estructura administrativa y está también contratándose al personal para sacar todos los contratos a revisión”, dice Alfonso, de Fecode.
De hecho, señala que hubo que hacer cambios en los manuales de contratación interna para que esta entidad pudiera hacer lo que antes no hacía. “Tenemos una dificultad y es que nos tardamos en tomar la decisión”, reconoce Alfonso. Se refiere a que solo hasta finales de marzo el sindicato del magisterio tomó la decisión de transformar su modelo de salud, lo que dejó solo un mes (abril) para poner todo a andar.
Dado el corto tiempo, Fecode reconoce que la Red Nacional de Prestadores que propone el nuevo modelo no está lista. Debido a eso, y buscando que a partir del próximo 1° de mayo los maestros no se queden sin servicios médicos, la Fiduprevisora tomó dos decisiones, con el aval del Fomag: hacer contratos de entre tres y seis meses con las clínicas y hospitales que ya contrataban antes los operadores, y con la red pública que hay en las regiones. (Vea: EPS y Gobierno cierran acuerdo para lograr una reforma al sistema de salud)
Hay, entonces, una primera paradoja: el modelo comenzará con las mismas IPS del anterior modelo que el magisterio creía insuficiente para tener un buen acceso a la salud. Sin embargo, en opinión de Alfonso, era lo que tenían que hacer “para garantizar que el servicio continuara”. La segunda paradoja la explica bien Hernando Bayona, quien fue viceministro de educación del Gobierno. “Muchas de las clínicas y hospitales que contrataban los operadores, eran de los mismos dueños”, dice. Es decir, el nuevo modelo eliminó a los operadores de la ecuación, pero contratará con sus clínicas y hospitales, al menos en un principio.
“La idea es que en los próximos meses vayan entrando tandas de prestadores al modelo. Por ejemplo, en diciembre, entran mil o dos mil, por decir cualquier número, a medida que definimos cómo la Fiduprevisora va a convertir en contratos, las cartas de intención que ya comenzaron a llegar”, dice Alfonso. Según la directiva de Fecode, prestadores de todo el país ya comenzaron a hacer llegar cartas de intenciones para hacer parte de esa nueva red nacional del magisterio, pero el proceso para convertir esas cartas en un contrato no es fácil “y demorará unos meses más”, dice.
A los ojos de Bayona, docente de la facultad de Educación de los Andes, en medio de las dificultades que representa un cambio de sistema, es “una decisión acertada”. Para él, es esencial que “no se rompa ese vínculo que tienen los maestros con su entidad prestadora de salud”. Pero, en su opinión, es crucial conocer si hacia el futuro la Fiduprevisora logra tener la capacidad de hacer todos esos contratos, pues, añade, no cree “que tengan el equipo técnico suficiente ni las capacidades tecnológicas para responder a la demanda”.
La misma preocupación la tiene la procuradora Cabello, que desconfía que la Fiduprevisora pueda asumir el cambio, al pasar de hacer diez contratos a más de 8 mil. A la funcionaria le inquieta otro tema, asociado a estas nuevas funciones de la fiducia: el costo del nuevo modelo. Según se ha especulado en la última semana, pasaría de $13.4 billones a $18.4 billones al año.
¿Un modelo de salud más caro?
La anterior licitación por los servicios de salud del magisterio que el presidente Gustavo Petro suspendió por una supuesta “red de corrupción”, de la que no se supo nunca más detalles, estaba avaluada en $13,4 billones. Eso hace del Fomag, que maneja este dinero, una de las entidades que gestiona más plata de todo el Estado colombiano. Esto es resultado de algunas particularidades financieras que tiene el sistema de salud del magisterio respecto al del resto que tienen los colombianos.
Por ejemplo, la UPC (la plata que gira el Estado para el acceso a la salud por cada afiliado) es más alta para los maestros. Mientras que para los usuarios al régimen contributivo, la UPC para este año es de $1.444.086, para los maestros (denominada UPCM) es de $2.349.094. El temor es que, con estos nuevos cambios, el sistema de salud termine costando incluso más que lo que ya cuesta.
Bayona cree que eso puede suceder. “La Fiduprevisora no tiene un esquema y estructura fuerte que permita, por ejemplo, identificar los costos de las enfermedades o los tratamientos. Puede ocurrir lo que ha pasado en otros sistemas, y es que sea más probable la corrupción. Si yo no tengo claro eso, es posible que comience a girar recursos a las IPS de manera indiscriminada, sin tener en cuenta los costos reales de esos tratamientos”. (Puede ver: El caos que desató el error del Minsalud con el borrador de manual tarifario)
Fecode planea que los costos de los servicios de su sistema tengan como referencia el manual tarifario que el Minsalud está próximo a publicar (y que en la última semana despertó polémica por unos precios que el sector médico calificó de equivocados, como lo explicamos en esta nota). Y, para controlar el gasto, el nuevo modelo del magisterio espera hacer un contrato interadministrativo con la Adres (el banco de la salud) que “además de ser el pagador, realizará auditoría inteligente del gasto, auditorías aleatorias y concurrentes”, se puede leer en el acuerdo 03 del Fomag. Pero ninguna de las dos cosas está lista: el Minsalud retiró el manual tarifario para solucionar los errores que reconoció, y el contrato con la Adres no se ha firmado porque, según dijo Alfonso, se está esperando unos conceptos jurídicos que lo permitan establecer.
Finalmente, hay otro temor respecto al dinero que es importante. Los contratos que la Fiduprevisora establecerá por ahora con las IPS a tiempos de entre 3 y 6 meses, se pagarán en algo que se llama “por evento”. Es decir, se pagará por cada servicio prestado, “y lo que eso ha demostrado en otras ocasiones es que tiende a subir los precios de los servicios”, dice Bayona.
Alfonso, de Fecode, reconoce que hay cambios en el modelo que significarán costos. Por ejemplo, asegura, todo lo que tiene que ver con la nueva estructura interna de la Fiduprevisora, “pero esos costos no superan lo que ya cobraban los operadores”, agrega. Es decir, para Fecode el precio de fortalecer a esta entidad se cubrirá con lo que ya cobraban los antiguos operadores por concepto de “administración”, que era, según comenta, del 11% de la UPC de los maestros o incluso del 13%. “Con el nuevo modelo, ese gasto no puede superar el 10%”, puntualiza. (Puede ver: La vacunación ha salvado, al menos, 154 millones de vidas)
Además, señala que, si bien durante este primer año el costo final del sistema puede subir por los cambios propuestos, esperan que a partir de 2025 baje y se estabilice de nuevo. De cualquier manera, asegura que la cifra de $18 billones que ha surgido “no es y está fuera de todo contexto”.
Mientras eso ocurre por el lado de Fecode, cursan varias acciones judiciales respecto a este tema. Una tutela radicada por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca busca que, ante la caducidad de los contratos con los antiguos operadores, se declare la “grave e inminente amenaza” a la salud de los maestros y se ordene implementar un “régimen de transición para darle continuidad en todo el país a la prestación del servicio de salud de los maestros”.
Además, piden que se ordene establecer una comisión de seguimiento compuesta por delegados de la Procuraduría, la Defensoría y la Supersalud, y, por supuesto, de por la misma red de veedurías “para informar sobre el cumplimiento de las medidas preventivas”. El Espectador contactó a la Fiduprevisora para esta nota, pero, al cierre de la edición, no fue posible obtener una respuesta.
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