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Pedro Sánchez se queda. El lunes, el presidente del gobierno español puso punto final a la incertidumbre que él mismo despertó el pasado miércoles, cuando comunicó que se tomaría cinco días para reflexionar si continuaba o no al frente del país en medio de las acusaciones de corrupción contra su esposa, Begoña Gómez.
“Mi mujer fue la primera que me dijo que no dimitiera”, dijo Sánchez en una breve alocución.
La cabeza del gobierno dio a entender que se quedará para continuar con el proyecto de “regeneración democrática” y hacerle frente a la oposición que con “bulos” (mentiras) ha pretendido destruirlo. Para la directora de El País, Pepa Bueno, la decisión de Sánchez aporta “estabilidad” a la nación, aunque ella misma reconoce que quedan muchas incógnitas en al aire. Una de ellas es qué hacer para que un episodio como este, en el que el presidente pone en duda su continuidad por el asedio de la oposición, no vuelva a ocurrir.
Para Estefanía Molina, politóloga y periodista de la Universidad Pompe Fabra, este caso pide una reflexión sobre los contrapesos en la política y la necesidad de un Gobierno menos “presidencialista”.
“Sus adversarios se dieron cuenta de que, si esto iba de una persona, era posible hacer caer la obra entera mediante la deshumanización y el todo vale contra él o su familia”, dice Molina, planteando una reformulación del sistema.
Pero para Jerónimo Ríos Sierra, doctor en Ciencias Políticas y doctor en Humanidades, la cuestión de fondo en este episodio no está en una reformulación del sistema parlamentario como propone Molina, y de blindar al jefe de gobierno de ataques personales perjudiciales para el funcionamiento del gobierno, sino más en una reflexión en los canales donde han salido estos ataques: los medios de comunicación que han permitido y propiciado una decadencia de la democracia española. Tiene que haber un cambio.
“Andamos con unos medios malísimos”, dice Ríos.
Esta crisis política estalló por una denuncia contra Gómez que tomó como referencia unas notas de prensa de medios asociados a la derecha que parecen no haber contrastado la información. La propia organización derecha Manos Limpias, responsable de la denuncia, reconoció luego que podría ser información falsa.
En estos cinco días de reflexión de Sánchez, los “bulos” contra la primera dama continuaron. Y una vez conocida la decisión del presidente de continuar, la reacción de la los líderes de la prensa asociada a la derecha española expuso la tendencia partidista que se ha adoptado en España. Algo está pasando con los medios
“”Si continúa (Sánchez), que se prepare; porque su fin va a ser más trágico. No sé cómo, ni dónde ni por qué, dijo Bleito Rubido, exdirector de ABC, uno de los medios que más hizo eco del caso contra la primera dama española y cuyo tono, en lugar de apreciarse como una función de contrapoder, se vio como una amenaza.
El amago de dimisión de Sánchez abre entonces otro debate para lograr una verdadera estabilidad: ¿qué hacer con la prensa partidista? Hay quienes critican la falta de consecuencias para los medios de comunicación que publican “bulos” sin contrastar la información, especialmente en esta era digital en la que es tan difícil defenderse de las mentiras.
“De nada habrá servido este impasse si no se toman medidas para mejorar un sistema informativo y de medios de comunicación completamente desprestigiado por el partidismo, la falta de sentido crítico y rigurosidad. Predomina un elenco de medios militantes, especialmente en el espectro conservador y ultraconservador que, por supuesto, desprestigia la democracia española y obliga a la asunción de medidas de Estado”, señala Ríos.
Para la periodista Marenis Gómez, de Bilbaohiria, se necesita una reforma urgente que, sin censurar a los medios, les castigue cuando no cumplan los estándares periodísticos y difundan mentiras que pueden afectar la opinión pública. Para ella, una ruta puede ser a través de la asignación de fondos públicos para los medios de comunicación.
