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Fernando Manugama llegó hace casi cinco años a Bogotá, con su familia y buena parte de su comunidad. Los recurrentes enfrentamientos entre grupos armados en el departamento del Chocó obligaron a cientos como él a dejar sus tierras, sus resguardos y su vida atrás, para emprender un viaje a la capital con la esperanza de tener mejores días.
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Sin embargo, pasaron de sufrir necesidades en casa a padecerlas a kilómetros de distancia. “Llegamos acá exigiendo nuestros derechos. Pasamos mucho tiempo en La Rioja, en malas condiciones: sin acceso a baños, con hacinamiento e, incluso, con riesgos estructurales. Por eso nos vinimos al Parque Nacional, donde las situaciones tampoco han sido fáciles”, narra Fernando, oriundo de la región del Alto Andágueda, en el noroccidente del país.
Dice que piensan en todo lo que tenían en el resguardo, en sus casas, en sus animales, en sus cultivos… “Puede que mucho de lo que extrañamos ya no esté. Nos toca volver a empezar y esperamos que todo nos salga bien y no tengamos que salir de nuevo”, agrega, mientras, sentado en un andén de la carrera Séptima, en inmediaciones del Parque Nacional, diligencia un formulario relacionado con el viaje de retorno. Su caso y el de su familia refleja el clima con el que buena parte de la comunidad Embera residente en Bogotá recibe la noticia del retorno a sus territorios: entre la esperanza y la precaución.
Tras un proceso de diálogo, que se extendió por meses, el Distrito, la Nación y la comunidad Embera asentada en Bogotá acordaron que este lunes 8 de septiembre comenzaría un nuevo viaje, para que cientos de familias indígenas, desplazadas por la violencia, pudieran regresar a sus territorios, tras haber sido afectadas por el conflicto armado, que golpeó sus comunidades y resguardos.
Así las cosas, esta semana, en tres jornadas distintas, cientos de familias que malvivían en el Parque Nacional y en las UPI La Florida y La Rioja, emprenderán el viaje de regreso hacia sus cabildos, en los departamentos del Chocó y Risaralda. Este nuevo plan es el más grande que se ha hecho en la historia reciente de Bogotá, según confirmó Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación. “Actualmente, la ciudad cuenta con cerca de 2.100 personas de la comunidad Embera, y estamos hablando de un retorno de aproximadamente 1.800 personas”, señala.
Semana de regresos
El retorno masivo consta de tres momentos de traslado, que se desarrollarán esta semana: este lunes salen aproximadamente 800 personas del Parque Nacional; el miércoles 10 de septiembre regresarán más de 500 personas, que se encuentran en la UPI La Rioja, y el jueves 11 de septiembre se estima que otras 500 personas, que residen en la UPI La Florida, regresen a sus territorios: los resguardos Gitó Dokabú, Unificado Chamí y Tahami del Alto Andágueda.
Para garantizar un buen inicio en esta nueva etapa, el Distrito destinó $1.800 millones que se entregarán a través de cinco transferencias monetarias condicionadas a la permanencia en territorio. Así, las familias acompañadas por el Distrito, a través de la plataforma de Ingreso Mínimo Garantizado, podrán cobrar estos pagos en el Banco Agrario.
“Los dos primeros ciclos se pagarán el día de mañana (martes 9 de septiembre), y los ciclos 3 y 4 entre enero y mayo. En cuanto a las denuncias, como Distrito radicamos un total de 13 ante la Fiscalía, las cuales seguirán bajo su responsabilidad. Como todos sabemos, este proceso no tendría por qué detenerse”, indicó Roberto Angulo, secretario de Integración Social.
Para los viajes de regreso, Bogotá asumió el transporte de las familias hasta el municipio de Pueblo Rico, en Risaralda. Allí se les entregarán las primeras raciones de alimento y se realizarán los trámites para transferir los cupos de las IPS, con el fin de asegurar la prestación del servicio de salud. También se gestionarán los cupos escolares para niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que cerca del 65 % de los menores que estudiaban en la ciudad retornarán.
Cabe mencionar que cerca de 170 personas expresaron su deseo de quedarse en Bogotá. Para ellos el Distrito activó una ruta de integración local que plantea:
1. Verificación de voluntariedad.
2. Articulación interinstitucional para el acceso a la oferta social del Distrito con enfoque étnico para las personas en condición de vulnerabilidad.
3. Construcción conjunta de un Plan de Acompañamiento a la Integración Local, que busca generar medidas diferenciadas para facilitar la reconstrucción de sus proyectos de vida. Este contiene seis ejes: socioeconómico, político organizativo, salud psicosocial y espiritual, educación e interculturalidad, prevención, protección, y sociocultural. 4. Corresponsabilidad: desde la Consejería, se ha sido enfático en que iniciar la Ruta de Integración Local implican un acuerdo de corresponsabilidad y acatar las normas de ciudad.
Por otro lado, un grupo de otras 300 personas señaló su deso de reubicarse en otros territorios distintos a sus sitios de origen, durante esa etapa transitoria el Distrito brindará medidas de habitabilidad que no se especificaron.
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Entre la esperanza y la precaución
Para Jairo Montañez, antropólogo y experto en asuntos étnicos —quien conoce de cerca los problemas relacionados con la estadía de la comunidad Embera en Bogotá—, la noticia del retorno es, sin duda, una buena nueva. Sin embargo, le preocupa que, como ha ocurrido con planes anteriores, “la comunidad no se encuentre con lo pactado y se enfrente a dos posibilidades: seguir con la precariedad en sus territorios o vivir esas mismas circunstancias fuera de ellos”.
