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El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó públicamente los avances más sólidos de la construcción de la nueva política de drogas de Colombia, que regirá de 2023 a 2033. En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá, acompañado de decenas de asociaciones campesinas, cocaleras y de cannabis, Osuna reveló que el Estado enfocará esfuerzos en un doble camino: oxígeno para las comunidades cultivadoras de plantas de uso ilícito, en términos judiciales y sociales, y asfixia para los narcotraficantes, en cuanto a golpes de la Fuerza Pública materializados en incautaciones.
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En el mismo evento, el ministro Osuna confirmó que Estados Unidos dejará de monitorear los cultivos de uso ilícito en Colombia y que la medida es decisión autónoma del Estado norteamericano, el cual suspendió esas labores hace meses y, al parecer, concentra esfuerzos en la lucha contra la droga sintética del fentanilo. A la par, el director de la Policía, el general William Salamanca, agregó que la evaluación estadounidense no afectará la política de drogas, dado que institución realiza su propia evaluación nacional. Asimismo, la cartera de Justicia, en conjunto con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), publican un monitoreo anual en la materia, el cual podría estar listo en pocos meses.
La nueva política de drogas será presentada oficialmente en agosto próximo, no obstante, los pilares del documento están listos. Para empezar, Osuna fijó posición en que las estrategias utilizadas por los gobiernos en los últimos 50 años han sido fracasadas. Por tanto, a los campesinos cocaleros se les propondrá un “tránsito a la legalidad”. Los colombianos objetivo, quienes han vivido históricamente de los cultivos mencionados, tendrán la posibilidad de ser incluidos en programas de trabajo en ganadería, agroindustria y hasta comercio urbano.
Esta idea del Ministerio de Justicia se divide en dos partes: La primera, destinada para aquellos campesinos que deseen sustituir los cultivos de uso ilícito y estén en capacidad de cambiar de territorio. Como lo conoció El Espectador hace un par de semanas, el Gobierno prepara una titulación masiva para cocaleros, de cara a una gran política de sustitución e inclusión en grupos de trabajo comunales; y la segunda, para los campesinos que no quieran dejar su arraigo, se implementarán sustituciones en sus mismas regiones.
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El ministro Osuna señaló, además, que definitivamente el campesino cocalero no será perseguido judicialmente, pues es considerado el eslabón más débil de la cadena de narcotráfico. Además, la representación del Gobierno dio a conocer que fortalecerá las iniciativas que conlleven a los usos lícitos de coca, cannabis y amapola, tales como la creación de alimentos, fertilizantes y otros productos que puedan comercializarse a partir de la industria impulsada por las organizaciones rurales. “Será una política de oxígeno para campesinos cocaleros y de asfixia para narcos”, señaló el jefe de cartera.
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En cuanto al consumo de estupefacientes, la postura personal del ministro Osuna es que, cuando no es problemático, puede considerarse un fenómeno relacionado con el libre desarrollo de la personalidad. No obstante, lo que se encontrará en el documento final, con respecto al consumo problemático, será un fortalecimiento de estrategias de salud pública. Fuentes cercanas a la construcción de la política le explicaron a este diario que se insistirá en la prevención, incluso en las drogas sintéticas que están tomando vuelo tanto en Colombia como en Europa y Norteamérica.
Entre los detalles novedosos, además, está la posibilidad de que el Gobierno Nacional le pague a campesinos cocaleros por reforestar la selva utilizada durante las últimas décadas para la siembra de materia prima para estupefacientes. Por último, el ministro Osuna señaló que se prepara una política de “asfixia” contra las organizaciones criminales narcotraficantes. Y que esa persecución se verá representada en incautaciones. A la par, esta estrategia dependerá de las eventualidades de las conversaciones de paz y los procesos de sometimiento con grupos armados como el ELN, las disidencias Farc, el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y demás.
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La nueva política de drogas se construyó con las voces de más de 2.700 campesinos que acudieron a 25 espacios territoriales en los puntos clave para el giro a la política de drogas. En palabras del ministro Osuna, en general el campesinado está interesado en sustituir los cultivos de uso ilícito, y transitar a economías legales, con el objetivo de sacar la guerra de sus tierras. Además, la respuesta es positiva ante la crisis en los precios de la coca, que respondería a la sobreproducción presentada el año pasado, a loa escasez de compradores en zonas con alta presencia de grupos criminales y ante el cambio en los consumidores internacionales, que están prefiriendo las drogas sintéticas.
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