“La preocupación sobre cómo se distribuyen los fondos públicos entre los medios de comunicación ha ido en aumento, especialmente cuando esos fondos se canalizan hacia medios que, frecuentemente, están involucrados en la propagación de desinformación. Este fenómeno no solo socava la confianza pública en los medios de comunicación tradicionales, sino que también plantea serias preguntas sobre la responsabilidad del Gobierno en la perpetuación de estos flujos financieros”, dice Gómez.
Con esto, Gómez se refiere al caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien adjudicó más del 80 % de los fondos públicos a medios afines a su gobierno, según una investigación del medio ctxt.
“Un denominador común es que todos estos medios son sumisos al poder que los financia y utiliza: ninguno repara en dedicar un trato exquisito a los presidentes y alcaldes del Partido Popular, aunque ello suponga a veces publicar bulos, hipérboles o infundios. Como dijo en su día Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ‘no hace falta comprar a un medio de comunicación, basta con que seas su mejor cliente’”, señala la investigación del medio español.
Según la investigación, Ayuso creó una “fachosfera”, una galaxia de medios que se convierten en sus escuderos. “Al incorporar la afinidad y la notoriedad como criterios para el reparto, el Gobierno regional (y el ayuntamiento) protege además a numerosos medios basura o del todo irrelevantes, que no tienen un solo suscriptor y a veces ni siquiera plantilla, y ponen en peligro la supervivencia de cabeceras que defienden un periodismo ético, no partidista y de servicio público”, dice el informe.
Una revisión de la financiación pública de los medios es precisamente la propuesta que tiene el Ministerio de la Presidencia para contrarrestar la desinformación o la información tendenciosa y los “bulos”. En las últimas semanas, La Moncloa dijo que busca una reforma para el reparto de publicidad institucional que modifique el modelo actual para que las autoridades gubernamentales no apliquen criterios diferentes en el reparto. Así, se evitaría que las diferentes figuras políticas a cargo de las diferentes dependencias locales, como Ayuso, prioricen los medios a su favor.
La reforma propuesta por el gobierno propone que se tenga en cuenta el alcance y la audiencia de los medios de comunicación, es decir, se valorará la cantidad de lectores o espectadores que tienen cada uno de ellos, así como su influencia en la sociedad y la línea editorial para tener una distribución equilibrada. El cambio podría beneficiar la salud de la esfera pública para cortar la financiación a medios que sirven intereses partidistas, y no a la búsqueda de una sociedad informada. Sin embargo, hay quienes critican esta medida, acusándola de buscar la censura de medios no favorables al gobierno.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad, Manuela Bergerot, también ha propuesto en la última semana la creación de una ley para regular la publicidad institucional que aporta el Ejecutivo regional a los medios de comunicación y retirar la dotación “a los que de forma reiterada publiquen noticias sin contrastar y sin verificar”.
“Tenemos que recortar el flujo de dinero que alimenta la burbuja de los medios digitales creados únicamente para ensalzar la figura de la señora Ayuso y para difamar especialmente a sus adversarios”, ha apuntado la líder de la oposición madrileña
Bergerot ha asegurado que esas páginas webs son “creadas con dinero público” y que, en sí mismas, sin publicidad institucional, “no serían un negocio rentable”. Aunque esta medida puede atacar una parte de la problemática, todavía habría muchos asuntos para resolver, como los programas de automatización que funcionan en redes sociales y que, así como algunos medios, están sirviendo a una “fábrica de bulos” para lanzar un linchamiento público contra una figura, aunque no se tengan pruebas.
“La revolución digital ha provocado grandes cambios en la forma de hacer política, de articular campañas de linchamiento, ataques apocalípticos y en el uso de la mentira como arma política, que siempre ha existido, pero que ahora se puede ampliar a través de instrumentos automatizados. Así que es muy difícil desmontar la mentira”, señaló el magistrado español, Joaquim Bosch, en La Sexta.
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