“Lo primero que hay que decir es que no se cumplió la orden de traslado en La Rioja, que emitió el Tribunal de Cundinamarca en el mes de junio, por la indignidad con la que allí vivían cientos de personas. El Tribunal ordenó un traslado en un tiempo que no superara los tres meses, debido a los riesgos sanitarios y estructurales de La Rioja”, señala Montañez.
¿Y qué pasó? “No se realizó el traslado y las personas continuaron como hasta ahora: viviendo precariamente. Les ordenaron un traslado a la UPI La Florida, que está igualmente, en malas condiciones. Ese antecedente, inevitablemente, genera dudas sobre las garantías pactadas, pues se sigue prometiendo sin cumplir por parte del gobierno local y el nacional, porque no es esta la única sentencia que no se ha cumplido”, agregó.
Con esto concuerda Rosamira Campo, quien llegó a Bogotá desplazada por el escalamiento del conflicto armado en el Alto Andágueda. “Nos fuimos del Parque Nacional, porque nos dijeron que en los albergues temporales íbamos a vivir dignamente. La verdad es que las condiciones actuales no son ni dignas ni seguras. Solo el hecho de estar en La Rioja ya representa un riesgo, porque la estructura podría colapsar. Pero aun así, no se hizo el traslado”, advierte.
“El acceso a las garantías de la ley, lamentablemente, sigue siendo un privilegio. En algunos casos las investigaciones avanzan y funcionan, y en otros casos no. En el caso de los indígenas, las leyes se quedan en el plano normativo y no vemos los efectos en la cotidianidad de las comunidades. Más que ser un precedente histórico que mostrar, la ley para las víctimas del conflicto debería aplicarse”, complementa Montañez.
El tiempo de los trámites
Por otro lado, advierte que, en vísperas de que comience a discutirse la Ley de Garantías, es complejo que estos proyectos —que requieren inversiones importantes— puedan desarrollarse adecuadamente. “Es importante aclarar que el Distrito ha hecho cosas significativas para el bienestar de las comunidades. Sin embargo, estamos ante un problema que en muchas ocasiones supera su capacidad. Además, hay trámites por delante, como el de la Ley de Garantías, y dependerá del tiempo en que se aprueben los recursos. Esperamos que estas alertas no pasen a mayores y que, en unos meses, no tengamos un efecto rebote con más personas saliendo de sus territorios”, dice Montañez.
Una de las razones para fomentar el retorno es que, en los sitios de origen de la comunidad, no se han reportado recientemente acciones relacionadas con el conflicto armado. No hay alertas actuales que indiquen que la gente esté saliendo por razones de seguridad. Sin embargo, para Montañez, la realidad es distinta. “Con todo el respeto a las autoridades, una cosa es asegurar que el conflicto ha disminuido en una rueda de prensa y otra muy distinta es estar allá. Las hostilidades continúan. En el Chocó, en los últimos meses, se han emitido siete alertas tempranas de confinamiento, y los desplazamientos siguen ocurriendo.
Esto, además de ser un riesgo evidente, va en contra del principio de voluntariedad: la gente no retorna porque las cosas en sus territorios sean como hace años, sino porque están cansados de vivir indignamente, hacinados, con hambre y enfermedades causadas por un conflicto del cual son víctimas. La gente prefiere volver a sus territorios antes que seguir viviendo así”, advierte.
Por otro lado, entre 2021 y 2024, de acuerdo con el Distrito, se llevaron a cabo más de 12 procesos de retorno a cargo de la Unidad para las Víctimas. Puntualmente, la Alcaldía de Galán ha acompañado dos de estos retornos realizados con personas que estaban instaladas en el Parque Nacional en 2024. Sin embargo, a pesar de dichos retornos, las garantías en los territorios no se cumplieron y, en consecuencia, miles de indígenas regresaron a Bogotá. Entonces, ¿Qué cambia esta vez?
Para Fernando Manugama, con cuyo relato empieza este texto, la comunidad necesita lo básico: estar al margen del conflicto, y contar con vivienda digna, acceso a la salud, la educación y un sustento económico basado en sus costumbres y cultura. “Nuestra idea es poder regresar a trabajar en lo que sabemos: en el cultivo de maíz, plátano, yuca, ñame, batata o lulo. Nuestra economía también se sostiene gracias a la pesca”, señala.
Pese a las dudas, las críticas y las experiencias anteriores, es un hecho que esta semana más de 1.600 indígenas retornan a sus cabildos. “Yo espero equivocarme, porque al final todos queremos lo mismo: una vida digna para todos. Pero es difícil confiar en un proyecto que ha mostrado fracasos sistemáticos. ¿Cuántas veces se han anunciado retornos con pompa y, al final, terminamos en otra diáspora? Hay fallas evidentes que esperamos —con toda la esperanza— que esta vez se puedan superar, y que una comunidad tan vulnerada como la Embera pueda regresar, sin miedo, a vivir una vida plena”, puntualiza Montañez.
El desafío no termina con el viaje de regreso; apenas comienza. Solo el tiempo dirá si esta vez el compromiso de las autoridades trasciende los anuncios y se traduce en condiciones reales de dignidad, seguridad y permanencia. Para comunidades como la Embera, vulneradas y desplazadas una y otra vez, lo que está en juego no es solo el regreso, sino la posibilidad de construir una vida sin miedo y sin exilio.
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