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El Gobierno Nacional exigió al Clan del Golfo y al Ejército de Liberación Nacional (Eln) permitir el libre tránsito de civiles y de ayuda humanitaria la región entre los ríos Sipí y San Juan, así como en los municipios de Sipí, Novita, Istmina y Medio San Juan, en Chocó, en donde más de 9.000 personas de comunidades negras e indígenas han tenido que salir desplazadas o están confinadas desde hace más de un mes.
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La reacción del Gobierno se dio luego de que una caravana humanitaria, que se dirigía a Chambacú y Noanamá, tuvo que devolverse al escuchar disparos, pese a que el Eln anunció el lunes pasado (10 de julio) la habilitación de un corredor humanitario para que un grupo de 20 lanchas con ayuda y capacidad de atención llegara a las comunidades desplazadas.
Por otro lado, la alcaldía de Itsmina denunció que una lancha en la que se transportaban los personeros de Itsmina y Sipí, con ayudas para las comunidades, fueron detenidas con un disparo de advertencia y fueron requisados, por lo que el Alto comisionado recordó que impedir la asistencia humanitaria viola el derecho internacional y agrava la situación de las comunidades que han quedado vulnerables.
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“Al repudiable asesinato de José Florencio Hurtado por parte de las AGC el pasado 2 de julio en la comunidad de Chambacú —en el que resultó herido su hijo menor de edad—, se suma el inaceptable paro armado decretado por el Frente de Guerra Occidental del Eln, desde el pasado 4 de julio, que agravó la situación de desabastecimiento, generando hambre y necesidades en decenas de comunidades”, indicó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Por último, indicaron que recibieron denuncias de omisión y/o complicidad de “sectores militares con las AGC”, así como amenazas del Eln a candidatos. “Los enfrentamientos y las violaciones al DIH por parte de los grupos armados en la región de los ríos San Juan y Sipí deben detenerse y dar paso a gestos de buena voluntad y de construcción de paz. Nuestro reto es materializar la intervención integral del Estado en el territorio, enmarcada en el enfoque de la seguridad humana que por el Gobierno del presidente Gustavo Petro”.
Este martes el gobernador de Chocó, Ariel Palacios, señaló, tras una reunión con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que la presencia del Clan del Golfo en el norte del departamento y del Eln, en el sur, no es más que “una bomba de tiempo”, ante posibles nuevas confrontaciones, como ya han ocurrido en el pasado.
“En la zona norte tenemos la presencia del ‘Clan del Golfo’ con una estrategia nueva que es dejar a personas de su organización entre la población civil. Esto es Bomba de tiempo porque se puede presentar el otro actor armado”, dijo el mandatario.
El Consejo comunitario Acadesan advirtió el pasado 26 de mayo que más de 1.000 familias de las poblaciones del Cajón, Torrá y Santa Bárbara en Nóvita, y Charco Largo, Charco Hondo y Barrancón en el municipio de Sipí, tuvieron que desplazarse por cuenta de las presiones de los grupos armados en la zona.
“Después que anunciaron un paro armado indefinido, le dicen a la comunidad que deben salir sí o sí, porque si no salen, asumirán las consecuencias porque van a atacar el pueblo; entonces es una situación muy complicada; y la única forma de salir es por una vía, y con esta amenaza, hay que evacuar antes del sábado; ya muchas familias iniciaron a irse”, indicó a Radio Nacional Felipe Orejuela, líder de la zona.
Ante esto, varias de las familias buscaron refugio en Itsmina, así como en resguardos de la comunidad en Noanamá y Chambacú, a la espera de poder retornar a sus comunidades.